Jurisdicción Especial para la Paz rechazó estigmatización y exigió protección para comparecientes en procesos de paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó de manera enfática cualquier tipo de mensaje, acto o discurso dirigido a estigmatizar o poner en riesgo a quienes han comparecido ante dicho tribunal, tras las recientes críticas del presidente electo Abelardo de la Espriella al organismo y al acuerdo de paz con las Farc.

La declaración, liderada por el presidente de la entidad, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, subrayó que dichos señalamientos representan una amenaza directa al proceso de esclarecimiento histórico y la consolidación de la justicia transicional.

“Estos señalamientos silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido, avanzar en la rendición de cuentas y contribuir a reparar los daños causados”, afirmó el documento. Además, la JEP advirtió que este tipo de conductas priva al país de conocer fragmentos irremplazables de verdad y obstaculiza la posibilidad real de llevar adelante procesos de reparación integral.

“Quienes se han sometido a la Jurisdicción y vienen cumpliendo sus obligaciones deben poder seguir haciéndolo sin miedo y con garantías”, añadió la JEP.

La JEP resaltó la importancia de mantener un ambiente seguro para todos los comparecientes, pues su testimonio resulta fundamental para avanzar en la reconstrucción de la memoria colectiva y en la reparación de las víctimas del conflicto.

El magistrado Ramelli Arteaga recalcó que la colaboración de quienes han aceptado comparecer no solo contribuye a la verdad y la justicia, sino que constituye un pilar esencial para evitar la repetición de hechos violentos.

“La JEP insta a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos y garantizar la continuidad de los procesos judiciales y restaurativos”, enfatizó el texto.

Esa protección, señaló, no solo es un imperativo nacional sino también una responsabilidad internacional en el proceso de los compromisos asumidos por el Estado colombiano ante la comunidad global.

“A la sociedad colombiana y a la comunidad internacional las convoca a proteger los avances alcanzados y a preservar las condiciones necesarias para impedir que la violencia se vuelva a convertir en una barrera de acceso a la justicia”, sostuvo la JEP en su declaración.

Alejandro Ramelli busca diálogo con Abelardo de la Espriella tras el mandatario electo afirmar que quiere acabar la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una comunicación formal al presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, extendiendo una invitación a una reunión institucional con el propósito de fortalecer el diálogo interinstitucional y la colaboración entre los poderes públicos.

En la misiva, la JEP expresó “sinceras felicitaciones por su elección para ocupar las más altas dignidades del Estado colombiano” y auguró éxitos en el ejercicio de sus funciones, señalando la convicción de que la nueva administración contribuirá a la consolidación democrática, la reconciliación y el bienestar colectivo.

El documento destacó la importancia de articular acciones conjuntas para abordar retos y desafíos en materia de justicia transicional, reparación de víctimas, verdad histórica y cumplimiento de fallos judiciales.

La JEP propuso que el encuentro permita “sostener una reunión de carácter institucional, con el propósito de presentar los resultados tangibles que sumaría el fortalecimiento de la justicia restaurativa”, así como discutir temas urgentes como la financiación de sentencias relacionadas con más de 21.000 secuestros atribuidos al último Secretariado de las Farc y la investigación de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Cesar.

La carta, firmada por la jurisdicción, subrayó que el diálogo contribuirá a “propiciar un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones”, así como a garantizar el efectivo cumplimiento del Acuerdo de Paz.

El texto enfatizó que el espacio propuesto permitirá identificar mecanismos de coordinación, fortalecer la legalidad, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y asegurar la aplicación transparente y eficaz de las sentencias.

Finalmente, la JEP reiteró su disposición para trabajar junto al nuevo gobierno en la construcción de un Estado de derecho sólido, donde la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas sigan siendo prioridades.