Caso Lili Pink: Fiscalía afirma que existió un incremento patrimonial por más de $442.000 millones con empresas de Panamá

En las audiencias del proceso contra las cadenas de tiendas de Lili Pink, propiedad de Fast Moda S.A.S., la Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles de cómo se concretó el entramado criminal.

Cabe recordar que en abril de 2026 las autoridades intervinieron los establecimientos de la marca al revelar que había pruebas suficientes para asegurar que la empresa cometió delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.

Mientras avanza el proceso, las tiendas han sido administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puesto que se concluyó que se trata de una compañía que genera ganancias por fuera de la acción delictiva.

Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a ocho directivos de la empresa.

Entramado criminal habría llegado hasta Panamá

En la última audiencia registrada del caso, el ente acusador aseguró que los más de 300 establecimientos de la marca funcionaron como fachada para esconder un entramado criminal que se mantuvo durante más de diez años.

La investigación comenzó luego de que fue presentada una denuncia ante la Dian sobre posibles irregularidades al interior de la empresa que tenía sociedades con otras marcas del mismo grupo empresarial.

Con los avances de la investigación, se conoció que los primeros hechos delictivos se registraron en 2013 con procesos de importación de mercancía de contrabando que era comercializada en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, se consolidó un esquema que incluyó sociedades en Panamá, lo que incluía la importación de varios productos y el envío de las utilidades a otros países.

“La organización se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional”, argumentó la fiscal, que reveló que durante ese proceso fueron creadas y liquidadas varias empresas que aparecían como destinatarias de los productos que ingresaban o salían de Colombia.

En Panamá fueron identificadas las empresas Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A., en donde los administradores (que aparecían en los documentos) en realidad ocupaban otros cargos en la operación de las mismas.

“Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”.

La fiscal explicó que, gracias a información obtenida mediante cooperación judicial, se detectaron varias multas de tránsito en Panamá relacionadas con personas vinculadas a una investigación. Mencionó a Joey Sabady Omsani, que figura como conductor de empresas registradas en Panamá. También señaló a Malaquilla Vismar Hernández, a quien se le encontró un establecimiento comercial de comida rápida llamado Delicias Eli.

La fiscal sostuvo que esta situación respalda la idea de que hay personas que aparecen como titulares de empresas que realmente controlaban negocios en Colombia, patrón que se identificó con otras “empresas de papel”.

Los operativos de control en las sedes de los comercios fueron claves para descubrir cómo funcionaba el lavado de activos, puesto que había mercancía cuya información no coincidía con las declaraciones de importación. Para esconder las irregularidades, se solía retirar la marquilla oficial de la prenda para sustituirla con una que tuviera escrito “Hecho en Colombia”.

En estos procedimientos, la Fiscalía informó que halló cajas identificadas como fabricadas en Colombia, pero contenían productos extranjeros. Además, encontró mercancía con dos marcas distintas, referencias que correspondían a artículos diferentes y productos registrados a nombre de dos importadores distintos, lo que es parte de la evidencia que seguirá siendo expuesta en futuras diligencias.