Jefe negociador del Gobierno reveló incertidumbre por el futuro del diálogo de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), advirtió que el proceso de diálogo con esa estructura criminal atraviesa uno de sus momentos más delicados debido a la transición de gobierno y a los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el futuro de la política de Paz Total.

Según explicó, la principal preocupación es la situación de los 99 integrantes del grupo que ya entregaron las armas y permanecen en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), a la espera de una definición sobre su tránsito a la legalidad.

En entrevista con Cambio, Novoa aseguró que la mesa llega al relevo presidencial con resultados concretos que, a su juicio, justifican su continuidad.

Entre ellos destacó la reducción de homicidios en las zonas de influencia, la disminución de los cultivos de hoja de coca, la vinculación de cerca de 15.000 familias al programa Renacemos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los desmovilizados, quienes permanecen concentrados en la ZUT.

No obstante, el negociador sostuvo que el panorama cambió tras las declaraciones de De la Espriella, quien anunció que desmontará la política de Paz Total para concentrar la estrategia de seguridad en el fortalecimiento del orden público y el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales.

El mandatario electo también ha señalado que revisará la continuidad de cada proceso de diálogo según las condiciones jurídicas, militares y políticas de las organizaciones involucradas.

Para Novoa, ese mensaje generó incertidumbre entre quienes participan en la mesa. “Estas declaraciones han generado un ambiente enrarecido. Paradójicamente, vamos a pasar de ser la mesa con mayores avances a convertirnos en una de las que enfrenta más incertidumbre y escepticismo”, afirmó.

El jefe negociador explicó que una de las principales inquietudes es lo que ocurrirá cuando termine el actual gobierno y concluya la labor del equipo negociador. Según dijo, las personas que dejaron las armas confiando en el Estado desconocen cuál será la posición de la próxima administración frente a los compromisos adquiridos durante las conversaciones.

Además, advirtió que los 99 integrantes concentrados en la Zona de Ubicación Temporal se encuentran, en sus palabras, “completamente desprotegidos”. Explicó que existe una demanda que cuestiona la legalidad de esa mesa de diálogo y sostuvo que la justicia no ha incorporado los acuerdos alcanzados dentro de sus decisiones, lo que mantiene a los desmovilizados en un escenario de incertidumbre jurídica.

A esa situación, agregó, se suman problemas administrativos. Novoa cuestionó a la Registraduría por no haber enviado funcionarios para adelantar el trámite de identificación de los integrantes de la organización.

Según explicó, hace dos meses solicitaron el desplazamiento de personal a la zona y posteriormente recibieron la respuesta de que las cédulas no serían expedidas hasta contar con autorización del nuevo gobierno.

El negociador afirmó que la falta de documentos de identidad limita el acceso de estas personas a derechos básicos y dificulta cualquier proceso de reincorporación. También sostuvo que una eventual salida de la zona de ubicación representaría un fracaso para el Estado y podría abrir la puerta para que algunos regresen a estructuras armadas ilegales por falta de garantías.

Pese a ese escenario, Novoa destacó que entidades como la Defensoría del Pueblo y el Sena han mantenido presencia en el territorio mediante acciones de acompañamiento humanitario y programas de formación.

Asimismo, señaló que autoridades locales, entre ellas el alcalde de Valle del Guamuez, el concejo municipal y el gobernador del departamento, han expresado respaldo a la continuidad del proceso.

Mientras el futuro de la mesa permanece en discusión, la propia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hizo un llamado público al nuevo gobierno y al Congreso para que mantengan abiertos los canales de diálogo.

A través de una carta abierta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella y al nuevo Congreso de la República, la organización pidió que se evalúen los resultados alcanzados hasta ahora y se preserve el proceso de conversaciones.

En el documento, la comisión de paz de la Cneb aseguró que “el nuevo Parlamento y nuevo gobierno colombiano tienen una tarea inaplazable y obligatoria: la construcción de una paz estable, duradera y definitiva”. Asimismo, instó a los congresistas a impulsar las reformas que, a su juicio, permitan avanzar hacia ese objetivo.

La organización también manifestó su disposición a participar en un diálogo amplio con distintos sectores del país.

“Nuestra organización rebelde, Cneb, apoyamos un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas, sociales, el empresariado, comunidad internacional y organizaciones armadas, con el único propósito de terminar con el conflicto armado y allanar el camino a la paz, la democracia y la reconciliación nacional”, señaló la carta.