Consejo de Estado le dio espaldarazo al petrismo aceptando demanda contra elección de Abelardo de la Espriella: entrará a estudiar supuestas pruebas

El Consejo de Estado inició el análisis de una demanda que podría poner en entredicho la elección presidencial de Abelardo De la Espriella. El proceso se abrió tras recibir la solicitud de Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente y exmagistrado, quien impugnó la legalidad de la elección.

La demanda apunta a la supuesta reducción de los mecanismos de autenticidad, integridad e identificación en los formularios E-14 utilizados durante el conteo de votos. Según el documento presentado, este punto habría afectado la trazabilidad y verificabilidad del proceso electoral, aunque no se afirma la existencia de fraude ni se adjuntan pruebas de alteración de votos.

El escrito plantea que los errores técnicos habrían dificultado cualquier descarte de irregularidades, motivo por el cual se pide declarar nula la resolución que oficializó la victoria de De la Espriella.

La demanda fue admitida luego de que el Consejo de Estado verificara que reunía los requisitos legales, tras una primera inadmisión por deficiencias formales corregidas por el demandante.

El expediente quedó bajo la responsabilidad del magistrado Omar Joaquín Barreto, que ya ha notificado formalmente a De la Espriella. El presidente electo dispone de 15 días para responder, al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, que también fueron vinculados al proceso.

El Consejo de Estado aclaró que admitir la demanda no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni suspende la elección presidencial. De la Espriella, declarado presidente electo por el CNE el 24 de junio, mantiene su condición mientras el alto tribunal estudia el caso. La posesión está prevista para el 7 de agosto, fecha en que asumiría el cargo a menos que una decisión judicial indique lo contrario.

De acuerdo con el fallo del tribunal, el CNE deberá remitir copia de todos los actos administrativos relacionados con la elección presidencial al despacho del magistrado Barreto. Además, el Ministerio Público fue notificado para intervenir en el proceso y las partes pueden aportar pruebas que consideren pertinentes durante el plazo concedido.

El exsuperintendente Pérez, quien ha sido objeto de una denuncia por parte de Thomas Greg & Sons por presunta perturbación del proceso democrático, sostiene que su acción busca mayor transparencia.

En caso de que el Consejo de Estado estime que existen dudas suficientes sobre la transparencia electoral, el demandante solicita subsidiariamente que se ordene un nuevo escrutinio, acompañado de auditorías e inspecciones técnicas sobre los sistemas empleados en los comicios.

Por el momento, la elección de De la Espriella sigue vigente y su posesión no se ve afectada por la apertura de este proceso. El trámite judicial apenas comienza y, según lo previsto, el Consejo de Estado se limitará inicialmente a analizar los aspectos formales y la pertinencia de las pruebas antes de emitir una decisión de fondo sobre la validez o nulidad de la elección presidencial.

Apenas el 22 de julio, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que ya fueron judicializadas “todas las pruebas” del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella, y difundió un enlace a un portal que reúne una cronología de supuestas irregularidades, cifras sobre la documentación electoral y las acciones legales presentadas ante el Consejo de Estado.

En ese sitio, llamado Testigos Electorales, se afirma que fueron identificados 700.000 documentos y que el 97,4% de ese total “no tiene metadatos y ninguno cuenta con firma criptográfica”, lo que, según sus autores, habría dejado la consolidación del preconteo en manos de un software imposible de auditar.

“Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”, escribió Petro en su cuenta oficial de X al presentar el material. El portal también incluye herramientas de auditoría ciudadana para revisar metadatos de archivos cargados y código disponible para replicar las pruebas.

La cronología publicada en la página comienza en 2022. Allí se sostiene que ese año los comicios tenían un mecanismo de seguridad digital que permitía seguir y modificar los documentos generados durante la jornada electoral.

“Los comicios cuentan con todos los elementos de seguridad digital activos. Cada documento generado deja un rastro claro de su origen y manipulación, garantizando auditorías transparentes”, señala el material difundido por el mandatario.