⁠Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $6.000 millones en pagos al RUNT

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $6.000 millones relacionado con consultas efectuadas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre los años 2021 y 2024.

La actuación busca establecer si existió un posible daño al patrimonio público y determinar si hay lugar a responsabilidades fiscales por parte de las personas vinculadas al caso.

Tras conocerse la decisión del organismo de control, la Secretaría Distrital de Movilidad emitió un comunicado en el que aclaró que la apertura del proceso corresponde a una etapa inicial de la actuación fiscal y que, por tanto, no implica que exista una decisión definitiva sobre la ocurrencia de un detrimento patrimonial ni sobre la responsabilidad de los involucrados.

La entidad señaló igualmente que atenderá los requerimientos formulados por el organismo de control durante el desarrollo del proceso. En ese sentido indicó: “La entidad brindará la información y colaboración que sea requerida dentro del proceso, con el propósito de contribuir a que este se realice y llegue a su fin con transparencia“.

La secretaría también informó que las notificaciones relacionadas con la actuación fiscal fueron dirigidas a exdirectivos y contratistas que ejercieron funciones durante el período comprendido entre 2021 y 2024, lapso que es objeto de revisión por parte de la Contraloría. Sobre este punto precisó que estas personas “contarán con todas las garantías para ejercer su derecho de defensa, conforme a la ley”.

Otro de los aspectos abordados por la entidad fue el relacionado con la naturaleza de las consultas realizadas al Registro Único Nacional de Tránsito. En el comunicado sostuvo: “Es importante aclarar que las consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de las funciones de control y de las actuaciones administrativas relacionadas con la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito”.

En ese sentido indicó: “La información requerida y el volumen para estos procedimientos corresponde a consultas oficiales de datos específicos y no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía”.

¿Qué sigue en la investigación de la Contraloría?

La apertura del proceso de responsabilidad fiscal marca el inicio formal de una actuación mediante la cual la Contraloría de Bogotá recopilará y evaluará las pruebas relacionadas con los hechos investigados para establecer si existió un daño al patrimonio público y si ese eventual perjuicio puede ser atribuido fiscalmente a alguna de las personas vinculadas al expediente.

Durante esta etapa, el organismo de control podrá solicitar documentos, requerir información adicional, practicar pruebas, realizar análisis técnicos y financieros, así como valorar los elementos aportados tanto por la entidad como por los presuntos responsables.

De igual manera, los exdirectivos y contratistas notificados podrán ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de explicaciones, documentos, pruebas y demás actuaciones previstas en la legislación aplicable para controvertir los hallazgos objeto de investigación.

Solo una vez concluida la etapa probatoria y el análisis del expediente, la Contraloría determinará si archiva el proceso por inexistencia de responsabilidad fiscal o si profiere un fallo con responsabilidad fiscal, en caso de considerar acreditados los requisitos legales para ello. Mientras ese procedimiento avanza, la apertura de la actuación no constituye una declaración de responsabilidad ni una decisión definitiva sobre la existencia del presunto detrimento patrimonial.

La Secretaría Distrital de Movilidad insistió en que continuará atendiendo los requerimientos formulados por el organismo de control y mantendrá su colaboración durante el desarrollo de la investigación, mientras la Contraloría adelanta las actuaciones previstas en el proceso para establecer si hubo afectación a los recursos públicos entre 2021 y 2024.