Defensoría del Pueblo advierte que la mayor dificultad de la ley para proteger a menores del reclutamiento será su implementación

La Ley 2590 de 2026 ya fue sancionada por el Gobierno nacional, pero la Defensoría del Pueblo advirtió el 18 de julio en Bogotá que el alcance real de la norma para frenar el reclutamiento y uso de menores dependerá de que el Estado la reglamente, la financie y la ejecute a tiempo.

El organismo sostuvo que el avance legal solo se convertirá en protección efectiva si las medidas previstas pasan del texto a los territorios afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada.

Entre las exigencias más precisas figura un plazo de un año para elaborar el documento Conpes y actualizar la línea de política pública sobre prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La entidad reclamó que esos instrumentos definan metas verificables, indicadores de medición y resultado, fuentes de financiación, mecanismos de seguimiento y responsabilidades claras para todas las autoridades competentes.

La Defensoría también destacó que la nueva ley obliga a priorizar los territorios que el propio organismo identifique como escenarios de riesgo. Según explicó, cuando detecten amenazas de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, los programas que integran la Ciprunna deberán enfocar de manera obligatoria su acción en esas zonas.

La posición del organismo quedó sintetizada en una advertencia que apunta a la etapa que sigue a la sanción presidencial: “La firma de la Ley constituye apenas el primer paso”. Acto seguido, fijó el núcleo de su reclamo al señalar que “su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentar, financiar e implementar oportunamente los instrumentos que la propia norma establece”.

La Defensoría pidió convertir la ley en una política con metas, recursos y responsables

La entidad planteó que la prevención del reclutamiento no puede descansar en disposiciones generales. En su pronunciamiento, sostuvo que el Conpes y la actualización de la política pública deben convertirse en “la hoja de ruta de la política pública nacional”, con parámetros que permitan medir resultados y exigir cumplimiento institucional.

Ese punto aparece ligado a una crítica de fondo sobre la forma en que suele responder el Estado frente a estos hechos. “Una política de prevención efectiva requiere planeación de largo plazo, recursos suficientes y una adecuada articulación entre la Nación y los territorios”, indicó el organismo en el documento difundido por Defensoría del Pueblo Colombia.

La advertencia no se limita al diseño administrativo. La entidad vinculó el éxito de la ley con la capacidad de coordinación entre el nivel central y las autoridades locales, una condición que considera necesaria para que las medidas no queden concentradas en el plano normativo.

Otro de los puntos resaltados por la Defensoría fue la creación y puesta en funcionamiento del Equipo Nacional de Acción Inmediata. La entidad sostuvo que la reacción institucional ante situaciones de riesgo inminente debe ser rápida, coordinada y eficaz para impedir que la amenaza se concrete.

En ese apartado, explicó que el nuevo mecanismo servirá para articular las capacidades del nivel nacional con las instancias territoriales y activar respuestas urgentes de protección cuando la gravedad de los hechos lo exija. La consecuencia esperada, según el organismo, es reforzar la capacidad estatal para evitar que los riesgos se materialicen.

La Defensoría del Pueblo afirmó que la prevención no puede reducirse a intervenir cuando la vulneración de derechos ya ocurrió. En esa línea, sostuvo: “La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para niñas, niños y adolescentes y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento”.

La ley incorpora vigilancia de datos, control digital y refuerzo escolar

La entidad también pidió implementar el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de edad, al considerar que la información verificada y consolidada es indispensable para entender la evolución y magnitud del problema. Según detalló, la integración de datos producidos por distintas entidades del Estado debe fortalecer la gestión del conocimiento y mejorar la capacidad de prevención en los territorios.

En paralelo, reclamó la adopción de un protocolo para prevenir y bloquear contenidos digitales asociados al reclutamiento dentro del mismo plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley. El organismo sostuvo que el uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de grupos armados organizados y estructuras criminales figura entre los principales desafíos para la protección de la niñez.

Sobre ese punto, la Defensoría pidió avanzar en mecanismos de cooperación entre el Estado y la industria tecnológica para prevenir riesgos, fortalecer la detección temprana y proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La norma también prevé una estrategia preventiva de alcance social para informar, sensibilizar y fortalecer los entornos protectores.

Ese capítulo incluye a las familias, las comunidades, las instituciones educativas y la sociedad en general como actores de protección. A la vez, el organismo reclamó desarrollar un plan de fortalecimiento de la infraestructura, la planta docente y la identificación y delimitación de escuelas, con prioridad en los municipios en riesgo de reclutamiento y también dentro del término de un año, bajo responsabilidad del Ministerio de Educación