El Decreto 0769, emitido por el Gobierno nacional, establece directrices para crear y mantener entornos digitales seguros para la infancia y la adolescencia, en cumplimiento de la Ley 2489 de 2025. El objetivo es prevenir riesgos digitales, proteger los derechos de los menores en línea y fortalecer la educación digital.
Según la ministra TIC, Carina Murcia Yela, “la protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado”.
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La normativa promueve la ciudadanía digital responsable y la autoprotección, tras realizar más de 3,4 millones de actividades de sensibilización a través de la estrategia CiberPaz, dirigidas a niños, adolescentes, padres, docentes y cuidadores en 805 municipios de los 32 departamentos del país.
El decreto responde a riesgos como el ciberacoso, el abuso sexual en línea y la exposición a contenidos inapropiados, mediante educación en hábitos seguros de navegación, privacidad desde el diseño, reporte de incidentes y coordinación interinstitucional.
El principio de corresponsabilidad asigna tareas a familias, escuelas y empresas tecnológicas. Las familias recibirán herramientas para el acompañamiento tecnológico; las escuelas sumarán la prevención de riesgos digitales en su normativa interna; y los proveedores digitales deberán gestionar riesgos y reportar avances al MinTIC. Las plataformas tendrán que proteger la privacidad y no recolectar datos de menores como condición de acceso.
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El decreto se sometió a consulta pública en dos oportunidades, recibiendo más de 500 aportes de ciudadanos, gremios y organizaciones. Entre los beneficios destacan la creación de recursos educativos, refuerzo de mecanismos de prevención, promoción de entornos escolares seguros y protección de la privacidad.
Ordena la formulación de una política pública nacional de entornos digitales sanos y seguros, la creación de un repositorio gratuito sin publicidad para menores, y la puesta en marcha de un sistema integral de monitoreo y evaluación con participación de varias entidades estatales. Estas medidas se aplicarán de manera gradual, según el riesgo y la capacidad de cada actor, sin que impliquen censura previa ni debilitamiento del cifrado.
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Las acciones del decreto complementan la labor de CiberPaz, iniciativa que ha involucrado a más de 1,4 millones de mujeres, casi un millón de adolescentes, más de medio millón de niñas y niños, así como poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado, promoviendo la inclusión en la apropiación digital.
El Consejo de Estado puso límites al uso de redes oficiales del Gobierno
El Consejo de Estado de Colombia resolvió dos procesos judiciales en los que estableció límites para el uso de las redes sociales oficiales de entidades públicas, prohibiendo la difusión de mensajes políticos no vinculados a sus funciones institucionales.
Las demandas, impulsadas por la Fundación para el Estado de Derecho, apuntaron contra el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Notariado y Registro, luego de que ambas replicaran contenidos relacionados con debates políticos nacionales desde sus cuentas institucionales.
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En el caso del Ministerio de Educación, se cuestionaron publicaciones sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, acompañadas de la etiqueta #TrumpSeEquivocoDePais.
El ministerio defendió esas acciones alegando que se trataba de comunicaciones oficiales sobre una postura del Estado, pero el Consejo de Estado determinó que incluso el manejo de cuentas institucionales implica el uso de recursos públicos y que, en consecuencia, deben limitarse a informar sobre la gestión y servicios de la entidad.
La sentencia enfatizó que “el funcionamiento de una cuenta oficial de ‘X’ requiere de la designación de una persona encargada de la labor de manejo operativo de este tipo de redes sociales, lo que implica que la entidad designa parte de sus recursos para que se efectúe dicha función”.
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En cuanto a la Superintendencia de Notariado y Registro, se analizaron publicaciones sobre el sistema de salud y convocatorias a movilizaciones, utilizando la etiqueta #SeRobaronLaSalud. El Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y ordenó cumplir las normas sobre publicidad oficial, concluyendo que estas cuentas no pueden replicar mensajes políticos ajenos a las competencias legales de la entidad.
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