Gobierno Petro modificó el cobro por el uso del agua en Colombia: así cambiará la tasa por utilización desde 2027

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0700 de 2026, mediante el cual modifica aspectos de la fórmula para el cobro de la Tasa por Utilización de Agua (TUA), con el propósito de incorporar criterios sociales, económicos y territoriales en este instrumento ambiental.

Según la medida, liderada por los ministerios de Ambiente y de Agricultura, busca fortalecer la aplicación de principios de justicia ambiental, brindar mayor transparencia al sistema y reconocer las diferencias entre los usuarios del recurso hídrico en el país.

La nueva regulación también ratifica que los recursos obtenidos por concepto de la TUA deberán continuar destinándose, conforme a la ley, a acciones de protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, así como a la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos.

El esquema comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027, periodo durante el cual las autoridades ambientales deberán adecuar sus sistemas de información, monitoreo y facturación.

Nuevos criterios para calcular el cobro

La principal modificación del Decreto 0700 de 2026 consiste en ajustar la fórmula utilizada para calcular la Tasa por Utilización de Agua, incorporando variables que reflejen las condiciones sociales y económicas de los territorios y de los usuarios.

Entre los cambios anunciados se encuentra la inclusión de criterios relacionados con las condiciones sociales y económicas de la población, la prelación de los usos del agua y la diferenciación de las condiciones de presión por demanda sobre las fuentes hídricas, utilizando como referencia los índices definidos por el Ideam.

Uno de los aspectos centrales de la reforma corresponde al coeficiente socioeconómico que hace parte del factor regional de cobro. Hasta ahora este componente se sustentaba en un único indicador macroeconómico; con la nueva normativa pasará a considerar tres variables territoriales: las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) municipales, las categorías municipales y el Sisbén, cuando corresponda. Además, el decreto incorpora el reconocimiento de los usos colectivos y comunitarios del agua, con el propósito de beneficiar principalmente a familias campesinas y productores agropecuarios.

Según explicó el Gobierno, estos ajustes buscan que el esquema de cobro tenga en cuenta las diferencias existentes entre los distintos territorios y sectores productivos del país, dentro del enfoque de justicia ambiental promovido por la nueva regulación.

Recursos seguirán destinados a la protección del agua

La norma también reafirma el destino legal de los recursos obtenidos mediante la TUA. En ese sentido, las autoridades ambientales deberán emplearlos en acciones de protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, además de actividades relacionadas con la preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento sobre los páramos.

Durante la presentación del decreto, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, destacó el alcance de la medida y la destinación de los recursos recaudados. “Con la expedición de este decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza que los recursos recaudados por el uso del agua en el país retornen a los territorios para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos, transformándose en acciones concretas para la restauración de ríos, páramos y cuencas hidrográficas. Así consolidamos un mandato en el que la gestión del agua pone la vida en el centro y reconoce este recurso como un bien común que ordena el territorio y garantiza el bienestar de las comunidades”.

La cartera señaló que, además de introducir cambios en la metodología de cálculo, el decreto pretende fortalecer este instrumento mediante reglas más claras, mayor transparencia y un mejor acceso a la información para los usuarios y las autoridades competentes.

El Gobierno precisó que la implementación del nuevo esquema de cobro iniciará el 1 de enero de 2027. Durante ese año, las autoridades ambientales deberán realizar los ajustes necesarios en sus sistemas de información, monitoreo y facturación para aplicar las nuevas disposiciones establecidas en el decreto.

De acuerdo con lo informado, los cobros que se emitan una vez concluido ese periodo de adecuación deberán realizarse conforme a la nueva metodología definida en la norma, incorporando los criterios sociales, territoriales y ambientales previstos por el Gobierno Nacional para la Tasa por Utilización de Agua.