En medio de la polémica por minería ilegal en Santurbán, Ministerio de Ambiente de Petro presentó hoja de ruta para la protección de los páramos

El Ministerio de Ambiente presentó una nueva metodología para avanzar en la delimitación progresiva de los páramos en Colombia, iniciando por el de Santurbán, en Santander, a través de tres proyectos normativos que buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.

La propuesta se dio a conocer el 15 de julio de 2026, pocos días antes de una reunión clave con comunidades en Bucaramanga.

La Resolución 863 de 2026 introduce una metodología nacional para la delimitación participativa de los páramos, aplicable a municipios donde ya se logró concertar los seis temas definidos por la Corte Constitucional.

Según la cartera de Ambiente, este mecanismo permite tomar decisiones jurídicas concretas en los territorios que han culminado la fase de participación, mientras se mantiene el proceso en los demás municipios y se evita fragmentar los ecosistemas.

El primer proyecto publicado propone delimitar de forma progresiva 29.199,44 hectáreas del complejo de páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, distribuidas en 19 municipios que avanzaron en la concertación. Además, se incorporan nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y la fiscalización, así como la protección de las fuentes de agua y los mecanismos de financiación.

La resolución indica que las autoridades ambientales regionales tienen la responsabilidad de garantizar una participación amplia, pública y deliberativa de la ciudadanía en la elaboración del plan de manejo ambiental, la zonificación, el régimen de usos, los programas de reconversión productiva, la protección de fuentes hídricas, el modelo de financiación y la fiscalización. El documento señala que este esquema participativo no modificará el polígono ya delimitado ni habilitará la minería en el área de páramo.

En el texto se enuncian 33 parámetros técnicos para la protección de las fuentes hídricas de la estrella fluvial de Santurbán. Estos abarcan temas como gestión de la información, planificación, administración, conservación, educación ambiental y participación de diferentes actores.

El segundo proyecto normativo presentado plantea la declaratoria de una Reserva de Recursos Naturales Renovables en la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en el municipio de California.

Según informes técnicos del Servicio Geológico Colombiano y el Ideam, el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas operan como un solo sistema hídrico. La reserva abarcaría 1.499,23 hectáreas y, de adoptarse, no se podrán otorgar licencias ni autorizaciones para realizar mediana y gran minería en esa zona. Se hace la salvedad de que los proyectos mineros con títulos y permisos vigentes quedarán sujetos a la legislación actual y no a los nuevos efectos de la declaratoria.

El tercer proyecto, referente a la actualización y prórroga de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal, amplía la superficie protegida. Esta área pasaría de 75.344,42 a 75.432,42 hectáreas, al incorporar cerca de 88 nuevas hectáreas cuyo estatus jurídico cambió recientemente. En esa zona, no se otorgarán nuevas concesiones mineras ni permisos para exploración o explotación, siguiendo el principio de precaución. Los títulos y permisos mineros ya vigentes continúan sujetos a la normativa existente.

La prórroga de la medida de reserva temporal se extiende hasta el 4 de marzo de 2029, plazo durante el cual se completarán los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos necesarios antes de tomar decisiones definitivas. El Ministerio aclaró que la prórroga mantiene la protección ya existente y no introduce restricciones adicionales.

La cartera de Ambiente remarcó que estos instrumentos jurídicos no desconocen la particularidad de la pequeña minería tradicional ni los procesos de formalización en curso. En áreas de páramo, la minería está prohibida conforme a la ley vigente, pero los procesos de formalización de pequeña escala pueden proseguir, siempre que cumplan con la evaluación ambiental y acrediten su compatibilidad con la protección del sistema hídrico.

“Estos instrumentos normativos no desconocen la realidad de la pequeña minería tradicional de arraigo comunitario ni de los procesos de formalización que ya se encuentran en curso. Por el contrario, claramente diferenciamos las situaciones jurídicamente consolidadas, los procesos de formalización y la minería de pequeña escala”, expresó la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres.

En relación a la minería desarrollada por actores armados o al margen de la ley, el Ministerio indicó que corresponde a las autoridades competentes ejercer las acciones previstas en el ordenamiento jurídico.

La ciudadanía puede presentar comentarios sobre los tres proyectos entre el 14 y el 29 de julio de 2026. Todas las observaciones serán revisadas antes de la adopción de medidas definitivas por parte del Ministerio de Ambiente.