El informe de inteligencia que desvirtuaría la denuncia de Petro por supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial

El Gobierno de Colombia enfrenta un momento crítico tras la filtración de un informe de inteligencia que pone en duda la versión oficial sobre fraude electoral defendida por el presidente Gustavo Petro.

Incluso, en un mensaje desde su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró el miércoles 15 de julio que “el fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de los Angeles en California y fue denunciado ante la justicia de los EE. UU. porla mujer que lo denunció”.

Sin embargo, un documento que conoció el El País América Colombia, y cuyos detalles se replicaron el 16 de julio, señalan que no existen pruebas suficientes para sustentar las denuncias de manipulación en los resultados de las últimas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta el 31 de mayo dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para disputarse el máximo cargo en segunda vuelta el 21 de junio, con victoria para “el Tigre”.

A menos de un mes del final de su mandato, el líder del Pacto Histórico insiste en que el proceso estuvo viciado, mientras las principales entidades de control y organismos técnicos del Estado descartan la existencia de irregularidades verificables.

Según el reporte del mismo medio español, la controversia comenzó cuando Petro presentó como prueba central el testimonio de un hacker, citado por él mismo en varias oportunidades como fuente de sus señalamientos.

El informe de inteligencia, elaborado por un técnico en informática adscrito a una entidad oficial, concluye que este presunto especialista no entregó pruebas concretas y se limitó a afirmar que había visto resultados cargados en el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil antes de los comicios.

Además, alegó haber sido víctima de interceptaciones mediante el programa espía Pegasus, sin aportar evidencia adicional. “Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada”, señaló el técnico en declaraciones al mismo medio de comunicación.

La búsqueda de respaldo técnico llevó a Petro a consultar diferentes dependencias estatales, pero solo uno de los organismos de inteligencia consultados por el diario español y su edición digital en Colombia, reconoció la existencia de posibles vulneraciones en la seguridad de las credenciales del sistema de resultados electorales, aunque aclaró que no se detectó ninguna alteración en el conteo de votos.

Las pruebas sobre la difusión anticipada de credenciales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, junto con denuncias sobre la supuesta duplicación de cédulas en el sector de Paloquemao, en el centro de Bogotá, durante la semana electoral, agrega el informe.

Las denuncias de Gustavo Petro desde su cuenta de X

Gustavo Petro ha reiterado en públic que presentará nuevas demandas penales solicitando la nulidad de la elección y sostiene que una parte significativa de los presuntos delitos se ejecutó en el extranjero.

“En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”, afirmó el mandatario el 14 de julio en medio de un consejo de ministros, y cifra en aproximadamente 880.000 los votos que, según su versión, serían irregulares.

A pesar de que las propias oficinas de inteligencia de su administración desacreditaron la validez de la principal prueba presentada, el presidente buscó respaldo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), pero tampoco en esa instancia se halló el aval esperado.

A su vez, Petro sostiene que el fraude se habría realizado mediante el uso de la nube de Google desde Estados Unidos, y que los datos electorales no llegaron directamente a la Registraduría, sino a un intermediario privado.

“La información sale de las mesas de claveros, pero no llega a la Registraduría sino a un intermediario privado”, añadió el jefe de Estado durante el mismo consejo de ministros.

En medio de la tensión, el mandatario trasladó su frustración a la ministra de Tecnologías, Carina Murcia, exigiendo explicaciones sobre la supuesta ineficacia de los sistemas de ciberseguridad del MinTIC.

Además, le ordenó asumir de forma personal las denuncias penales que, según sus declaraciones, se presentarían el jueves siguiente, es decir, el 16 de julio de 2026.

En el entorno cercano al presidente, persiste la convicción de que existen pruebas contundentes, e inclusive, una fuente citada por el mismo medio sostiene que Petro mantiene la narrativa del fraude como una estrategia para preservar la tensión política y preparar la publicación escalonada de nuevas evidencias.

“Cuando el presidente habla es porque hay gato encerrado. No ha presentado las denuncias porque está manteniendo la tensión en la opinión pública, pero las tiene y las va a ir publicando. Tiene, en particular, una prueba reina”, aseguró la fuente sin ofrecer detalles adicionales.

El ‘efectó dominó’ de las denuncias de Petro: la caída del empalme de gobierno con De la Espriella

Las acusaciones han provocado consecuencias inmediatas, y las más certera, que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, suspendiera el proceso de empalme y acusara a Petro de intentar un golpe de Estado para impedir el traspaso de poder.

Mientras tanto, el presidente convocó a sus seguidores a movilizaciones el lunes 20 de julio de 2026, fecha de instalación del nuevo Congreso, y el 6 de agosto, último día de su mandato.

Sumado a lo anterior, el Pacto Histórico tampoco ha presentado pruebas públicas que respalden las denuncias de Petro.

Desde finales de junio, Petro sostiene que el verdadero vencedor de la segunda vuelta fue Iván Cepeda, candidato de su coalición, y atribuye el supuesto fraude a algoritmos operados desde California por la empresa israelí Black Cube.

Sin embargo, las empresas encargadas de la veeduría del software electoral y los organismos de inteligencia estatales no han detectado irregularidades en el proceso.

“La inteligencia del Estado tiene el deber de velar también por la jornada electoral y no tenemos indicios de irregularidades en ninguna de las dos jornadas”, declaró un oficial involucrado en el operativo electoral al mismo diario español.

A la narrativa del fraude se suma el temor a un posible proceso judicial en Estados Unidos tras la pérdida de la inmunidad presidencial. El propio Petro ha expresado en redes sociales su preocupación por la posibilidad de ser procesado o extraditado, y ha denunciado que sectores vinculados a De la Espriella estarían promoviendo esa alternativa.

Y es que a todo este panorama complejo se sumaría que fuentes cercanas al mandatario afirman que en la Casa de Nariño circulan versiones sobre un supuesto plan para encarcelarlo, aunque no se conocen detalles sobre la naturaleza o el avance de alguna investigación.

“Al presidente le preocupa más lo que pueda venir después del 7 de agosto que lo que pase con las elecciones”, le dijo al mismo medio una persona del entorno más cercano al mandatario.

La ofensiva judicial del oficialismo se tradujo en la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, impulsada por el exmagistrado y militante del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez.

La acción solicita no solo la anulación del resultado electoral, además de una medida cautelar que impida la toma de posesión de De la Espriella mientras se resuelve el proceso.

Entre los argumentos figuran la nacionalidad estadounidense del presidente electo, el lenguaje utilizado durante la campaña y presuntas irregularidades en el voto en el exterior.

La intención de aplazar la posesión buscaría ganar tiempo para la presentación de pruebas. Si la medida prosperara, la presidencia interina quedaría a cargo del presidente del Senado que resulte electo el 20 de julio, conforme a la Constitución.