La Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación imprimir mayor celeridad a los procesos judiciales que aún permanecen abiertos contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, luego de que la alta corporación confirmara en junio de 2026 la condena impuesta en su contra por delitos relacionados con corrupción en la contratación pública.
La petición fue formulada por el presidente de la organización, Pablo Bustos, quien aseguró que, tras la decisión judicial que dejó en firme la condena, resulta necesario avanzar con rapidez en las demás investigaciones para evitar que estas puedan prescribir.
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Presunta injerencia política
En el pronunciamiento, Pablo Bustos hizo un llamado a las autoridades judiciales para acelerar los procesos pendientes contra Abadía Campo y sostuvo que la confirmación de la condena no debe significar el cierre de las demás actuaciones que cursan en su contra.
La organización indicó que ha recibido varias denuncias relacionadas con la actividad del exgobernador mientras cumple su condena. Según explicó, esos reportes sostienen que Abadía Campo continuaría presuntamente interviniendo en la política territorial, influyendo en la elección de organismos de control fiscal y articulando decisiones administrativas locales.
En ese mismo documento, la Red de Veedurías manifestó que “El régimen penitenciario no puede convertirse en un centro de operaciones políticas ni en una trinchera para constreñir a las instituciones.”
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Bustos también hizo referencia a un presunto entramado de influencia sobre entidades públicas de Cali. “En ese sentido, ponemos en evidencia que esta red de influencia en la sombra presuntamente habría logrado imponer fichas en cargos clave de la estructura de la contratación de la ciudad de Cali, tal sería el caso del cuestionado nombramiento de Guadalupe Guerrero López en la Secretaría General y de Asuntos Legales de EMCALI, un cargo de alta filigrana jurídica y administrativa desde donde se manejan las decisiones contractuales más disputadas y codiciadas de la capital del Valle”, afirmó el presidente de la Red de Veedurías.
Como parte de su solicitud, la organización pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzar el control sobre el régimen de visitas y comunicaciones del exgobernador, al tiempo que reiteró el llamado a las autoridades judiciales para que impulsen las investigaciones pendientes antes de que puedan prescribir.
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La Corte Suprema confirmó la condena
El llamado de la Red de Veedurías se produce después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara, mediante sentencia de segunda instancia del 10 de junio de 2026, la responsabilidad penal de Juan Carlos Abadía Campo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión, tramitada por el magistrado ponente Gerardo Barbosa Castillo, dejó en firme la condena a 21 años y siete meses de prisión, además de una multa equivalente a 187,94 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y el pago de $817.482.400 correspondientes al perjuicio ocasionado por el delito de peculado.
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El caso se originó en un convenio de cooperación suscrito el 29 de enero de 2010 para ejecutar el proyecto de dotación de bibliotecas escolares en diez municipios del Valle del Cauca. La Gobernación comprometió recursos públicos por $1.000 millones de pesos, mientras que la Fundación Calimío aportaría $72 millones destinados a actividades logísticas.
Según la sentencia, el convenio dio paso a una cadena de subcontrataciones mediante la cual la Fundación Calimío contrató a Ediciones Alfa y Omega, que posteriormente vinculó a Ediciones La Clave del Saber, empresa que finalmente adquirió los libros directamente a las editoriales originales por $182.517.600. De acuerdo con el fallo, más del 75% de los recursos públicos terminaron distribuidos entre intermediarios.
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