La canciller Rosa Villavicencio está afiliada al sindicato de trajadores de la Cancillería: qué ‘beneficios’ tendría frente a la llegada del nuevo gobierno

El reciente nombramiento ‘exprés’ de la exsecretaria general de la Cancillería Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar en el Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, ha generado inquietud entre funcionarios de la Cancillería, quienes han solicitado verificar la afiliación sindical tanto de Sanabria como de la hoy canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

Según documetos obtenidos por El Tiempo, ambas figuran en el listado de afiliados del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), lo que ha encendido el debate sobre posibles beneficios asociados al fuero sindical en el contexto de transición de gobierno.

Sin embargo, el sindicato Semrex, según su presidente Francisco Burchardt Melo, descarta que la afiliación de Villavicencio y Sanabria les otorgue protección especial alguna.

“Ninguna persona con cargos directivos o que sean operadores u ordenadores del gasto pueden tener fuero sindical, tampoco si tienen subordinados. Eso es así tanto en las empresas como en las entidades. Ninguna de las dos tiene fuero sindical”, señaló el el presidente del sindicato al mencionado medio.

Las dudas surgieron tras la circulación de una denuncia enviada al comité de empalme, en la que se advertía sobre una supuesta coadministración entre la Cancillería y el sindicato, así como el otorgamiento de permisos sindicales remunerados.

Un ejemplo citado es la resolución 03802 del 19 de marzo pasado, que autorizó a varios afiliados, incluidas Villavicencio y Sanabria, a ausentarse con goce de salario para participar en una asamblea sindical.

Permisos sindicales y contexto de transición

El contexto en el que surgieron estas inquietudes incluye la reciente ola de nombramientos en misiones diplomáticas, acompañada de denuncias sobre las elevadas primas de traslado que dificultarían revertir tales decisiones.

Funcionarios han advertido que, si el nuevo gobierno decide devolver a quienes han sido designados recientemente antes de un año, el Estado incurriría en un cuantioso gasto público debido a la obligación de reembolsar estas primas.

Entretanto, el presidente de Semrex aseguró que la canciller Villavicencio se afilió cuando era coordinadora de un grupo interno llamado Colombia Nos Une, y que Sanabria hizo lo propio en diciembre pasado. Según Burchardt, el hecho de que ambas estén afiliadas no constituye irregularidad ni les permite conservar sus cargos ante el cambio de administración.

“La canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra. Para ese momento era coordinadora de Colombia Nos Une. (...) Cuando la ministra se afilió yo le pregunté si era consciente de que nuestro sindicato tiene una postura crítica frente al gobierno”, señaló Burchardt Melo al diario nacional.

Cualquier decisión sobre la continuidad de los nombramientos dependerá del gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre la revocatoria de los últimos nombramientos, aunque desde la Cancillería reconocen que el sindicato debe pronunciarse sobre estos temas.

Debate sobre blindaje y legalidad de los nombramientos

Frente a las acusaciones de buscar blindaje ante la transición política, el sindicato rechaza que la afiliación tenga ese propósito. “No somos ni oposición ni comité de aplausos”, subrayó Burchardt al referirse a los señalamientos de presunta coadministración y a las sospechas de que el sindicato funcione como mecanismo protector de funcionarios salientes.

El mismo dirigente sindical precisó que, aun si el nombramiento de Sanabria fuera objeto de demanda y un juez determinara que no cumple los requisitos, la afiliación sindical no tendría efecto alguno sobre esa decisión. Enfatizó que la presencia de funcionarios en cargos de responsabilidad dentro del sindicato es habitual y no representa una irregularidad.

En suma, la sindicalización de Rosa Villavicencio y su exsecretaria general no impide su salida tras el cambio de gobierno, ni supone un blindaje legal frente a eventuales demandas o remociones.

Las denuncias recientes parecen responder, según el sindicato, a tensiones propias de la coyuntura de relevo gubernamental y a un ambiente de sospecha sobre la gestión de recursos y beneficios en la Cancillería.