
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hará una vez más parte de la bancada del Centro Democrático, denunció el jueves 16 de julio que el Ministerio de Defensa le negó el acceso pleno a información oficial, al rechazar que un congresista pueda invocar el Estatuto de la Oposición para solicitar datos estratégicos de defensa.
En un oficio reciente, la cartera respondió de manera parcial al congresista dos derechos de petición en los que había formulado cerca de 260 preguntas sobre temas estratégicos y prorrogó la entrega del resto de la información. Ante esto, el congresista anunció acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación por lo que considera una vulneración a las garantías constitucionales de la oposición en Colombia.
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Vale destacar que Uscátegui había denunciado que el Confis aprobó vigencias futuras por cerca de $13 billones de pesos para 19 proyectos del sector defensa, con ejecución hasta 2034 y cuestionó a la entidad por comprometer recursos millonarios, incluido un contrato de $800.000 millones para el Escudo Nacional Antidrones; a tal punto de exigir una revisión técnica y presupuestal en el empalme del nuevo Gobierno.
Estos fueron los argumentos del Ministerio de Defensa para negarle información a Uscátegui
En los documentos oficiales enviados al despacho de Uscátegui, el ministerio argumentó que en este caso no aplica el Estatuto de la Oposición para exigir la entrega de información. “El marco normativo aplicable corresponde al establecido en la Ley Quinta de 1992, artículo 258, atendiendo a la dignidad de congresista que ostenta como peticionario, y en lo no regulado por esa norma, a la Ley 1755 de 2015″, indicó.
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Según la cartera, el beneficio del estatuto, contemplado en la Ley 1909 de 2018, “no opera frente a cualquier solicitud presentada por cualquier integrante de la agrupación, sino que corresponde a una organización política declarada en oposición y la solicitud debe provenir de su representante legal o de quien se encuentre formalmente autorizado para actuar en su nombre”. Por tal motivo negó la petición.
Así, la entidad presidida de manera temporal por la viceministra Angélica Verbel López insistió en que “el titular del derecho es la organización política declarada en oposición ante la Autoridad Electoral, en este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, su ejercicio institucional debe realizarse mediante quien ostenta su representación legal”. Argumentos que no cayeron bien en el congresista.
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Así fue la dura respuesta del representante del Centro Democrático: pidió investigación disciplinaria
La interpretación fue calificada por el congresista como un precedente preocupante para el ejercicio de la oposición en el Congreso. “El control político pierde toda eficacia cuando las respuestas llegan después de que termina el Gobierno que debe ser vigilado. La transparencia no puede depender de interpretaciones administrativas que cercenan las garantías de la oposición y retrasan el acceso a información”, remarcó.
De acuerdo con Uscátegui, la decisión desconoce el artículo 112 de la Constitución y vacía de contenido una garantía diseñada para fortalecer el control político de quienes ejercen oposición al Gobierno Nacional. “El Centro Democrático ha sido partido de oposición desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, por lo cual resulta inaceptable que un ministerio limite las herramientas legales con las que cuentan sus congresistas”.
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En ese orden de ideas, el parlamentario anunció la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la actuación de los funcionarios que suscribieron el oficio y se determine si existió una extralimitación de funciones al restringir el alcance del Estatuto de la Oposición; el mismo que le permitirá al senador Iván Cepeda continuar en el Congreso por cuatro años más.
“¿Por qué limitar las garantías de la oposición y retrasar el acceso a información que debe ser pública? Radicaremos una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue una presunta extralimitación de funciones y las eventuales responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo el representante Uscátegui en su respuesta al ministerio, en un caso que él mismo hizo público en sus redes.
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Los delicados cuestionamientos de José Jaime Uscátegui sobre la transparencia en el Gobierno Petro
De las 260 preguntas formuladas por el congresista, solo una parte fue respondida, mientras el resto quedó prorrogado, por lo que esta situación dio pie a cuestionamientos sobre la transparencia y la oportunidad en la entrega de información estratégica. “Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no debería limitar las herramientas que la Constitución reconoce a la oposición ni aplazar la entrega de información”, señaló.
Y dejó en claro que lo que está en juego no solo es el derecho de un congresista, sino “el derecho de millones de colombianos a que exista una oposición con herramientas reales para ejercer control político oportuno y efectivo”. De hecho, destacó que cuando un Gobierno limita esas garantías y posterga la entrega de información estratégica hasta el final de su mandato, “inevitablemente surgen serias preocupaciones”.
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En su queja a la Procuraduría General de la Nación, Uscátegui pidió investigar una posible extralimitación de funciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Defensa y determinar si se configura el delito de prevaricato por acción. Así pues, la determinación de responsabilidades disciplinarias y penales quedará en manos de las autoridades competentes, que deberán aclarar este caso.
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