La Corte Suprema condenó al excongresista Germán Olano a 40 meses de prisión por el carrusel de la contratación después de casi 20 años

La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Germán Olano a 40 meses y 15 días de prisión por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, al concluir que intervino en forma ilegal para favorecer la adjudicación de un contrato de la Fase III de TransMilenio por la calle 26, un caso que casi dos décadas después del escándalo sigue produciendo sentencias y derivaciones penales.

La decisión también ordenó que indemnice al IDU con $3.436.759.367 por daños materiales, le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 4 años y 28 días, y fijó una multa equivalente a 44,53 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El alto tribunal negó la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, y dispuso librar de inmediato la orden de captura.

Como Olano vive actualmente en Miami, en Florida, Estados Unidos, la sentencia incluyó además una notificación roja de Interpol para que las autoridades de 196 países puedan ubicarlo y detenerlo provisionalmente hasta su entrega a Colombia.

Según la sentencia, el exsenador y exrepresentante a la Cámara fue hallado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos dentro del expediente por corrupción que se remonta a la administración del fallecido alcalde Samuel Moreno Rojas.

La Sala Especial de Primera Instancia estableció que su actuación fue determinante para favorecer de manera irregular la adjudicación del contrato 137 de 2007.

El fallo concluyó que Olano actuó como intermediario para beneficiar al Grupo Nule, representado por la Unión Temporal Transvial, pese a que esa propuesta no cumplía requisitos básicos de la licitación, entre ellos el cupo de crédito exigido.

En el proceso para construir la Fase III de Transmilenio por la calle 26 se presentaron dos proponentes: uno fue rechazado por exceder el presupuesto del proyecto y el otro afrontaba el riesgo de que la licitación se declarara desierta por falta de requisitos.

De acuerdo con la Corte, en ese contexto Miguel Eduardo Nule Velilla ubicó a Olano para aprovechar su cercanía con el contratista Héctor Gómez, una persona con influencia en el IDU, en especial sobre Liliana Pardo, con el fin de salvar la licitación y sacar adelante el contrato.

La sentencia de 99 páginas relató que el entonces congresista participó en reuniones en las que se acordó el pago de un soborno de $1.750 millones para influir en la adjudicación. Esos recursos, señaló el tribunal, fueron entregados a través de contratos de obra simulados.

El documento también precisó que Nule Velilla habría pactado con Olano y con el empresario Héctor Julio Gómez la entrega de $3.500 millones para sacar adelante ese negocio ilícito. Durante el proceso, el excongresista ya había aceptado responsabilidad por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, pero se declaró inocente del cargo por el que ahora fue condenado.

La Corte sostuvo: “Si bien Olano Becerra no era el servidor que tenía a su cargo funciones contractuales con relación a la referida operación, sí concurrió junto a los servidores públicos que las tenían para lograr su cometido criminal”.

En otra parte del fallo añadió que sus conductas “derivaron en el detrimento de los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad que gobiernan la contratación estatal como manifestación de la administración pública”.

La Sala compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Miguel Eduardo Nule Velilla por el presunto delito de falso testimonio. Esa decisión apareció como uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento, además de la condena contra Olano.

El caso de Olano se inscribe en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Bogotá, que involucró a funcionarios, contratistas, congresistas y empresarios durante la alcaldía de Samuel Moreno, del Polo Democrático, entre 2008 y 2010.

La Fiscalía acusó a los hermanos Miguel, Manuel y Guido Nule de falsificar documentos y pagar sobornos para quedarse con contratos de construcción de la tercera fase de TransMilenio, y en 2011 fueron condenados a 15 años por peculado, uno de los cinco delitos imputados.

El proceso contra el excongresista tomó impulso en junio de 2010, cuando apareció una grabación en la que Miguel Nule hablaba con Olano sobre las coimas que tendría que pagar al entonces representante y a Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor distrital. Esa grabación desató el escándalo y llevó a la apertura de procesos disciplinarios y penales.

Los Nule acusaron a Olano de haber sido el intermediario entre ellos y Moralesrussi para el pago de sobornos exigidos por el excontralor y por la exdirectora del IDU Liliana Pardo. Años antes de esta condena penal, el 25 de febrero de 2011, la Procuraduría General destituyó de forma retroactiva a Olano y lo inhabilitó por 15 años por incremento injustificado de patrimonio, concusión y por no presentar la declaración de bienes e ingresos correspondiente al período 2007-2010.

Después de un recurso de la defensa, el entonces procurador Alejandro Ordóñez retiró el cargo por incremento de patrimonio injustificado y redujo la inhabilidad a 12 años.

Otro de los condenados dentro del carrusel fue Emilio Tapia, sentenciado en 2015 a siete años de prisión por hurto agravado, calificado y falsedad en documento privado, y beneficiado con libertad condicional en 2019.