
Los países que integran el Escudo de las Américas —Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago— difundieron en una carta el viernes 10 de julio de 2026 una declaración conjunta en la que expresan “profunda preocupación” por el desconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales.
Aunque no aludieron directamente al nombre de Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia que afirmó que desconoce la elección de Abelardo de la Espriella por un presunto “fraude”, rechazaron las “declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre sobre el curso normal de la transición institucional”.
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Según el comunicado oficial, las naciones firmantes sostienen que “en toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —libremente expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público”.
Añadieron que ignorar o desconocer los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades —como la Registraduría, el CNE y el Consejo de Estado— “constituye un grave desconocimiento de la voluntad popular y de los principios que sustentan el Estado de Derecho”.
En ese sentido, la alianza multilateral rechazó las declaraciones, acciones o decisiones que “busquen deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos”. De la misma manera, condenaron la intención de desacreditar “sin fundamentos” a las autoridades electorales colombianas “u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”.
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“La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino más bien un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular”, escribieron los voceros de la alianza.
En ese sentido, los estados firmantes hicieron un firme llamado a todas las autoridades colombianas a que actúen “con estricto apego” a la Carta Magna colombiana, las leyes nacionales y los principios democráticos.
De la misma manera, a que se “respeten los resultados oficialmente proclamados por las autoridades electorales competentes, y garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, conforme a los más altos estándares del Estado de Derecho”.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó que su sector actuará conforme a la Constitución: “Las autoridades electorales dijeron quién es el presidente”
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reconoció el jueves 9 de junio de 2026, la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia. También hizo énfasis en la legitimidad de las instituciones electorales, de cara a la postura del presidente saliente, Gustavo Petro, que aún no ha aceptado el resultado de los comicios.
De hecho, el viernes, 10 de julio de 2026, afirmó que conoció que una empresa israelí —Blackore—, según denunció, “puso 500.000 bots: perfiles falsos, para manipular la conciencia del electorado colombiano con millones de mentiras sobre Iván y sobre mí”.
Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que “ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026, es el doctor De la Espriella”, afirmó Sánchez durante un acto oficial en Bogotá.
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Sánchez recordó que hasta el 6 de agosto de 2026 Petro continuará siendo el jefe de Estado, pero remarcó la prevalencia del mandato popular y la legalidad por encima de cualquier “especulación política”.
En un contexto de incertidumbre y llamados a la “resistencia activa” por parte de Petro, Sánchez dejó claro que las Fuerzas Armadas y la fuerza pública cumplirán su papel constitucional.
“Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral y la que tuvieron los colombianos en las urnas. Y eso confirma aún más que la fuerza pública, el sector defensa, es un garante de la democracia”.
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