Congresistas tendrán reducción salarial de $18 millones desde el nuevo periodo legislativo

El próximo Congreso llegará al Capitolio con una diferencia salarial frente a sus antecesores. Los senadores y representantes que asuman sus cargos desde el 20 de julio tendrán una reducción en su remuneración mensual tras la eliminación de la prima especial de servicios, una decisión que modificará uno de los componentes más representativos de su ingreso.

La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y no tendrá aplicación retroactiva. Por esa razón, los actuales congresistas conservarán este beneficio hasta finalizar su periodo, mientras que los nuevos legisladores, elegidos el pasado 8 de marzo, recibirán un salario ajustado desde el inicio de sus funciones.

El cambio representa una reducción cercana a los $18,1 millones mensuales. Con la eliminación de esta prima, el ingreso bruto de los congresistas pasará de aproximadamente $55,1 millones a $37 millones, mientras que el salario neto, luego de aplicar descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y otros aportes, bajará de cerca de $32,8 millones a unos $22 millones.

La prima especial de servicios fue creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y representaba alrededor de una tercera parte de la remuneración total de los legisladores. Su eliminación hace parte de una política de ajuste del gasto público impulsada por el Gobierno, que argumenta la necesidad de reducir diferencias entre los ingresos de los altos funcionarios y el promedio de la población.

Según las estimaciones oficiales, el retiro de este beneficio permitirá un ahorro aproximado de $62.000 millones al año para las finanzas del Estado. Sin embargo, la decisión aún enfrenta un proceso jurídico, debido a las demandas presentadas ante el Consejo de Estado que buscan dejar sin efecto el decreto. Los demandantes cuestionan la facultad del Gobierno para modificar la estructura salarial de los congresistas y advierten que la decisión podría tener efectos sobre otros altos funcionarios cuyos ingresos están relacionados con la remuneración de los legisladores.

Mientras la discusión legal avanza, la aplicación del ajuste está prevista para la instalación del nuevo periodo legislativo. El alto tribunal será el encargado de determinar si la modificación cumple con las normas vigentes y si el Ejecutivo tenía competencia para realizar este cambio.

El Gobierno defendió la medida como parte de un proceso de reorganización del régimen salarial. En el decreto se señala que “la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.

El documento también plantea que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, una situación que, según el decreto, “hace imposible el cierre de brechas” planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida.

La decisión generó debate desde su anuncio. Al referirse al tema, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”. La modificación no debe confundirse con la prima de servicios que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente y corresponde a un pago equivalente a un salario mensual por cada año laborado. La prima eliminada para los congresistas hacía parte de un régimen salarial especial y tenía características diferentes.

Este beneficio fue establecido mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, norma que incorporó la prima especial de servicios al régimen salarial y prestacional de los congresistas contemplado en la Ley 4 de 1992.

Con ese decreto se reemplazaron las primas de localización, vivienda y salud que recibían los legisladores por una prima especial de servicios, considerada factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de Navidad. Así, el nuevo Congreso iniciará su periodo con una estructura salarial distinta a la que tuvieron los legisladores durante más de una década.