Congresistas del Movimiento Salvación Nacional radicaron una denuncia constitucional ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, con el propósito de que se investigue si incurrió en indignidad y mala conducta tras desconocer públicamente los resultados de las elecciones presidenciales y la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.
La acción fue presentada por la senadora electa Sara Ximena Castellanos y la representante electa por Bogotá Carol Stefanny Borda, quienes argumentan que las declaraciones del mandatario desconocen la decisión certificada por las autoridades electorales y, según sostienen, representan una vulneración al orden constitucional y democrático.
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La denuncia se conoce pocos días después del comunicado oficial emitido por Salvación Nacional, en el que la colectividad rechazó el no reconocimiento de los resultados por parte del jefe de Estado y llamó a la denominada “resistencia constitucional”.
La denuncia por presunta indignidad y mala conducta
En el documento radicado ante la Comisión de Acusación, las congresistas solicitan que se adelante la investigación correspondiente contra Petro.
“Instauramos ante esta Comisión DENUNCIA CONSTITUCIONAL por INDIGNIDAD Y MALA CONDUCTA en contra del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, para que en ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución y la ley le confieren, adelante la investigación correspondiente y, de hallar mérito, formule ante la Plenaria de la Cámara de Representantes la respectiva acusación por indignidad y mala conducta en contra del Presidente de la República”, señala el documento.
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Las congresistas sostienen que la denuncia se fundamenta en las declaraciones públicas del mandatario, mediante las cuales, según indican, desconoció los resultados oficiales de la elección presidencial.
De acuerdo con el texto, el presidente “desconoció los resultados de la elección presidencial certificados por la autoridad electoral competente, señaló sin prueba la comisión de un fraude electoral, y proclamó como ‘presidente’ a quien no fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, en un contexto de llamados públicos provenientes de su propio movimiento político a la ‘desobediencia civil’ frente al gobierno legítimamente electo”.
Entre los hechos expuestos en la denuncia, las congresistas recuerdan que el 31 de mayo de 2026 se realizó la primera vuelta presidencial, en la que, según el documento, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de la votación, seguido por Iván Cepeda con el 40,90%, sin que ninguno alcanzara la mayoría absoluta prevista en el artículo 190 de la Constitución Política.
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Posteriormente, el 21 de junio se realizó la segunda vuelta en la que De la Espriella triunfó con 12.959.542 votos, lo que representa un 49,66%, frente a 12.708.712 votos alcanzados por Iván Cepeda.
Salvación Nacional rechazó el desconocimiento de los resultados
La denuncia se suma al comunicado divulgado por el Movimiento Salvación Nacional el 7 de julio, en el que la organización expresó su rechazo a cualquier intento de desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y respaldó al presidente electo.
“El Movimiento Salvación Nacional se dirige al país para reafirmar su compromiso con la estabilidad democrática y denunciar cualquier intento de desconocer el mandato ciudadano expresado en las urnas el pasado 21 de junio. Ante la intención de sectores del gobierno y líderes de izquierda de ignorar los resultados ya certificados por el Consejo Nacional Electoral, hacemos un llamado urgente a la Resistencia Constitucional”, manifestó la colectividad.
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En el mismo pronunciamiento, el partido afirmó que la conmemoración de los 35 años de la Constitución debe servir para defender la institucionalidad, y expresó su respaldo al presidente electo: “Respaldamos el llamado del Presidente Electo, Abelardo de la Espriella, para proteger la transición democrática frente a lo que se advierte como una estrategia de ruptura del orden legal. Exigimos respeto por la autonomía de las ramas del poder público y confiamos en el papel fundamental de nuestras Fuerzas Armadas como garantes de la ley y la democracia”.
El comunicado concluye con un llamado a acompañar el proceso de transición presidencial y sostiene que “es imperativo mantenernos en pie de lucha ciudadana para asegurar que el próximo 7 de agosto se produzca una transición democrática en paz y sin perturbaciones”, además de afirmar que “el respeto a la Constitución de 1991 no es negociable”.
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