El exsenador y exprecandidato presidencial David Luna radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar de manera inmediata la contratación masiva de personal en el emblemático Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
La acción judicial apunta contra el Decreto 0685 de 2026, expedido el 2 de julio por el Gobierno nacional de Gustavo Petro bajo la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.
Según denunció el líder político, la administración del presidente Gustavo Petro eliminó de forma irregular los frenos técnicos existentes para vincular a más de 1.600 personas en una infraestructura de salud que todavía no está lista para atender pacientes.
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Luna solicitó formalmente una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de este acto administrativo, con la advertencia sobre el grave riesgo fiscal y administrativo que representa.
El dirigente opositor señaló que el “decretazo” gubernamental eliminó deliberadamente el requisito de provisión gradual que amarraba la contratación a la entrega real de los edificios recuperados del complejo hospitalario, sustituyéndolo por un criterio ambiguo de despliegue nacional que carece de sustento logístico.
La denuncia pública de David Luna sobre contratos amarrados sobre el papel
El Hospital San Juan de Dios, clausurado en 2001 por una crisis financiera, se convirtió en una de las principales promesas en salud de la actual administración.
No obstante, David Luna argumentó que la urgencia del Ejecutivo por crear una robusta planta de empleados en un hospital inoperativo responde a un afán puramente político y contractual antes de que culmine su periodo en la Casa de Nariño.
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A través de su cuenta en la red social X, el exlegislador de Cambio Radical cuestionó con severidad el uso de las facultades presidenciales para modificar la planta del centro asistencial y del Instituto Materno Infantil sin que existan las condiciones físicas mínimas.
“Bienvenido sea un hospital que esté listo para salvar vidas, no uno que un gobernante arme en el papel para dejar amarrados unos contratos ilegales”, escribió Luna en la red social.
Además, escribió en la misma plataforma digital: “El Gobierno Petro le quitó al Hospital San Juan de Dios, por medio de un decretazo, el único freno que existía para contratar 1.686 personas, sin que el complejo esté listo para atender un solo paciente. Por eso presenté una demanda de nulidad y pedimos suspensión provisional para frenar esas contrataciones”.
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Los argumentos técnicos y jurídicos de la demanda de nulidad de David Luna
El documento radicado formalmente ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo detalla que el nuevo decreto modifica de fondo las reglas de juego fijadas originalmente en el Decreto 11 de 2025.
Luna expuso ante los magistrados que se sustituyó el criterio técnico original de adecuación física por conceptos de “operatividad territorial” que abren la puerta a nombramientos sin control.
En el cuerpo de la acción judicial, el exsenador especificó las presuntas violaciones jurídicas en las que habrían incurrido los ministerios de Hacienda y de Salud al saltarse los principios de la función pública.
“Sustituyendo el criterio de provisión gradual de los 1.686 empleos de la planta de personal del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, originalmente atado a la disponibilidad de los edificios recuperados del complejo hospitalario, por un criterio de ‘operatividad territorial’ y ‘despliegue nacional’”, se lee en el texto legal presentado por Luna.
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La reapertura del histórico hospital estuvo rodeada de intensos debates entre la nación y el Distrito de Bogotá respecto a los costos de restauración, los tiempos de ejecución y las intervenciones arquitectónicas.
Aunque ambas administraciones habían pactado una hoja de ruta técnica conjunta, la expedición solitaria de este decreto por parte del Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, reabrió las tensiones institucionales.
David Luna concluyó que la sola confrontación del nuevo decreto con las leyes superiores evidencia una flagrante irregularidad que el alto tribunal debe frenar con urgencia para proteger el presupuesto de la salud.
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