La Superintendencia Nacional de Salud abrió un proceso sancionatorio contra Savia Salud EPS por presuntas demoras en la atención de menores en riesgo vital, una actuación que se apoya en tres reclamaciones y que cobra relevancia porque este año el plazo máximo para resolver esos casos se redujo de 24 a 8 horas.
Dos de las reclamaciones involucran a menores de edad que requerían con urgencia procedimientos diagnósticos, remisiones y atención especializada. Según la autoridad sanitaria, no habrían recibido respuesta dentro de los tiempos fijados por la norma.
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La investigación derivó en tres cargos formulados por la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas. Ese paso abre formalmente el procedimiento y puede desembocar en multas u otras medidas si se comprueban las irregularidades.
El caso se remonta a una circular expedida este año por la propia Superintendencia, que redujo de 24 a 8 horas el tiempo máximo que tienen las EPS para resolver reclamos de niños, niñas y adolescentes en riesgo vital. La instrucción busca que la respuesta del sistema de salud sea casi inmediata cuando la vida de un menor esté comprometida.
De acuerdo con la entidad, en los expedientes analizados se evidenciaron demoras en la atención de pacientes clasificados como de riesgo vital y riesgo priorizado. La evaluación de esos hechos fue la base para iniciar la actuación contra Savia Salud EPS.
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El superintendente delegado para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Juan David Duque, justificó la decisión con un mensaje centrado en la obligación de cumplimiento.
“La vida y la salud de los niños no admiten demoras. Las instrucciones impartidas por la Superintendencia son de obligatorio cumplimiento y buscan garantizar que los menores en riesgo vital reciban la atención que requieren dentro de los tiempos establecidos. Cuando evidenciamos presuntos incumplimientos, actuamos con todas las herramientas legales para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a los actores del sistema”, afirmó el funcionario.
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La Superintendencia Nacional de Salud señaló además que reforzará sus labores de inspección, vigilancia y control, en especial en los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. El organismo recordó que esa población tiene protección constitucional reforzada frente al sistema de salud.
Savia Salud ubicó los hechos en dos casos de junio y defendió sus actuaciones
Frente a los señalamientos, la EPS sostuvo que los hechos investigados corresponden a dos casos ocurridos el 12 y el 23 de junio. La entidad aseguró que, desde que conoció las reclamaciones, activó la gestión de autorizaciones, el seguimiento de los pacientes y la articulación con la red prestadora para garantizar la atención.
En uno de los casos, explicó que gestionó un cambio de prestador porque la institución inicialmente autorizada no podía realizar el procedimiento requerido.
La EPS indicó que emitió nuevas autorizaciones, hizo gestiones con otras instituciones de la red y atribuyó la demora a la disponibilidad limitada de centros con capacidad para practicar la intervención bajo anestesia general.
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En el otro caso, afirmó que garantizó la continuidad de la hospitalización del menor, autorizó la atención integral, respaldó la cirugía de urgencia y gestionó la remisión a una institución de alta complejidad. Después confirmó la aceptación del paciente en el Hospital San Vicente Fundación para continuar su tratamiento.
La entidad agregó que reportó oportunamente a la Superintendencia cada una de sus actuaciones, junto con los soportes documentales.
También señaló que atenderá el procedimiento administrativo con disposición y aportará la información que, según sostiene, demuestra las medidas adoptadas en ambos casos.
En su pronunciamiento, Savia Salud reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la oportunidad, la calidad y la humanización de la atención en salud para sus afiliados en Antioquia.
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