El equipo de empalme de Abelardo de la Espriella denunció saqueo de recursos y obras inconclusas en el programa Caminos para la paz del Gobierno Petro

Presuntas anomalías en el Instituto Nacional de Vías (Invías) llevaron a la Fiscalía General de la Nación una denuncia del equipo de empalme del Gobierno entrante sobre el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, con recursos comprometidos, obras inconclusas y fallas de seguimiento a dineros girados a juntas de acción comunal.

La denuncia señala que el programa de la entidad adscrita al Ministerio de Transporte fue diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, pero al 31 de diciembre de 2024 solo registraba 117.2 kilómetros ejecutados. También sostiene que, de los $4 billones previstos para 2023 y 2024, se asignaron $660.000.000.000, y pide investigar falencias de interventoría, falta de control sobre los recursos e irregularidades en la ejecución.

El documento fue remitido por el equipo anticorrupción del Gobierno entrante, encabezado por José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y Germán Calderón España, designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Allí se exponen posibles hechos penales y disciplinarios por el manejo del programa vial y por contratos que, según la querella, habrían servido para asegurar apoyos políticos.

El reporte al que accedió Semana también advierte que a las Juntas de Acción Comunal (JAC) se les entregaron unos $500.000.000.000 dentro del programa. Además, retoma una auditoría de la Contraloría General de la República para sustentar el bajo cumplimiento de las metas oficiales.

Las cifras de ejecución y los convenios con juntas comunales

Para 2023, indica la denuncia, se suscribieron 1.035 convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal. Al cierre de 2024, 141 no habían concluido, siete fueron liquidados sin ejecución y 856 habían finalizado, con un plazo promedio de 10 meses frente a los tres previstos.

Conforme a lo expuesto en el documento, para 2024 se registraron 1.125 convenios solidarios con las JAC. A 31 de diciembre, 242 estaban en ejecución, ninguno había terminado y 883 permanecían suspendidos.

En un corte consolidado al cierre de 2024, Invías reportó 2.160 convenios solidarios suscritos. De ese total, 367 estaban en ejecución, 894 suspendidos, 856 terminados, 31 liquidados y 12 terminados sin ejecución.

El caso también incluye seis contratos en el departamento de Antioquia entregados a juntas de acción comunal bajo la figura de convenios solidarios. Fueron suscritos en 2024 por $2.289.208.330 y al 26 de febrero de 2026 registraban 0% de avance, pese al desembolso total de los recursos.

La denuncia además pide investigar la posible participación de representantes legales o administradores de las JAC. Ese punto se suma a los reparos sobre control, seguimiento y cierre de los convenios.

El señalamiento sobre contratos para favorecer a congresistas

El informe del empalme añade un capítulo sobre un presunto uso de contratos de Invías para favorecer a congresistas. La denuncia lo presenta como un esquema que habría operado en paralelo al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El documento sostiene que los entonces ministros Luis Fernando Velasco Chaves del Interior y Ricardo Bonilla González de Hacienda y Crédito Público presuntamente se concertaron con otros servidores públicos y particulares entre mayo de 2023 y febrero de 2024 para cometer delitos contra la administración pública. En ese mismo periodo, la denuncia ubica a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, como parte de ese presunto acuerdo.

Según el reporte, en ese lapso se habrían direccionado 74 proyectos del Instituto por $571.701.000.000 en beneficio de congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima. El texto presenta ese señalamiento como parte de la investigación que pide abrir la Fiscalía y no como un hecho probado.

La denuncia también menciona una planilla de proyectos llamada “cupos indicativos”, consolidada en septiembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con el documento, Andrea Ramírez Oliveros la entregó a María Alejandra Benavides Soto, que asumiría funciones de enlace durante una licencia de maternidad.

El reporte añade que a Benavides le explicaron que esos proyectos regionales debían asignarse a congresistas para mantener la gobernabilidad y que el entonces ministro Bonilla los autorizaba. También señala que Benavides entregó una tabla en Excel con proyectos de Invías que serían tramitados y asignados a determinados parlamentarios a cambio de apoyo político.

Al cierre de 2024, el balance citado en la denuncia mostraba una ejecución fragmentada, con cientos de convenios aún en marcha, otros suspendidos y una parte ya cerrada. El cuadro general, según ese consolidado, dejaba más frentes abiertos que resultados terminados.