El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó sobre una presunta irregularidad en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, tras la publicación de la Resolución 468 del 23 de julio de 2026, mediante la cual se modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad.
El pronunciamiento se conoció en medio del proceso de empalme y apunta a una revisión de los cambios hechos en perfiles académicos, Núcleos Básicos del Conocimiento y funciones específicas dentro de la Agencia. Aunque la modificación no alteraría la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, Cancino advirtió que el ajuste podría tener incidencias legales si no se garantiza el cumplimiento de los principios de mérito, transparencia e igualdad en el acceso al empleo público.
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La alerta fue dirigida a la opinión pública y a los medios de comunicación, luego de que el equipo designado para el empalme revisara el acto administrativo publicado por la entidad. El punto central de la advertencia es evitar que una modificación de funciones termine abriendo la puerta a posibles direccionamientos de perfiles o al llamado “amarre” de cargos.
Cancino pide revisar la legalidad de la resolución
El ministro designado afirmó que cualquier cambio en los manuales de funciones debe estar respaldado por criterios técnicos y jurídicos claros. En su declaración, sostuvo que el proceso de transición entre gobiernos exige especial cuidado sobre las decisiones administrativas que puedan afectar la estructura laboral de las entidades públicas.
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“En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, enfatizó Cancino.
La Resolución 468, según el pronunciamiento oficial, modifica aspectos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANDJE. Ese tipo de manuales define requisitos, formación académica, competencias y funciones asociadas a los cargos públicos, por lo que cualquier cambio puede tener efectos directos en procesos de selección, permanencia o asignación de responsabilidades.
Cancino no afirmó que ya exista una irregularidad probada, pero sí habló de una presunta situación que debe ser verificada de inmediato. Por esa razón, pidió una revisión técnica y de legalidad para establecer si la resolución se ajusta al principio de legalidad y si respeta las reglas que rigen el empleo público.
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Ordenan estudio técnico y posibles acciones judiciales
Ante la alerta, el ministro de Justicia designado impartió instrucciones al abogado Germán Calderón España, director designado de la ANDJE y líder del equipo anticorrupción del empalme. La orden consiste en adelantar de manera inmediata un estudio técnico y jurídico sobre la Resolución 468.
Si en esa revisión se encuentran elementos suficientes, Calderón deberá promover las acciones penales y disciplinarias correspondientes ante las autoridades competentes. El objetivo, según Cancino, es prevenir riesgos de direccionamiento y proteger los principios de moralidad administrativa y correcta gestión de los recursos públicos.
La advertencia adquiere relevancia porque la ANDJE es la entidad encargada de coordinar la defensa jurídica del Estado. Sus decisiones internas, especialmente las relacionadas con perfiles y funciones, deben responder a criterios técnicos y no a intereses particulares o políticos.
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El caso también pone el foco sobre los actos administrativos expedidos en la recta final de una administración. Para el equipo entrante, los cambios realizados durante el empalme deben revisarse con mayor rigor cuando inciden en requisitos laborales o en la manera como se distribuyen funciones dentro de una entidad estratégica.
Por ahora, la instrucción es revisar el alcance de la resolución, determinar si hubo vulneración de normas y establecer si existen méritos para acudir a instancias disciplinarias o penales. Cancino insistió en que la prioridad es blindar el empleo público y evitar cualquier decisión que pueda comprometer la transparencia en la ANDJE.
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