Este es el primer obstáculo del Gobierno Petro para sacar adelante los cambios en el pago de impuestos que busca con nueva reforma tributaria

La definición de las Comisiones Económicas del Congreso de la República mantiene en suspenso el inicio del nuevo trámite del proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque ayer se definió la conformación de la corporación que legislará durante los próximos cuatro años, el proyecto seguirá en vilo unos días más hasta que se conozca qué senadores y representantes a la Cámara que integrarán esas células.

La integración de dichas comisiones es clave porque las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes son las encargadas del primer debate sobre impuestos, leyes de financiamiento y asuntos del Presupuesto General de la Nación (PGN).

De su composición depende que el nuevo intento tributario del Ejecutivo avance o quede frenado desde su primera etapa. Como se recordará, las Comisiones Terceras son las de Hacienda y Crédito Público. Las cuartas son las de Presupuesto y Gasto Público.

Cómo se reparten las comisiones y cuáles son sus funciones

La Comisión Tercera está compuesta por 17 senadores y 33 representantes a la Cámara. Allí se revisan proyectos sobre Hacienda y Crédito Público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias y régimen monetario.

También decide sobre leyes relacionadas con el Banco de la República, el sistema de banca central y las normas sobre monopolios. Además, tramita asuntos sobre aduanas y regulación monetaria.

Por su parte, la Comisión Cuarta reúne 15 senadores y 27 representantes a la Cámara. Sus competencias abarcan las leyes orgánicas de presupuesto, el sistema de control fiscal financiero y la enajenación y destinación de bienes naturales.

A esas funciones se suman los proyectos sobre régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, organización de los establecimientos públicos nacionales y contratación administrativa. También conoce asuntos del régimen salarial de los empleados públicos.

Proceso político y legal para escoger a los integrantes

La selección de los integrantes está regulada por la Ley 3 de 1992 y la Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso. Una vez se instala oficialmente la corporación, los partidos con representación en la nueva legislatura proceden a definir los integrantes de las comisiones legales y constitucionales.

El procedimiento comienza con reuniones de compromisarios o voceros de los partidos. Allí se define cuántos miembros le corresponden a cada colectividad según la cantidad de senadores y representantes obtenidos en las elecciones. Después, cada bancada distribuye sus lugares en las distintas células del Legislativo. Si hay un acuerdo total, las listas pueden presentarse de forma concertada y someterse a votación en bloque.

Si no existe consenso unánime, entra en juego el sistema de cociente electoral. Esa fórmula distribuye los puestos de manera proporcional a la votación de cada partido. Las listas deben pasar por la plenaria de cada cámara. Además, cada congresista está obligado a integrar una sola comisión constitucional permanente.

La conformación se define cada año durante julio, justo después de la instalación de las sesiones ordinarias. La legislatura comienza cada 20 de julio, y tras ese acto el Senado y la Cámara organizan sus siete comisiones constitucionales permanentes.

Fracaso de la última reforma tributaria del Gobierno Petro

Como referencia política, en el período 2022-2026 las comisiones económicas tuvieron entre sus integrantes a Efraín Cepeda, Miguel Uribe, Juan Pablo Gallo, Jairo Castellanos y Carlos Eduardo Guevara en la Comisión Tercera del Senado. En la Tercera de la Cámara estuvieron Carlos Alberto Cuenca, Katherine Miranda, Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez.

En la Comisión Cuarta del Senado participaron Juan Carlos Garcés, Wilson Arias, Liliana Bitar y Carlos Meisel. En la Cuarta de la Cámara estuvieron Hernán Cadena, John Jairo Roldán y Erasmo Zuleta.

Dicha relación funciona como antecedente y no como una integración ya cerrada del nuevo periodo. La disputa por los cupos gana peso por el historial reciente de los proyectos tributarios del Gobierno en esas mismas instancias.

El rechazo legislativo a anteriores iniciativas tributarias del Ejecutivo se explicó por varios reparos. Entre ellos figuraron el aumento del gasto burocrático, la presión de nuevos impuestos sobre empresas y ciudadanos y la baja ejecución de recursos ya aprobados. También hubo críticas por el efecto sobre la inversión y el empleo, en medio de la mortandad empresarial. A eso se sumaron advertencias por la desaceleración de sectores como hidrocarburos y carbón.

Dicho antecedente quedó marcado por la caída de una propuesta que buscaba recaudar $16,3 billones. La iniciativa se frenó en la Comisión Cuarta del Senado, donde obtuvo nueve votos en contra y cuatro a favor. Ese revés dejó sin financiación plena las cuentas públicas previstas para 2026. El presupuesto de ese año quedó fijado en $530,6 billones, lo que elevó la importancia de la nueva puja por los asientos desde los que se decide el futuro de otra reforma tributaria.