La detención del deportista Mateo Ramírez, hijo del fallecido exfutbolista John Mario Ramírez ―que jugó en Millonarios, Independiente Medellín y Santa Fe―, se convirtió en el dato más relevante tras el desmantelamiento de una red de ciberdelincuencia que operaba en varias regiones de Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), confirmó la captura de Ramírez en el desarrollo de un operativo que también condujo a la aprehensión de otras 16 personas.
El caso de Mateo Ramírez cobró notoriedad al tratarse de un familiar directo de figuras del fútbol profesional local, lo que atrajo la atención mediática sobre el procedimiento.
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Según información oficial, la estructura criminal conocida como Los Cyber habría defraudado más de 1.685 millones de pesos mediante fraudes informáticos y suplantación de entidades financieras, afectando a decenas de víctimas en al menos diez departamentos del país.
Las autoridades señalaron que el deportista investigado aparece vinculado de manera directa a las maniobras ilícitas. “Se ha manifestado que, al parecer, el jugador de fútbol profesional Mateo Ramírez prestó su cuenta bancaria para recibir dinero producto de los fraudes”, afirmó un oficial de la Policía Nacional en diálogo con Noticias Caracol.
Detalles de la investigación
La captura de 16 integrantes de una red de fraude digital puso fin a una serie de delitos que afectaron a 94 adultos mayores en varias regiones de Colombia. Las acciones policiales se realizaron en Bogotá, Soacha, Ibagué, Filandia y Bucaramanga, permitiendo la desarticulación de una organización que operó durante casi un año.
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La estructura, conocida como Los Cyber, utilizaba técnicas avanzadas de suplantación, como el spoofing, para simular comunicaciones legítimas de bancos. De este modo, lograban que las víctimas, en su mayoría personas mayores, entregaran el control de sus aplicaciones bancarias y permitieran el acceso a datos sensibles, lo que facilitaba el traslado de fondos a cuentas manejadas por el grupo delictivo.
Entre junio de 2025 y marzo de 2026, la organización concentró sus actividades en Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar.
El modo de operar consistía en enviar mensajes de texto y realizar llamadas a través de WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios de entidades bancarias. Los delincuentes advertían a sus víctimas sobre supuestos movimientos sospechosos y solicitaban compartir la pantalla del teléfono móvil, con lo cual accedían a claves y saldos en tiempo real.
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El esquema delictivo permitía a la organización transferir grandes sumas de dinero a cuentas propias, para luego dispersar los recursos mediante retiros en diversos canales financieros, dificultando la trazabilidad del dinero y evadiendo los controles bancarios.
La investigación permitió recuperar pruebas como conversaciones grabadas, transferencias, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, además de audios en los que los miembros instruían a sus víctimas para ejecutar falsas gestiones de seguridad.
Durante los operativos simultáneos, se capturó a 16 personas, incluido el presunto líder, conocido como alias Ralf. También fueron identificados Karen Sofía Posada Sánchez, Heidy Alexandra Posada Sánchez, Ángel Camilo Salamanca Daza, Yasmín Eliana Naranjo Aguirre, Andrea Alejandra Castaño Ferro, Manuel Roberto Clavijo Gutiérrez, Mateo Ramírez Flórez, Kevin Andrés Menjura Nieto, Jaime Andrés Bedoya Montaña, Juan Andrés León Peña, Esneda Muñoz Núñez, Carlos Santiago Fuentes Parra, Margeydys Vides Pineda, Hernán Darío Pico Hoyos y Víctor Alejandro Monroy García.
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Las autoridades incautaron equipos tecnológicos utilizados para la comisión de los delitos. Todos los aprehendidos deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a sistemas y violación de datos personales. Una juez de control de garantías confirmó la legalidad de las capturas.
El coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, comandante de la Policía de Risaralda, subrayó que el trabajo coordinado permitió consolidar cerca de 100 denuncias y mapear la estructura jerárquica de la red. El oficial exhortó a la población a no compartir información confidencial ni contraseñas por ningún canal no oficial, y a desconfiar de cualquier solicitud para compartir la pantalla del teléfono, insistiendo que los bancos legítimos “nunca solicitan datos sensibles ni acceso remoto”.
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