La nueva ministra de Educación Viviane Morales, cristiana conservadora, tendrá que lidiar con política de enfoque de género en las escuelas que dejó el Gobierno Petro: en qué consiste

La educación sexual integral quedó como una obligación vigente para el próximo Ministerio de Educación en Colombia, después de que el gobierno saliente dejara en firme una política que ordena fortalecer esa formación con enfoques de género y diversidad.

La ministra designada Viviane Morales deberá ejecutar desde esa cartera la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, adoptada por el gobierno saliente. La resolución le exige impulsar esa formación, incorporar esos enfoques y definir, dentro de los seis meses posteriores a su expedición, un plan de acción para ponerla en marcha.

En uno de sus últimos movimientos antes del relevo presidencial, el gobierno de Gustavo Petro expidió una resolución conjunta para adoptar esa política. El texto fija su vigencia hasta 2035 y convierte a Educación en uno de sus principales ejecutores.

La norma distribuye responsabilidades entre varias entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Trabajo y Cultura. Aun así, al Ministerio de Educación le asigna un papel central para llevar los lineamientos al sistema educativo y sostener su aplicación durante la próxima década.

Las tareas que la resolución le asigna a Educación

La resolución ordena a la cartera diseñar lineamientos, coordinar acciones con las entidades territoriales y hacer seguimiento a la incorporación progresiva de la educación sexual integral. También le exige convertir esa formación en una política transversal del sistema educativo.

Según un informe de la revista Cambio, entre las tareas concretas figuran la elaboración de planes territoriales y la capacitación de docentes en derechos sexuales y reproductivos. El ministerio también deberá promover la inclusión paulatina de esos contenidos pedagógicos en las instituciones educativas del país.

La resolución 1350 de 2026 añade funciones de coordinación para el Ministerio de Educación. La cartera tendrá que expedir lineamientos de política educativa, ofrecer asistencia técnica a las secretarías de Educación certificadas y acompañarlas para que orienten a las instituciones educativas en la aplicación gradual de la estrategia.

El documento también fijó un plazo. En los seis meses siguientes a su expedición deberá quedar definido el plan de acción que pondrá en marcha la política, con coordinación entre varias entidades y con un papel central del ministerio para concretar las medidas.

El gobierno saliente sostuvo en la resolución que la iniciativa busca aplicar mandatos pendientes desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Para ello citó normas vigentes, sentencias de la Corte Constitucional y compromisos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos.

El choque entre la hoja de ruta y las posturas de Morales

Antes de llegar al ministerio, Viviane Morales ya era una voz del sector conservador en debates sobre familia, educación y diversidad sexual. Durante su último periodo como senadora, entre 2014 y 2018, promovió un referendo para restringir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, una iniciativa que terminó archivada en la Cámara de Representantes.

En los últimos años también cuestionó la llamada “ideología de género”. Ese antecedente cobra peso porque la política que ahora deberá aplicar ordena fortalecer la educación sexual integral con enfoques de género, diversidad, derechos humanos e interseccionalidad.

La tensión también pasa por el contexto político de su designación. Abelardo de la Espriella prometió en campaña “acabar con la ideología de género para que Dios entre a las aulas” y la escogió para liderar esa apuesta, con la misión de “sacar a Marx de las aulas para meter a Dios”.

Morales ha defendido públicamente que sus convicciones cristianas orientan su actuación política. A la vez, sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido tensiones por su llegada a un ministerio que debe ejecutar una política basada en derechos, diversidad y no discriminación.

La ministra designada respondió a esas críticas al sostener que su paso por cargos como el de fiscal general muestra que ha actuado con apego a la Constitución y por encima de sus convicciones personales. Esa defensa quedará a prueba con una política pública que el gobierno saliente dejó trazada antes del cambio de mando.

El margen de maniobra del gobierno entrante

La política fue concebida para extenderse más allá del actual gobierno. La resolución no solo fijó objetivos, sino un cronograma de implementación y obligaciones concretas para carteras como Ministerio de Educación.

Mientras esa norma siga vigente, el ministerio deberá cumplir las funciones que le fueron asignadas. Eso significa que la cartera a cargo de Morales tendrá que avanzar en la ejecución de la política, salvo que el acto administrativo sea modificado.

Aun con esa obligación, el nuevo gobierno conserva espacio para decidir cómo llevar la política al terreno. Desde el ministerio, Morales podrá fijar prioridades internas, definir el ritmo de aplicación, repartir recursos y escoger la forma concreta en que se pondrán en práctica varias de las acciones previstas.