Concejal de Cambio Radical fue detenido por porte ilegal de armas en Cundinamarca

La captura del concejal de Cambio Radical José Wilmer Jiménez Cifuentes, en el municipio de El Peñón (Cundinamarca), por el presunto delito de porte ilegal de armas puso el foco sobre su situación judicial.

El cabildante fue detenido durante un procedimiento de las autoridades y quedó a disposición de la justicia para responder por los cargos que se le imputan.

La alcaldesa de La Palma, Nelly Rodríguez, confirmó a Caracol Radio que el cabildante fue capturado el lunes 13 de julio, hacia las 6:30 p. m., durante un procedimiento adelantado por las autoridades en El Peñón.

“Las autoridades llegaron hasta el municipio de El Peñón y allí fue capturado. Me indican que por porte ilegal de armas”, manifestó la mandataria al medio.

De acuerdo con Blu Radio, Jiménez Cifuentes, quien fue elegido concejal para el periodo 2024-2027, se desplazaba en motocicleta cuando fue requerido en un puesto de control. Tras su detención, unidades de la Sijín realizaron los actos urgentes correspondientes.

El dirigente político quedó a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Entre tanto, el partido Cambio Radical informó que analiza el caso antes de emitir un pronunciamiento oficial.

Fenalco Atlántico propone flexibilizar el porte legal de armas

El episodio ocurre en un momento en el que el país discute si debe mantenerse el actual esquema de restricciones al porte de armas o, por el contrario, flexibilizar los permisos para determinados ciudadanos.

La controversia tomó fuerza después de que Fenalco Atlántico propusiera revisar la política vigente para permitir que comerciantes y civiles que cumplan requisitos estrictos puedan portar armas de manera legal, argumentando que la extorsión y las amenazas de grupos criminales han obligado al cierre temporal de numerosos negocios en municipios como Barranquilla, Soledad y Malambo.

El presidente de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, aseguró que muchos tenderos y pequeños empresarios enfrentan una situación de vulnerabilidad frente a las estructuras criminales, por lo que considera necesario abrir la discusión sobre mecanismos adicionales de protección.

Sin embargo, la propuesta ha generado posiciones encontradas entre expertos en seguridad, funcionarios y dirigentes políticos.

Germán Rodríguez defendió el porte legal de armas para civiles

Durante un debate ralizado en La FM, el senador electo Germán Rodríguez defendió la posibilidad de que ciudadanos puedan acceder al porte legal de armas siempre que superen filtros rigurosos.

Según explicó, la autorización debería estar condicionada a exámenes médicos y psiquiátricos, estudios de antecedentes, cursos obligatorios de manejo y evaluaciones de idoneidad.

Rodríguez sostuvo que el principal problema de seguridad en Colombia no está relacionado con las armas legales, sino con el mercado ilegal.

Durante la discusión afirmó que en el país circularían entre cuatro y seis millones de armas ilegales y aseguró que entre el 95% y el 98% de los delitos con armas de fuego son cometidos con armamento ilícito. Según indicó, apenas cerca del 1% correspondería a armas registradas legalmente.

Además, cuestionó la continuidad del decreto que restringió la expedición de permisos para portar armas desde el gobierno de Juan Manuel Santos, al considerar que esa medida no logró una reducción significativa de los delitos con armas de fuego.

Hugo Acero cuestionó ampliar los permisos para portar armas

En contraste, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero rechazó la propuesta y defendió las políticas de restricción al porte implementadas durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa.

Acero sostuvo que las armas con permisos legales también han estado involucradas en homicidios y recordó un análisis realizado con información de Medicina Legal correspondiente a 1999, en el que, de 723 armas utilizadas en asesinatos, 240 contaban con salvoconducto vigente.

Para el exfuncionario, ese antecedente demuestra que ampliar el acceso al porte legal no garantiza una disminución de la violencia y, por el contrario, puede incrementar los riesgos.

También afirmó que Bogotá redujo su tasa de homicidios desde cerca de 80 casos por cada 100.000 habitantes hasta aproximadamente 23, como resultado de una estrategia integral que incluyó restricciones al porte de armas, fortalecimiento institucional y políticas de convivencia.

Acero agregó que la Corte Constitucional ha expresado reparos frente a una ampliación del porte para particulares y recordó que incluso quienes utilizan un arma legal en un caso de legítima defensa deben demostrar posteriormente que actuaron dentro de los límites establecidos por la ley.

A esa postura se sumó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien afirmó en Caracol Radio que Colombia aún no cuenta con las condiciones necesarias para flexibilizar el porte de armas debido a las falencias existentes en materia de control, trazabilidad e investigación.

El funcionario señaló que el país carece de mecanismos suficientes para hacer seguimiento a las armas registradas legalmente y advirtió que durante años hubo amnistías para quienes no renovaban sus permisos, además de escasas investigaciones sobre armas legales extraviadas o utilizadas posteriormente en hechos delictivos.