Gustavo Petro arremetió contra expresidente del sindicato de la UNP Wilson Devia y lo acusó de bloquear la entidad: “Dirigente sindical de la extrema derecha”

El presidente Gustavo Petro ordenó despejar las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “sin violencia pero con contundencia”, al asegurar que la entidad encargada de brindar esquemas de seguridad a personas amenazadas en Colombia se encontraba bloqueada y que esa situación ponía en riesgo la prestación del servicio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó directamente a Wilson Devia, exdirigente sindical de la UNP, de liderar el bloqueo y lo vinculó con las investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la entidad.

“El famoso dirigente sindical de la extrema derecha que ha ayudado a construir las mafias de la contratación de seguridad tercerizada privada y contratación de vehículos blindados, varios de los cuales no cuidan personas sino que transportan cocaína, de la UNP, Unidad Nacional de Protección, aparece en esta foto militante y es el que bloqueó la institución llamada a proteger la vida de las y los amenazados de muerte en Colombia”, escribió Petro.

El jefe de Estado sostuvo que la situación es especialmente grave porque, según dijo, la suspensión de actividades afecta directamente a quienes requieren medidas de protección en un contexto de incremento de amenazas.

“La caída judicial de la contratación laboral de quienes prestan protección en la UNP tiene una consecuencia inmediata: dejar sin protección a personas amenazadas de muerte, que han aumentado en los últimos días”, afirmó el mandatario, quien además ordenó recuperar el funcionamiento de la entidad.

“Hay que recuperar la UNP. Se despeja sin violencia pero con contundencia. Si las mafias dan la seguridad a los amenazados y amenazadas de muerte en Colombia, se repite la macabra historia del DAS. Seguridad mafiosa que siempre genera genocidio”, agregó Petro en su publicación.

Las declaraciones del presidente coincidieron con una jornada de protestas protagonizada por integrantes de la Unión de Trabajadores de la UNP (UT-UNP).

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá informó que los manifestantes permanecían a la espera de que directivos de la entidad aceptaran instalar una mesa de diálogo para discutir sus reclamaciones laborales.

La administración distrital también reportó otra manifestación frente al Ministerio del Interior y un plantón en la Plaza de Bolívar, precisando que ambas concentraciones transcurrían sin alteraciones del orden público.

Devia enfrentó un proceso judicial iniciado en 2023

Las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro contra Wilson Devia tienen como antecedente un proceso penal que la Fiscalía General de la Nación llevó a juicio en 2023.

En ese momento, el ente acusador lo señaló por los delitos de abuso de función pública, concusión y peculado, por hechos presuntamente ocurridos mientras ejercía funciones en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según la investigación, los hechos se remontan a 2013, 2014 y 2019, cuando Devia se desempeñaba como coordinador del grupo de seguimiento de la entidad.

La Fiscalía aseguró que habría conformado una alianza con Arturo Rolón, entonces gerente de operaciones de la Unión Temporal Siglo 21, empresa encargada de suministrar vehículos para los esquemas de protección.

De acuerdo con la acusación presentada en 2023, ambos habrían obtenido beneficios económicos mediante contratos de arrendamiento de camionetas para la UNP.

El ente investigador también sostuvo que Devia presuntamente exigía un porcentaje de los pagos realizados a empresas arrendadoras por vehículos fuera de servicio y que habría avalado desembolsos por automotores que no estaban operando.

Entre los hechos incluidos en el expediente figura el caso de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”.

La Fiscalía afirmó que Devia presuntamente le ofreció gestionar un esquema de protección pese a que no cumplía con los requisitos legales y que inicialmente le habría solicitado 200 millones de pesos, cifra que posteriormente habría reducido a siete millones de pesos mensuales.

En ese mismo proceso, una jueza de control de garantías decidió no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad al considerar que no existían fundamentos suficientes para ello. Desde entonces, el proceso quedó en manos de un juez de conocimiento.

Las referencias de Petro a Devia retoman ese expediente judicial abierto en 2023, aunque el presidente no informó sobre nuevas decisiones judiciales o avances recientes en ese caso.