Colombia admite ante la Cidh su responsabilidad por no capturar a condenado por abuso sexual de una niña

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) mantendrá bajo seguimiento el cumplimiento de un acuerdo alcanzado entre el Estado colombiano y una familia que denunció graves fallas institucionales tras un caso de violencia sexual contra una niña de cuatro años. El compromiso busca reparar las afectaciones sufridas por la víctima y su madre, además de garantizar que las obligaciones pactadas se ejecuten de manera efectiva.

Ese acuerdo permitió cerrar el trámite mediante una solución amistosa, después de que Colombia aceptó su responsabilidad internacional por las omisiones que impidieron hacer efectiva la captura de un hombre condenado por abusar sexualmente de la menor. La Comisión aclaró que continuará verificando la implementación de cada una de las medidas hasta que todas sean cumplidas. La controversia llegó al sistema interamericano tras una petición presentada en 2017 por la madre de la víctima. En ese recurso denunció que el Estado no ejecutó la captura del agresor, pese a las órdenes judiciales existentes, y expuso las consecuencias que tanto ella como su hija enfrentaron durante todo el proceso judicial.

La Cidh admitió el caso al considerar que los hechos podrían constituir vulneraciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección judicial y las obligaciones previstas en la Convención de Belém do Pará. De acuerdo con el informe, el responsable fue condenado en diciembre de 2015 a 13 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en febrero de 2016, dejando en firme la decisión judicial.

A pesar de ello, las autoridades no consiguieron ubicar ni detener al condenado. Las órdenes de captura permanecían vigentes e incluso se gestionó una notificación roja de Interpol, pero ninguna de esas actuaciones permitió hacer efectiva la sentencia. Durante el procedimiento de solución amistosa, el Estado, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reconoció ante la Comisión las fallas de las autoridades para ejecutar la captura del sentenciado. Esa admisión incluyó el reconocimiento de responsabilidad internacional por las omisiones registradas en el caso.

El documento suscrito entre las partes señala que esa situación provocó graves “situaciones de sufrimiento y angustia” tanto en la víctima directa como en su madre, quien actuó como su representante legal a lo largo del proceso. Entre las medidas de reparación acordadas figura la entrega de un auxilio económico destinado a financiar estudios técnicos, tecnológicos, universitarios o de posgrado para la víctima. Más adelante, mediante un otrosí suscrito en 2025 y perfeccionado en 2026, ese beneficio fue ampliado para que también pueda utilizarse en instituciones de educación superior en el exterior, según el proyecto de vida que la joven defina cuando alcance la mayoría de edad.

El acuerdo contempla además compensaciones económicas, seguimiento integral en salud física y mental para las víctimas y la publicación del informe elaborado por la Cidh como medida de satisfacción.

Asimismo, la Fiscalía asumió el compromiso de continuar las actuaciones necesarias para localizar y capturar al condenado. La entidad también deberá realizar reuniones semestrales con las víctimas para informarles sobre los avances relacionados con esas diligencias. La Comisión resaltó otro aspecto del proceso. Durante la negociación de la solución amistosa, la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, participó directamente en la definición de las medidas de reparación.

Según la Cidh, esa participación permitió que el Estado escuchara sus solicitudes y modificara el acuerdo para ampliar el apoyo educativo de acuerdo con sus expectativas académicas. El organismo calificó esa actuación como una buena práctica relacionada con la participación de víctimas jóvenes.

El informe también recordó que las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la infancia pueden producir consecuencias permanentes. Por esa razón, señaló que las medidas de reparación deben responder al interés superior de niñas, niños y adolescentes y garantizar su participación en los procedimientos que incidan sobre sus derechos. Finalmente, la Comisión concluyó que el acuerdo alcanzado es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo, precisó que continuará supervisando su ejecución hasta verificar que todas las obligaciones sean cumplidas, decisión que permitió a Colombia evitar una futura condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.