Desde Cúcuta, en Norte de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella reiteró su mensaje a los grupos armados al margen de la ley y sus cabecillas, en un intento por regresar el control a varios territorios a nivel nacional.
En esta oportunidad, puso plazo a dos jefes armados y anticipó una ofensiva estatal en ese departamento: “Alias Alfred, del ELN, y alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc, tendrán un mes para someterse a la justicia. De no hacerlo, el nuevo Gobierno actuará con toda la capacidad legítima del Estado, bajo la Constitución, la ley y el Estado de Derecho”.
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Las directrices, difundidas en un comunicado de prensa fechado el 9 de julio de 2026, plantean “recuperar el control territorial” y “enfrentar a las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza a las comunidades del departamento”.
En el mismo anuncio, De la Espriella sostuvo que la administración entrante se moverá “con toda la capacidad legítima del Estado, dentro de la Constitución y la ley, para restablecer la seguridad, la presencia institucional y el orden en el departamento”.
El comunicado también indica que, durante la jornada en el departamento, el presidente electo escuchó necesidades de los municipios y revisó prioridades en seguridad, salud, infraestructura, turismo y educación, con la meta de definir una “agenda regional seria, ordenada y ejecutable”.
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En el cierre del texto, De La Espriella aseguró: “La Patria Milagro asumirá la recuperación del territorio con autoridad, presencia institucional y responsabilidad fiscal. Norte de Santander no seguirá abandonado ni sometido por los violentos”.
Abelardo de la Espriella dio por finalizado el proceso de empalme con Gustavo Petro
El presidente electo Abelardo de la Espriella sorprendió desde Cúcuta al anunciar el cierre definitivo del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión, explicó, se debió a la negativa del Ejecutivo a reconocer los resultados de la segunda vuelta electoral, celebrada el 21 de junio de 2026, en la que venció al senador Iván Cepeda Castro por apenas 0,96 puntos porcentuales.
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La ruptura del empalme fue comunicada luego de que el abogado suspendiera los encuentros entre los equipos de transición. El mandatario electo fue tajante: “Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas”, expresó, enfatizando que la determinación es irreversible.
Desde la mañana del 7 de julio, el presidente electo había dado la instrucción de interrumpir la comunicación entre ambas partes, motivado por declaraciones del actual gobernante que, según De la Espriella, desconocían su elección. En su mensaje, insistió: “Nosotros, con los medios que tenemos, vamos a recabar esa información”, anticipando que buscará los datos necesarios fuera de los canales oficiales de transición.
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El proceso de empalme debía estar liderado por José Manuel Restrepo y Germán Ávila, designados como responsables de los equipos entrante y saliente. Sin embargo, el diálogo no prosperó y el propio De la Espriella confirmó que, una vez asuma la presidencia el 7 de agosto, revisará la información oficial para conducir una reorganización interna del Ejecutivo.
En este contexto, la cancelación del empalme implica que el nuevo gobierno deberá recabar y validar los datos por cuenta propia, sin la colaboración formal de la administración saliente. El futuro equipo económico tendrá la tarea de revisar las cifras y definir cuáles necesidades regionales serán viables según la disponibilidad financiera.
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El propio De la Espriella lo resumió: “Le vamos a decir, de acuerdo a esa realidad, cuáles de esas necesidades y dolores de ustedes en los municipios y el departamento son viables financieramente, porque yo aquí no vine a decir mentiras”.
La transición inconclusa deja en evidencia la fuerte polarización política y plantea interrogantes sobre la gobernabilidad inicial del nuevo Ejecutivo, que ya anunció un plan de visitas a 32 ciudades y una revisión integral de sectores clave como la seguridad, la salud y la situación fiscal.
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