Juan Fernando Cristo respondió a los cambios anunciados por De la Espriella en la política de paz: “Comienza el desmonte de la institucionalidad”

El presidente del partido En Marcha y exministro del Interior Juan Fernando Cristo respondió a los anuncios realizados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, relacionados con la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para los Derechos Humanos.

A través de un comunicado divulgado el 14 de julio, la colectividad afirmó que “el Acuerdo de Paz de 2016 es una política de Estado” y expresó su rechazo a cualquier iniciativa que, según indicó, debilite la institucionalidad creada para su implementación.

El pronunciamiento del partido se produjo luego de que el mandatario electo anunciara que, una vez asuma el cargo el 7 de agosto, eliminará varias dependencias relacionadas con la política de paz y trasladará esas funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. En sus declaraciones también cuestionó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que en su administración “no habrá más procesos de falsa paz”, además de afirmar que impulsará el desmonte de lo que calificó como un sistema de impunidad.

En Marcha advierte sobre los compromisos del Estado

En el comunicado, el Partido En Marcha señaló que observa con preocupación los anuncios formulados por el presidente electo respecto a la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la revisión de la política de paz, así como las declaraciones sobre la posible desaparición de la Unidad para la Implementación y de la Consejería para los Derechos Humanos.

La colectividad sostuvo que, aunque cada gobierno tiene la facultad de definir sus prioridades, esa competencia debe ejercerse dentro del marco de la Constitución, del Estado de Derecho y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.

El documento enfatiza que “El Acuerdo Final de Paz de 2016 no es una política pública ordinaria ni un programa exclusivo de un gobierno. Es un acuerdo suscrito por el Estado colombiano, incorporado al ordenamiento jurídico, acompañado por países garantes y respaldado de manera permanente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante su mecanismo de verificación. Su implementación trasciende los ciclos electorales y constituye un compromiso institucional del Estado con las víctimas, los territorios y la comunidad internacional”.

Asimismo, En Marcha manifestó que considera especialmente grave cualquier discurso que pueda derivar en la estigmatización de los firmantes del acuerdo que han cumplido con la dejación de armas, se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y desarrollan sus procesos de reincorporación dentro de la legalidad. Según el comunicado, en un contexto de polarización política, “señalar colectivamente a quienes han honrado los compromisos adquiridos incrementa los riesgos de seguridad, deteriora la confianza en los procesos de reincorporación y envía un mensaje equivocado a quienes aún creen que la paz es un camino posible”.

Cristo alerta sobre posibles consecuencias

Juan Fernando Cristo afirmó que las decisiones anunciadas por el presidente electo podrían tener efectos sobre la institucionalidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz.

“Con esas decisiones expresadas por el nuevo presidente comienza el desmonte de la institucionalidad creada para asegurar la implementación del acuerdo. Eso, y enviar mensajes que desconozcan la buena fe de quienes se acogieron a él puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad democrática y para la seguridad en los territorios”, afirmó el exministro del Interior.

La colectividad recordó además que el acuerdo de paz permitió la desmovilización de más de 13.000 personas y aseguró que más del 90% de los firmantes ha cumplido con los compromisos adquiridos. También indicó que, desde la firma del acuerdo, el Estado colombiano acudió a la verificación de las Naciones Unidas y creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, concebido para garantizar los derechos de las víctimas y brindar seguridad jurídica dentro de un modelo de justicia transicional reconocido internacionalmente.

El llamado al gobierno entrante

En su declaración, el Partido En Marcha hizo un llamado al gobierno entrante para que cualquier reforma institucional relacionada con la política de paz se adelante mediante el diálogo democrático, el respeto por la Constitución y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano, preservando las garantías para las víctimas, los firmantes del acuerdo y las comunidades vinculadas a los procesos de reconciliación.

Adicionalmente, solicitó a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pronunciarse frente a lo que considera amenazas contra la institucionalidad del acuerdo de paz, al señalar que estas podrían afectar los procesos de reincorporación y aumentar la violencia contra quienes dejaron las armas y se reintegraron a la vida civil.

El partido concluyó reiterando que “continuará defendiendo el acuerdo final como una política de Estado, la protección de los firmantes que han cumplido su palabra y el principio de que la paz constituye un patrimonio institucional de todos los colombianos”.