Este es el cambio que necesita Colombia en una de las normas que modificó Gustavo Petro: “Si nos cruzamos de brazos, la deuda explota”

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que la deuda pública podría alcanzar su nivel más alto de la historia en 2026, por lo que reclamó medidas estructurales para contener ese deterioro. De acuerdo con la entidad, Colombia necesita reformar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) y aplicar un ajuste cercano al 5% del PIB porque la deuda neta llegaría al 61% del PIB en 2026, por encima del ancla legal de 55%, mientras el servicio de la deuda absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos tributarios y reduce el margen para gasto social e inversión.

La advertencia la presentó el director técnico del Carf, Juan Sebastián Betancur, el jueves 9 de julio, en la apertura del seminario “Regla Fiscal y Sostenibilidad de la Deuda”. Allí afirmó que “la situación fiscal actual es crítica, sin precedentes, y requiere urgentemente medidas estructurales”.

Betancur sostuvo que el país necesita un proceso de consolidación que permita estabilizar la deuda pública. También advirtió que los gastos superan con amplitud los ingresos, que las rigideces presupuestales se profundizaron y que el costo del servicio de la deuda continúa en aumento, con menos margen de maniobra para las finanzas públicas.

Cómo la deuda presiona los ingresos del Estado

Uno de los mensajes del Comité fue la presión que ejerce la deuda sobre los recursos públicos. Betancur recordó que “$1 de cada $3 se destina al pago de la deuda”, mientras que hace una década la proporción era de uno por cada seis pesos. Según él, ese peso del servicio de la deuda reduce recursos para programas sociales e inversión productiva. Además, aumenta el riesgo de que el Gobierno enfrente mayores dificultades para proveer bienes y servicios esenciales.

El escenario planteado por el Carf muestra que, si se mantiene la tendencia actual, el gasto en intereses equivaldría a la mitad de los ingresos tributarios en 2029. En 2033 representaría $3 de cada $4 y hacia 2037 superaría el total del recaudo tributario.

Betancur aclaró que se trata de un ejercicio ilustrativo. Aun así, remarcó la advertencia con una frase tajante: “Si nos cruzamos de brazos, la deuda explota, punto”.

Los factores que explican el deterioro fiscal

El Carf identificó tres causas para explicar el deterioro de las finanzas públicas:

• Gasto: permanece muy por encima de la tendencia observada antes de la pandemia, a diferencia de otros países de la región que lograron corregir ese comportamiento.
• Ingresos públicos: aunque Colombia aprueba reformas tributarias con frecuencia, esos ingresos siguen una trayectoria de largo plazo y no muestran un aumento permanente acorde con esos cambios normativos.
• Sobrestimación sistemática de los ingresos tributarios en el presupuesto: en 2024, esa diferencia llegó a 4,1% del PIB, equivalente a más de $80 billones a precios actuales. Para 2025, la sobrestimación fue de 1,8% del PIB. Para 2026, el Carf estima que volverá a superar 1% del producto interno bruto.

El tamaño del ajuste que calcula el Carf

El Comité calcula que la deuda neta alcanzará 61% del PIB en 2026. La cifra superaría el ancla de deuda de 55% fijada por la ley y llevaría al país a su máximo histórico en ese indicador. Ante ese panorama, estima que estabilizar la deuda pública requerirá un ajuste fiscal cercano a 5 puntos del PIB frente al escenario actual. Además, para cumplir la meta de 2027 el país necesitaría un ajuste inmediato de $80 billones, equivalente a 3,7% del PIB.

De igual forma, el organismo planteó una meta de superávits primarios para los próximos años. El objetivo es llegar de manera gradual a un rango de entre 0,5% y 1,2% del PIB hacia 2030.

Betancur sostuvo que la estrategia del próximo gobierno debe partir del restablecimiento de un ancla fiscal que fortalezca la credibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de la regla fiscal. Añadió que el ajuste debe ser gradual para limitar su efecto sobre la actividad económica, aunque con señales oportunas y creíbles.

Insistió en que ese esfuerzo no puede descansar exclusivamente en recortes del gasto o en mayores ingresos. También debe combinar ambas vías, impulsar el crecimiento económico de mediano y largo plazo y preservar la protección de los hogares más vulnerables.

Reforma institucional

Por su parte, el presidente del Carf, Juan Carlos Ramírez, afirmó que la estabilidad fiscal depende también de una reforma de la arquitectura de la regla fiscal. Recordó que la reforma de 2021 introdujo límites y anclas de deuda y creó el comité, pero dijo que aún persisten oportunidades de mejora urgentes.

Dentro de los cambios planteados figura ampliar la cobertura del pasivo para incluir obligaciones que hoy no son explícitas. Ramírez mencionó también:

• Traslados pensionales.
• Títulos de devolución de impuestos (Tidis).
• Vigencias futuras obligadas.

Asimismo, el Comité propuso endogenizar el parámetro del balance primario. La idea es enlazarlo con choques macroeconómicos, climáticos y sociales, en lugar de mantenerlo estático pese a los cambios en la relación entre tasas de interés y crecimiento económico. A eso se suma la propuesta de fijar por ley mecanismos y magnitudes de corrección automáticas cuando se incumplan las metas. Según el Carf, ese paso ayudaría a evitar que la discrecionalidad debilite el ancla fiscal.

Ramírez expuso esa visión con una analogía: “Una analogía con la historia de Ulises frente al canto de las sirenas: Ulises, el Gobierno, debe atarse al mástil, que es adoptar una Regla Fiscal, con el fin de mantener el rumbo de ese barco, es decir, para preservar la sostenibilidad fiscal ante el atractivo político”.

Bajo esa lógica, el comité trazó cinco pilares para el próximo gobierno:

• Marco creíble sin sesgos optimistas en el recaudo.
• Ajuste progresivo con acciones prontas.
• Racionalización del gasto sin depender solo de impuestos.
• Crecimiento económico por encima del 3%.
• Protección a los hogares vulnerables.

Para el organismo, encauzar las cuentas públicas exige reglas más firmes frente a la presión de las decisiones de corto plazo.