La EPS Famisanar emitió un comunicado oficial en el que desmintió que, en medio del proceso de empalme de la intervención administrativa, existan abogados, gestores o intermediarios autorizados para acelerar pagos, gestionar contratos, programar citas o realizar cualquier trámite institucional en representación de la entidad.
La comunicación, divulgada el jueves 9 de julio, está dirigida a la red de prestadores, proveedores, aliados estratégicos y ciudadanía en general, y precisa que ninguna persona o firma externa cuenta con facultades para intervenir en procesos administrativos, operativos o contractuales de la EPS, por lo que cualquier ofrecimiento realizado en ese sentido carece de validez.
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La entidad agregó que, como consecuencia de esa aclaración, “quedan expresamente desvirtuadas todas las promesas, ofrecimientos o compromisos realizados por terceros que manifiesten tener capacidad para agilizar pagos, conseguir citas, gestionar contratos, priorizar trámites, intervenir en procesos internos o representar decisiones de EPS Famisanar S.A.S.”.
La EPS enfatizó además que todos los procedimientos relacionados con contratación, pagos a prestadores y proveedores, atención de solicitudes, programación de servicios y demás actuaciones administrativas únicamente se desarrollan mediante los canales institucionales y por los funcionarios oficialmente designados para cada función.
Por esa razón, reiteró que “los procesos relacionados con contratación, pagos a proveedores y prestadores, atención de solicitudes, programación y demás solicitudes administrativas y operativas se adelantan exclusivamente a través de los canales oficiales y los funcionarios formalmente asignados para cada competencia.”
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Como parte de las medidas de control, Famisanar invitó a prestadores, proveedores y demás actores del sistema a reportar cualquier cobro, propuesta de intermediación o contacto irregular efectuado en nombre de la entidad, de alguno de sus funcionarios o de sus accionistas.
La EPS concluyó el comunicado reiterando “su compromiso con la transparencia, la trazabilidad de sus procesos y la protección de los recursos destinados a la prestación de servicios en salud.”
La comunicación fue publicada pocos días después de que la Superintendencia Nacional de Salud removiera a Germán Darío Gallo Rojas como agente interventor de EPS Famisanar y designara en su reemplazo a Mauricio Molina Álvarez.
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La decisión quedó formalizada mediante una resolución expedida por el superintendente Daniel Quintero, dentro de la fase final de la intervención forzosa administrativa que actualmente se encuentra vigente. De acuerdo con la norma, el Comité de Medidas Especiales analizó la situación de la EPS el 30 de junio de 2026 y concluyó que la entidad continúa presentando un deterioro progresivo de su situación financiera.
Entre los factores expuestos por la superintendencia se encuentran la acumulación de pérdidas, el incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, el incumplimiento de condiciones financieras y de solvencia, así como el aumento de tutelas relacionadas con servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otros asuntos administrativos.
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La resolución aclara que el relevo del interventor no constituye una liquidación de la EPS ni una sanción personal contra el funcionario saliente, sino una decisión adoptada en ejercicio de las facultades legales de la autoridad sanitaria para designar y remover agentes interventores en entidades sometidas a medidas especiales.
Una intervención vigente hasta septiembre de 2026
Famisanar permanece bajo intervención forzosa administrativa para administrar desde el 15 de septiembre de 2023. Inicialmente, la medida fue decretada por un año y posteriormente fue prorrogada hasta septiembre de 2025. Más adelante, el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó una nueva extensión hasta el 15 de septiembre de 2026.
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En este contexto, Mauricio Molina Álvarez asumirá la dirección de la intervención en una etapa considerada determinante para definir el futuro de la EPS. Según la resolución, el nuevo interventor deberá aceptar el cargo y presentar un plan de trabajo dentro del mes siguiente a su posesión.
Ese documento deberá contener un presupuesto de actividades, cronograma, indicadores de gestión y un diagnóstico de la situación administrativa, financiera, jurídica, técnico-científica y laboral de la entidad. Asimismo, tendrá la obligación de entregar informes periódicos durante la intervención y un informe final antes del vencimiento de la medida, en el que se determine si la EPS está en capacidad de desarrollar adecuadamente su objeto social, si requiere nuevas operaciones para mejorar sus condiciones o si corresponde adoptar otra decisión respecto de su continuidad.
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