Gustavo Petro no logró conciliación en demanda en su contra tras reiteradas denuncias de fraude electoral: el proceso seguirá su curso

El proceso judicial impulsado por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia contra las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro, en las que habló sobre un presunto fraude en las elecciones que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, seguirá adelante. Una decisión que generó fuertes repercusiones en el espectro político, a 23 días de que finalice el presente Gobierno.

En efecto, la audiencia de conciliación programada para el miércoles 15 de julio entre las partes terminó sin un acuerdo, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la diligencia judicial y mantuvo abierto el debate sobre el efecto de las afirmaciones del presidente en la confianza pública.

La audiencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, buscaba establecer si existía una fórmula de acuerdo entre las partes respecto a las reiteradas declaraciones de Petro sobre supuestas irregularidades en la segunda vuelta electoral, efectuada el 21 de junio. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances entre las partes, lo que determinó que el expediente siga su trámite ordinario en este tribunal.

Uno de los momentos claves de la audiencia surgió cuando Lasso Lozano preguntó a la defensa presidencial si el mandatario reconocería los resultados oficiales. Ante esto, el abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, afirmó primero que “estas habían sido unas elecciones especialmente transparentes, organizadas y con controles inéditos” y frente a esto sostuvo que lo dicho por el presidente no había afectado el proceso.

“¿Ganó el candidato del progresismo, que tenía una línea ideológica compartida con el presidente Petro? ¿O ganó un candidato de la extrema derecha y opositor? Ahí es donde se ve que el sistema electoral funciona, es transparente y que las advertencias lo que hacen es enriquecer el debate”, explicó el abogado, que con esto intentó demostrar que, pese a lo referido por su cliente, los comicios se llevaron a cabo sin dificultades.

No obstante, el letrado que defiende los intereses del jefe de Estado, también indicó que Petro tendría “pruebas de un fraude masivo” y no ofreció una respuesta clara sobre el reconocimiento de los resultados, lo que, a juicio de la contraparte, generó una contradicción evidente en la postura oficial. La coexistencia de ambos planteos dejó abierta la pregunta sobre la coherencia de la postura del mandatario.

“¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado?“, agregó Carranza, frente a la pregunta en cuestión y expresó que habría un sesgo por parte del togado, pues “no evalúa a la parte demandada, sino que solo considera lo que dice la parte demandante”; señalamientos que causaron una fuerte molestia, según se pudo conocer.

Abogado de Gustavo Petro acusó a la contraparte de “confabular” contra el mandatario; recibió fuerte regaño

A su vez, durante la audiencia se registraron momentos de tensión ante lo que serían, según registros en audio, los señalamientos del abogado presidencial, que acusó a Bejarano y a otros intervinientes de “confabular” con la Procuraduría General de la Nación para actuar en contra de Petro. Estas afirmaciones motivaron la solicitud de sanción por parte de la Procuraduría contra el abogado, rechazada por el magistrado.

Pese a ello, Lasso Lozano hizo un fuerte llamado verbal al abogado para que moderara su tono y evitara señalamientos impropios. La acción popular cuestiona las declaraciones del primer mandatario sobre la existencia de fraude, manipulación del software electoral, irregularidades en formularios y riesgos en el kit de votación. El proceso busca determinar si estos mensajes, proferidos desde la investidura presidencial y sin soportes públicos verificables, pusieron en riesgo la confianza ciudadana y la transparencia electoral.

Así pues, ante el fracaso en la configuración de un pacto de cumplimiento, el tribunal dispuso que el expediente continúe con la práctica de pruebas solicitadas por las partes. En esta nueva fase será clave establecer si Petro entregó material probatorio a las autoridades y cuál es el sustento técnico de sus denuncias; además del efecto que pudieron tener sus declaraciones en la percepción ciudadana.

El caso, como era de esperarse, ha suscitado atención en círculos políticos y académicos interesados en el alcance de la responsabilidad presidencial. Con ello, el tribunal deberá decidir sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas aportadas antes de adoptar una resolución de fondo, en un expediente que seguirá bajo la supervisión del magistrado Luis Manuel Lasso, al no haber un acuerdo en esta etapa inicial.