Reforma a la Ley 30: puntos clave de la propuesta para gratuidad universitaria y una nueva educación superior para los próximos 30 años

El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de reforma integral a la Ley 30 de 1992, con el que busca instaurar un nuevo modelo de educación superior en Colombia, consolidando este nivel educativo como un derecho fundamental y un bien común, y asegurando su financiación sostenible.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, acompañado de la bancada del Pacto Histórico, lideró la radicación de la iniciativa, afirmando que “no es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el gobierno de Gustavo Petro logró como derecho para miles de jóvenes en sus territorios”.

Con más de 2,7 millones de estudiantes matriculados en universidades en 2025 —la cifra más alta en la historia del país—, el Gobierno resaltó que la cobertura de la educación superior subió del 54,92% al 61,75% durante este cuatrienio, con un aumento significativo en zonas rurales. La gratuidad cubre al 97% de la matrícula pública, lo que representa 939.282 estudiantes, frente al 87% en 2022. El modelo de financiación directa, que reemplaza el esquema de endeudamiento, ha canalizado $2,9 billones directamente a las universidades públicas.

¿Qué cambia con la reforma a la Ley 30 de 1992?

La propuesta de reforma no se limita a modificar artículos existentes, sino que redefine la educación superior como un derecho y un bien común, consolidando la gratuidad y el acceso amplio como políticas de Estado. Se busca fortalecer la educación superior pública mediante una financiación sostenible y progresiva, ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y graduación, y promover una gobernanza universitaria más democrática y participativa.

El proyecto establece que los aportes del Gobierno nacional a las universidades públicas crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del PIB, asegurando incrementos obligatorios según el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) calculado por el Dane. Si el Ices es menor que la inflación (IPC), el ajuste se hará por IPC. Además, se incluye en la base presupuestal los recursos para nuevas sedes y la ampliación de cobertura, garantizando su sostenibilidad financiera.

Financiamiento: ¿qué novedades trae la reforma?

Cabe destacar que el Gobierno ya logró modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, a través de la Ley 2568 de 2026, avances que se suman a la reforma integral presentada ante el Congreso. Los puntos principales sobre el financiamiento son los siguientes:

Modificación al Artículo 86 (Presupuesto de las universidades estatales u oficiales):

Texto anterior: el presupuesto de las universidades estatales u oficiales se conformaba con aportes del presupuesto nacional, de entidades territoriales y rentas propias, ajustándose anualmente según el IPC y otros recursos gestionados por las universidades.

Cambios clave de la Ley 2568 de 2026:

• Nuevos criterios para el incremento: el aumento anual obligatorio de los aportes debe ser, como mínimo, igual al Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), calculado por el Dane. Si el Ices es inferior al IPC, el ajuste se hará por el IPC.
• Ampliación de la base presupuestal: se incluyen recursos permanentes para nuevas sedes o lugares de desarrollo, siempre que estén en operación.
• Recursos adicionales y distribución: el gobierno asignará recursos adicionales para acceso, permanencia, graduación, cierre de brechas, calidad, investigación, infraestructura, formalización laboral y fortalecimiento de la planta docente y administrativa. La distribución y el seguimiento estarán reglamentados por el Ministerio de Educación, con indicadores de calidad, cobertura, regionalización, bienestar e internacionalización.
• Participación y autonomía universitaria: las universidades deberán incorporar procesos participativos de la comunidad académica en la elaboración anual del presupuesto, respetando la autonomía universitaria.
• Transferencias no recurrentes: las transferencias para gastos no recurrentes, como infraestructura, no harán parte de la base presupuestal, aunque se pueden realizar.

Modificación al Artículo 87 (Crecimiento de aportes del Gobierno Nacional):

Texto anterior: el Gobierno nacional incrementaba los aportes a las universidades estatales u oficiales anualmente según el crecimiento real del PIB, sin que estos hicieran parte de la base presupuestal.

Cambios clave de la Ley 2568 de 2026:

• Incremento mínimo: el aumento anual de los aportes del Gobierno Nacional no podrá ser inferior al 70% del incremento real del PIB.
• En caso de decrecimiento del PIB: si el PIB real decrece, los aportes se calcularán con base en la última tasa de crecimiento positiva.
• Criterios de distribución: el Ministerio de Educación definirá la metodología de distribución, priorizando el cierre de brechas entre universidades y criterios misionales y de calidad.
• Tope en casos de crecimiento excepcional: si la tasa de crecimiento del PIB supera el doble del año anterior, el incremento se fija en 30%.

La nueva ley también amplía el presupuesto obligatorio para bienestar universitario del 2% al 5% y exige que al menos el 10% del presupuesto institucional se destine a investigación, innovación y producción de conocimiento. Se promueve la formalización progresiva del personal docente y administrativo, junto con el fortalecimiento de la autonomía universitaria y la participación de la comunidad académica en la elaboración del presupuesto.

Para garantizar la transparencia, se establecen mecanismos de control social, como veedurías ciudadanas y acompañamiento de la Contraloría General en el manejo de los recursos públicos. La reforma fija metas progresivas para las transferencias, hasta alcanzar al menos el 1% del PIB para las instituciones estatales, y crea una base presupuestal para instituciones técnicas y tecnológicas equivalente al 0,07% del PIB.

Gobiernos universitarios y articulación territorial: ¿Cómo se transforma la gestión del sistema?

La reforma propone duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores Universitarios, e incorporar nuevos actores territoriales y sociales. Se crean los Consejos Territoriales de Educación Superior (Ctes), que articularán las instituciones de educación superior con los gobiernos locales, y el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (Ciese), que reemplazará al actual Sistema Universitario Estatal (SUE) e incluirá representación estudiantil y docente.

El modelo de multicampus permitirá compartir infraestructura, programas y servicios entre sedes en territorios históricamente excluidos, ampliando la oferta educativa y el impacto regional. El Plan Decenal de Educación Superior guiará el desarrollo del sistema con una visión de largo plazo.

Bienestar, calidad y pertinencia: ¿Qué garantías ofrece la reforma a los estudiantes?

El proyecto incrementa el presupuesto para el bienestar universitario y redefine el papel del Icfes como entidad técnica para seguimiento y evaluación del sistema. El Icetex será reorientado para priorizar la financiación de estudios de posgrado y formación en el exterior, bajo esquemas redistributivos y de retribución social del conocimiento.

La calidad se fortalece desde la pertinencia y el impacto territorial, orientando la formación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo de las regiones y del país.

¿Por qué es relevante esta reforma y cuál es su alcance histórico?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la iniciativa es el resultado de décadas de movilización estudiantil y de un amplio proceso de diálogo con todos los actores del sistema: estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y territoriales. Busca convertir la demanda histórica del derecho a la educación superior en una política pública que ningún gobierno futuro pueda revertir.

El ministro Daniel Rojas subrayó: “La lucha sigue y se traslada al Congreso y como es natural, a una juventud organizada que siga defendiendo este camino. Cuentan conmigo para seguir respaldando la educación pública y a este proyecto de ley que traza la ruta para que la educación sea, de una vez por todas, un derecho fundamental”.

En síntesis, el proyecto de reforma integral a la Ley 30 de 1992 se presenta como la mayor transformación de la educación superior en más de tres décadas, con el propósito de consolidar un sistema público más sólido, ampliar oportunidades para la juventud, fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas, y convertir el conocimiento en motor de desarrollo para las regiones y el país.