Abelardo de la Espriella condenó ataque con explosivos en Popayán y lanzó advertencia a grupos armados: “El 7 de agosto se recuperará la tranquilidad”

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, rechazó el ataque con explosivos cerca a la planta distribuidora de Postobón en Popayán, departamento de Cauca.

La detonación, registrada sobre la medianoche del sábado 25 de julio de 2026, no dejó personas heridas, pero sí afectó la infraestructura. De acuerdo con las primeras verificaciones, destruyó ventanales, causó daños en parte de la planta y dejó fragmentos de vidrio, concreto y botellas esparcidos en el lugar.

Tras conocerse este hecho, el mandatario electo de los colombianos publicó un mensaje en su cuenta de X en el que atribuyó el hecho a organizaciones armadas ilegales y anticipó la línea de seguridad que impulsará durante su mandato.

“Los narcoterroristas vuelven a atacar cobardemente en Popayán. Esas serán sus últimas acciones en la impunidad”, expresó el futuro jefe de Estado en la red social.

Así mismo, afirmó que, cuando asuma el poder el 7 de agosto, su Gobierno enfrentará a las organizaciones ilegales, aunque también dejó a disposición para que puedan someterse a la justicia, y envió un mensaje de solidaridad para los habitantes del sur occidente colombiano.

“Desde el 7 de agosto, los habitantes del Cauca y de toda Colombia recuperarán la tranquilidad. Tendrán el respaldo de su Gobierno y la protección permanente de su Fuerza Pública”, añadió.

Por último, Abelardo de la Espriella enfatizó que “estamos listos para cumplir nuestra misión. Someteremos a quienes durante años se creyeron intocables. Nunca más los criminales impondrán el miedo, ni los colombianos quedarán indefensos frente al terrorismo y al crimen”.

Investigación del atentado

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado dos explosivos cerca a la planta distribuidora de alimentos en Popayán.

El primero fue el que detonó cerca a las instalaciones de la fábrica, mientras que el segundo artefacto fue neutralizado de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía. Esa intervención evitó una emergencia mayor en la zona residencial cercana a la bodega.

Durante la inspección judicial aparecieron panfletos con mensajes atribuidos al ELN (Ejercito de Liberación Nacional), aparentemente firmados por el denominado Frente de Guerra Urbano Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo”. En esos documentos se mencionan como objetivos instalaciones, centros de distribución y operaciones logísticas de empresas como Postobón S.A. y Bavaria S.A.

Uno de los textos sostiene que “Postobón es una de las empresas pertenecientes al conglomerado económico Organización Ardila Lülle (...) Esta empresa es un símbolo de la oligarquía colombiana y lo que representa el capitalismo depredador en los territorios”.

El material también afirma que “el robo, la violencia y manipulación son conductas propias de los capitalistas (...) Postobón ha hecho parte del entramado contrainsurgente que ha financiado y promovido el paramilitarismo en distintas regiones”.

El documento además se atribuye acciones como la quema de tractocamiones y un atentado con explosivos contra un vehículo de carga frente a un centro logístico de Bavaria en Yumbo.

Pese a ese hallazgo, las autoridades mantienen en verificación la autenticidad de los panfletos, por lo que se indagará sobre un vínculo directo entre el grupo guerrillero y el ataque con explosivos.

Ultimátum a grupos armados

Vale mencionar que el presidente electo Abelardo de la Espriella dio un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para organizar su sometimiento a la justicia, una vez se posesione en el cargo. Según su plan, si los grupos no se someten en los 30 días establecidos, el Estado los enfrentará con toda su capacidad militar y policial.

A su vez, el jefe de Estado también notificó que desmontará la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro y que cerrará la vía de diálogos políticos con estructuras criminales, para reemplazarla por una estrategia centrada en la judicialización y el uso de la fuerza estatal, así como la reactivación de las órdenes de captura vigentes contra integrantes de esas organizaciones.

“En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, expresó el abogado en declaraciones a la opinión pública.