Denuncian intento de Gobierno Petro de modificar requisitos para nombrar a un “aliado” en la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional: el señalado respondió

A casi de tres semanas del cambio de gobierno, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció que la administración de Gustavo Petro estaría buscando asegurar el control de la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional (Casur) mediante el nombramiento de un aliado político que, al parecer, no cumpliría los requisitos legales.

La acusación de Uscátegui señaló que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, estaría promoviendo de nuevo la designación de José Gotardo Pérez Soto, coronel retirado de 82 años, como director general de la entidad pensional para los uniformados, pese a que, según la documentación presentada, no acredita el posgrado exigido para el cargo por motivos profesionales y estaría por fuera del rango de edad establecido para ejercer el cargo.

De acuerdo con la denuncia, esta situación habría sido advertida recientemente por la jefatura de personal de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa de la Caja de Sueldo de Retiros de la Policía Nacional y confirmada en un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde donde se recordó que cualquier cambio en los requisitos debe respetar los principios de transparencia, igualdad y legalidad.

Ya habrían intentado ubicar a Pérez Soto en el cargo

El caso llama la atención porque, según documentos oficiales conocidos, en enero de 2026 —cuando el director era el coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz— Pérez Soto había sido postulado para el cargo. Sin embargo, el coronel Arenas envió un detallado concepto a Función Pública alegando que el uniformado no cumplía con los requisitos en cuanto a su formación académica y experiencia laboral.

Como respuesta, desde Función Pública contestaron que se podía modificar el manual de funciones y adaptarlo para el eventual funcionario.

“En este sentido, si bien el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales constituye el instrumento técnico que define los requisitos del empleo y debe brindar estabilidad y seguridad jurídica, ello no impide que pueda ser ajustado cuando se advierta la necesidad de armonizarlo con la normativa especial vigente, particularmente con lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2015 (...)“.

“Así las cosas, el representante legal de la entidad tiene la facultad para incorporar equivalencias a través de la unidad de personal, sin que ello implique un cambio en la naturaleza del empleo ni en su nivel jerárquico, sino una adecuación técnica orientada a garantizar coherencia normativa. No obstante, dicha modificación debe responder a criterios objetivos, estar debidamente motivada, a fin de preservar los principios de transparencia, igualdad y legalidad que rigen la gestión del empleo público, fue el concepto contenido en la respuesta de Función Pública, según el documento adjunto:

En abril de 2026 el mayor Arenas salió del cargo y el nombramiento de Pérez Soto no se hizo efectivo. No obstante, el concejal Uscátegui remitió la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, junto con las pruebas que indicarían los nuevos intentos de modificar el Manual Específico de Funciones de la entidad para permitir la designación de Pérez Soto.

La versión del coronel retirado

Infobae Colombia contactó al coronel retirado que, en primer lugar, negó tener conocimiento alguno de la denuncia y aseguró que es cierto que fue postulado al cargo en enero de 2026, pero que, en la actualidad no está nominado.

“Eso sí fue cierto, desde enero, pero debido algunos inconvenientes personales, decliné el nombramiento”, dijo.

De la misma manera, el uniformado retirado remitió a este medio el Decreto 0629 del 19 de junio de 2026, en el cual se estableció el relevo de funciones directivas, que estaba en manos de la teniente coronel Mónica Adriana Parra Santamaría, que ocupó el cargo desde finales de abril de 2026, tras la gestión del coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz.

Según el decreto, la dirección de la entidad se transfirió —por encargo— al mayor Rubén Darío Murcia Domínguez, que dejaría abierta la posibilidad a un nombramiento oficial.

Al respecto, el coronel retirado dijo: “Si hubiera sido verdad, tampoco habría recibido, ya que el 7 de agosto debía presentar la renuncia por la llegada del nuevo Gobierno”.

El nuevo intento de cambiar de director de la Casur en favor del “aliado de Petro”

El concejal advirtió que desde el Ministerio de Defensa se habrían promovido actuaciones orientadas a facilitar el nombramiento, pese a las observaciones internas y externas a la entidad que indican que, en efecto, el uniformado en retiro no puede asumir el rol administrativo.

Uno de los puntos álgidos de la denuncia formulada por Uscátegui radica en el antecedente de Pérez Soto como agente oficioso en la acción de tutela que en 2014 permitió suspender provisionalmente la destitución e inhabilidad que había sido impuesta a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.

Para el denunciante, este hecho, sumado a la aparente modificación de requisitos, genera dudas sobre un “posible pago de favores políticos” en los últimos días de la actual administración.

“Es inaceptable que, cuando faltan apenas 20 días para terminar este Gobierno, se pretenda cambiar las reglas de juego para dejar atornillado a un aliado político en una entidad que administra los recursos de retiro de miles de policías. Casur no puede convertirse en un fortín burocrático ni en el escenario para pagar favores políticos. Los héroes de Colombia merecen respeto, transparencia y una administración técnica e independiente de los intereses del Gobierno saliente”, afirmó Uscátegui en declaraciones suministradas a este medio.

El concejal también resaltó que Pérez Soto tiene 82 años, lo que supera el límite de retiro forzoso previsto en la legislación colombiana para ejercer funciones públicas.

La denuncia concluyó con un llamado a la Procuraduría para que actúe con celeridad ante estos hechos y garantice que los nombramientos en entidades estratégicas del Estado “no respondan a intereses particulares ni a eventuales compromisos políticos adquiridos por el Gobierno saliente”.