Contraloría tomó decisión en el conflicto entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo: revelan veredicto sobre su gestión en el Fondo Adaptación

Han pasado siete meses desde que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, protagonizó un escándalo en el Gobierno nacional al denunciar una serie de irregularidades en la entidad que heredó del hasta hace poco director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Carlos Carrillo.

En aquel momento, el enfrentamiento entre funcionarios fue catalogado como ‘fuego amigo’ en el Ejecutivo y, entre otras, como una venganza personal de Rodríguez hacia Carrillo. Sin embargo, tras medio año de denuncias e investigaciones, finalmente se conoció el veredicto que dio la Contraloría General de la República sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Carrillo.

Según el documento revelado por la revista Cambio, el ente de control confirmó baja ejecución en proyectos de La Mojana y hallazgos administrativos y disciplinarios, pero descartó que se hubiera concretado el riesgo de devolver $378.000 millones al Ministerio de Hacienda.

La Contraloría General de la República concluyó que las denuncias de Rodríguez tenían sustento en puntos centrales, en especial por la ejecución de 0,82% del presupuesto de 2025 en La Mojana y por deficiencias en la supervisión de la ruta del arroz. También estableció que el riesgo de reintegro de $378.000 millones no se materializó y confirmó una indagación preliminar por el cambio de sede del Fondo Adaptación.

Rodríguez denunció en diciembre varias presuntas irregularidades después de asumir como gerente encargada el 4 de noviembre de 2025. Luego fue designada en propiedad el 14 de enero de 2026.

Carrillo dirigió el Fondo Adaptación entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La revisión del organismo de control se concentró en los señalamientos sobre esa administración.

Lo que halló la Contraloría en La Mojana

El principal hallazgo se concentró en La Mojana, donde el Fondo Adaptación tenía destinados $1,1 billones para el proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal ante Desastres y Riesgos Climáticos entre 2024 y 2026. El mayor rubro correspondía a 2025, con $568.453 millones.

De ese monto, durante 2025 solo se ejecutó el 0,82%, equivalente a $4.650.017.713. La Contraloría concluyó que esa cifra reflejó una baja ejecución física y financiera del proyecto, según el documento revelado por Cambio.

El organismo también relacionó ese resultado con la licitación desierta de diciembre de 2024 para contratar los estudios y diseños. Según su evaluación, esa decisión afectó de forma directa la meta de intervención integral en La Mojana.

La Contraloría señaló además que, tras analizar ese proceso fallido, en julio de 2025 recalculó los recursos requeridos para el proyecto de dinámicas hídricas. El valor pasó de $104.365 millones a $808.168 millones, según reveló Cambio.

Además, determinó que el 99% de los recursos del presupuesto de 2025 quedó en reserva. Ese punto fue catalogado como hallazgo administrativo.

Las fallas detectadas en la ruta del arroz

Otro frente revisado fue la ruta del arroz, un contrato firmado en diciembre de 2024 para impulsar una estrategia de desarrollo socioeconómico en La Mojana por medio de ese cultivo. Rodríguez había advertido que el proyecto, iniciado en marzo de 2025, cerró el año con 0% de ejecución.

Carrillo sostuvo que ordenó frenar pagos al contratista tras recibir una denuncia de presunta corrupción sobre el proceso. También se desmarcó de la estructuración del contrato y atribuyó esa decisión a otros funcionarios de su administración.

La Contraloría examinó ese expediente y reprochó que la disputa alrededor del contrato desplazó los tiempos de ejecución, las metas y el propósito previsto. El contrato se suscribió por $36.211 millones, con una interventoría de $4.280 millones.

La primera etapa debía terminar en julio de 2025, pero concluyó en noviembre. La segunda, prevista entre julio y octubre, tampoco avanzó como estaba programada.

Sobre ese caso, la Contraloría determinó que hubo deficiencias y falta de eficacia en la supervisión, porque no se destrabó el proyecto ni se tramitaron a tiempo las actuaciones administrativas necesarias. También advirtió que al 31 de diciembre de 2025 persistían obstáculos para el pago, pese a que la primera etapa ya había terminado, porque faltaban aprobaciones de productos y avales.

Ese episodio configuró un hallazgo con posibles connotaciones disciplinarias. La revisión oficial también abarcó la gestión administrativa y de control del contrato.

Qué no se confirmó y qué sigue bajo indagación

Uno de los señalamientos que no prosperó fue el riesgo de reintegro de recursos al Ministerio de Hacienda. Rodríguez había advertido en diciembre que podían devolverse $378.000 millones por la baja ejecución de las metas de 2025, que ubicó en 47%.

La Contraloría concluyó que ese riesgo no se concretó. Según estableció, el Fondo Adaptación pidió al Ministerio de Hacienda mantener esos recursos en el rubro de Acreedores Varios Sujetos a Devolución.

En cuanto al traslado de sede, el organismo confirmó una indagación preliminar por los hechos denunciados por la gerente. El cambio se hizo del Centro Administrativo Nacional al complejo Connecta el 30 de diciembre de 2024, y luego Rodríguez revirtió esa decisión en diciembre de 2025 con el arriendo de otra sede en el Centro Internacional de Bogotá.

Rodríguez aseguró que la mudanza autorizada por Carrillo elevó el canon mensual de $94 millones a $214 millones, un alza de 195%. La Contraloría coincidió en que la decisión afectó el plan de austeridad, pero fijó un aumento distinto: los pagos por arriendo pasaron de $1.241 millones en 2024 a $2.351 millones en 2025, lo que equivale a 89,4%.

La gerente explicó al organismo que la entidad detectó subutilización del espacio en Connecta, interrupciones por protestas sociales y dificultades de transporte. Con ese argumento justificó el traslado definitivo en diciembre de 2025 a la sede del Centro Internacional, donde, según su versión, se logró un canon menor y un esquema unificado de costos.

La auditoría también detectó otros hallazgos por $8.111 millones en contratos de vivienda ajenos a la disputa entre Rodríguez y Carrillo. En el caso de La Mojana, la evaluación oficial advirtió además un deterioro de la credibilidad del Fondo en la región por los retrasos y las decisiones pendientes.