Fiscalía judicializa a dos funcionarios del Inpec por fuga con cuerda artesanal de integrante del Tren de Aragua

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras reunir pruebas que los vinculan con la fuga de un ciudadano venezolano, señalado de integrar el grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.

El escape se registró el 1 de abril de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, donde el interno permanecía bajo custodia con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.

Según los resultados de la investigación, los servidores públicos habrían facilitado la evasión del privado de la libertad a cambio de una suma cercana a 500 millones de pesos. Los implicados fueron identificados como el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero. Ambos enfrentan cargos por los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio, luego de que el fiscal del caso presentara los elementos materiales probatorios ante una juez de control de garantías.

El análisis de las circunstancias reveló una serie de omisiones durante el turno de vigilancia en la noche del escape. Según el expediente, los funcionarios dejaron abierta la puerta de la lavandería, omitieron los controles obligatorios de conteo y no activaron la alerta de fuga ni registraron novedades en la minuta de servicio. La ausencia del interno solo fue detectada al día siguiente en horas de la mañana, cuando se verificó que la celda estaba vacía.

El mecanismo utilizado para la huida consistió en una cuerda artesanal confeccionada con sábanas y prendas de vestir, que permitió al interno descender desde la ventana de su celda y abandonar el penal sin ser detectado. El recluso, requerido por las autoridades peruanas, permaneció prófugo durante más de un mes y fue recapturado el 8 de mayo en la ciudad de Medellín (Antioquia), en un operativo conjunto de la Policía y la Interpol.

Las pesquisas arrojaron que los funcionarios judicializados habrían recibido el dinero a cambio de facilitar el escape y omitir sus deberes de vigilancia y control, permitiendo la salida del hombre considerado de alto valor para las autoridades internacionales. El caso puso en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad penitenciaria y la existencia de redes de corrupción dentro de algunos establecimientos carcelarios del país.

En audiencia pública, la Fiscalía presentó la evidencia recopilada y expuso que las acciones de los funcionarios no respondieron a una negligencia casual, sino a una conducta deliberada y concertada con el objetivo de favorecer la fuga a cambio de una retribución económica. Por estos hechos, la juez de control de garantías impuso a Yunda Fajardo y Melo Forero medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Durante la diligencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados, por lo que la investigación continuará en etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la comisión de los delitos de corrupción y de facilitación de la evasión carcelaria.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los penales de máxima y mediana seguridad en Colombia, así como sobre los mecanismos internos de control y vigilancia. Las autoridades penitenciarias han anunciado una revisión de los protocolos en La Picota y otros establecimientos, así como la implementación de nuevas medidas para prevenir la repetición de incidentes similares.

La fuga del integrante del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región, generó alerta entre las autoridades nacionales e internacionales. El proceso judicial en curso contra los funcionarios busca sentar un precedente para la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario y garantizar la integridad de los procedimientos de extradición y custodia de personas de alto perfil criminal.

La Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir y sancionar la corrupción en todos los niveles, especialmente cuando afecta la seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de la custodia de la población privada de la libertad.