La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno nacional recaudó $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias decretadas en la emergencia económica de febrero de 2026, pero hasta ahora ese dinero no muestra ejecución efectiva en las entidades responsables de atender y recuperar los territorios afectados por el Frente Frío.
En un comunicado fechado en Bogotá el 16 de julio de 2026, el órgano de control precisó que la cifra corresponde al corte del 18 de junio y representa el 87,5% de la adición presupuestal aprobada para la emergencia. Aclaró que este recaudo no cubre los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación, lo que, según su revisión, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre.
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La entidad destacó que, aunque los recursos ya se incorporaron al presupuesto y existen certificados de disponibilidad expedidos para varios sectores, las entidades responsables aún no registran obligaciones ni pagos sobre esas partidas.
El organismo también señaló que persisten retrasos en la formalización de convenios y que el Gobierno Nacional no ha entregado el Plan de Acción Específico para la atención integral de la emergencia, lo que dificulta el seguimiento del destino de los recursos y la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria.
En su balance oficial, la Contraloría resumió el principal hallazgo de la siguiente manera: hubo “avances importantes en el recaudo de las medidas tributarias extraordinarias, pero una ejecución prácticamente nula de los recursos destinados a atender y recuperar las zonas afectadas por la temporada invernal”.
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Ese contraste surge tras el seguimiento a los recursos asociados a la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, enfocado en el dinero obtenido por el impuesto al patrimonio y los mecanismos de alivio tributario creados en ese contexto.
Según la Contraloría, el problema no radica en la disponibilidad de los fondos, sino en la transformación de esa asignación presupuestal en obligaciones y pagos efectivos en los sectores llamados a intervenir en los territorios afectados.
Uno de los focos de preocupación está en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ya que los recursos administrados por esta entidad “permanecen en fase de estructuración de convenios”. Esta situación, de acuerdo con el comunicado, “ha retrasado el inicio de intervenciones dirigidas a la recuperación de los territorios afectados”, a pesar del tiempo transcurrido desde la declaratoria de emergencia.
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El informe identificó que los sectores de Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e Instituto de Binenestar Familiar (Icbf) no presentan ejecución de los recursos asignados. En Vivienda y Educación hubo avances en la expedición de certificados presupuestales, pero aún no se registran obligaciones ni pagos, lo que marca una diferencia administrativa, no material.
La falta de ejecución, según la Contraloría, no se limita a una sola entidad, sino que abarca varias áreas responsables de atender daños, restablecer servicios y apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal.
El órgano de control afirmó que, meses después de la emergencia, sigue sin recibir del Gobierno Nacional el Plan de Acción Específico que debe establecer “con claridad las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral”. Esta ausencia dificulta el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados.
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La Contraloría informó que mantendrá la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante sobre estos recursos, e instó al Gobierno Nacional a acelerar la formalización de los convenios pendientes para asegurar que cada peso recaudado se destine a la recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
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