Gobierno nacional expidió decreto para proteger a menores de edad con respecto al uso de internet

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley 2489 de 2025 con el Decreto 0769 de 2026 para reforzar la protección de menores en internet, mientras en el Congreso avanza una propuesta para restringir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales si las plataformas no aplican controles estrictos.

La reglamentación expedida por el Ministerio TIC fija medidas para prevenir riesgos como violencia, abuso, explotación y tratamiento inadecuado de datos personales de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales. El decreto adiciona un nuevo título al Decreto 1078 de 2015 y establece responsabilidades para un uso más seguro de internet.

El representante a la Cámara Jesús Lorduy, en conversación con Blu Radio, explicó que el debate no solo involucra el comportamiento de los menores, sino también la obligación de las empresas tecnológicas de verificar edades y adaptar contenidos. La iniciativa, presentada junto al senador Enrique Cabrales y basada en modelos como el de Francia, busca impedir el acceso no regulado de menores a redes sociales y trasladar la carga de control a las plataformas.

El proyecto pone el foco en las plataformas y no solo en las familias. “Lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”, dijo Lorduy.

El congresista planteó que la seguridad digital debe entenderse como una corresponsabilidad entre Estado, sociedad, instituciones educativas, familias y proveedores de servicios, y señaló a las redes sociales como actores obligados a instalar mecanismos de control efectivos.

Lorduy afirmó que el proyecto responde a la tensión por el acceso masivo de menores a plataformas diseñadas para público general, sin filtros suficientes para distinguir edad, exposición y tipo de contenido. La consecuencia, según él, es que la protección queda librada casi por completo al hogar cuando no existen reglas públicas.

Uno de los puntos centrales está en el régimen sancionatorio. “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de $8.500 millones”, detalló Lorduy al medio de comunicación sobre el artículo 10 de la iniciativa.

Las sanciones estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad. La Superintendencia de Industria y Comercio asumiría la inspección, vigilancia y control.

La edad dejaría de ser un dato declarado por el usuario para convertirse en una exigencia verificable para las empresas.

Sobre la mecánica de ese control, Lorduy describió un sistema de varias capas. “Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación, pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó.

El proyecto contempla el uso del documento de identidad, el consentimiento y la vinculación de padres o tutores, además de herramientas de reconocimiento facial, para impedir que la validación se reduzca a un simple casillero de confirmación de edad.

Lorduy también anticipó que la propuesta apunta a diferenciar la experiencia dentro de las plataformas. “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.

Ese diseño busca que, incluso si un menor logra ingresar, solo pueda ver material apto para su edad, replicando la lógica de los controles parentales usados en servicios de streaming.

La reglamentación adoptada por el Ejecutivo se apoya en varios pilares jurídicos. El texto cita los artículos 44 y 45 de la Constitución Política, que ordenan proteger a niños, niñas y adolescentes frente a abandono, violencia, abuso, discriminación y explotación, y afirma que sus derechos prevalecen sobre los de los demás.

También remite al artículo 15 de la Constitución sobre tratamiento de datos personales, y a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que desarrolla el régimen general de protección de datos en Colombia. El decreto agrega la Convención sobre los Derechos del Niño como base para la protección integral en entornos digitales.

La discusión incluye la exposición a violencias digitales, la protección de la información personal y la obligación estatal de garantizar condiciones seguras para la infancia y adolescencia en internet.

Lorduy justificó la urgencia de la propuesta con cifras sobre hábitos digitales de los menores en Colombia. “Los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”, advirtió.

El 62% de los menores de 16 años en el país no cuenta con ningún tipo de control parental sobre lo que consume en redes sociales.

En Colombia hay cerca de 8 millones de niños menores de 15 años con acceso potencial a estas plataformas, lo que convierte la verificación de edad, la vigilancia estatal y la responsabilidad empresarial en un tema central de la agenda legislativa.