El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la apertura, en etapa preliminar, de una indagatoria contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del burgomaestre en ejercicio, tras una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato Rivadeneira.
El expediente señala la posible violación de límites legales de aportes privados, presuntas maniobras de dispersión de fondos y un presunto conflicto de interés con contratos estatales posteriores.
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En detalle, el documento del CNE indica que, según la denuncia del cabildante, se habría registrado una posible fragmentación estratégica de aportes económicos por parte de integrantes del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria, con el objetivo de eludir el límite legal del 2% del tope de gastos de campaña.
Y es que, durante la campaña a la alcaldía, el Consejo Nacional Electoral estableció un tope máximo de gastos de 5.257.463.395 pesos para los candidatos.
La legislación también indica que ningún aporte privado individual puede superar el 10% de ese tope, que equivale a 525.746.339 pesos. Además, las empresas que superen el 2% (aproximadamente 105.149.267,9 pesos) de aportes quedarían inhabilitadas para contratar con el Estado en esa jurisdicción.
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No obstante, la información que recolectó el concejal para tramitar su denuncia incluye que, según los registros oficiales, estos fueron los aportes de las siguientes entidades vinculadas al Grupo Bolívar:
- Compañía de Seguros Bolívar S.A.: 35.000.000 pesos.
- Seguros comerciales Bolívar S.A.: 35.000.000 pesos.
- Banco Davivienda S.A.: 30.000.000 pesos.
El total de estos aportes suma 100.000.000 — a solo 5 millones del umbral máximo permitido para mantener habilitación en contratos con la alcaldía.— pesos y a esto se añade un aporte de Mercantil Colpatria S.A. por 250.000.000 pesos, también reportado en el sistema oficial de financiación.
En ese sentido, el concejal sostiene que, al sumar los aportes de ambas organizaciones, el monto total superaría el 2% del tope legal, lo que podría activar restricciones para contratar con el distrito.
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Por ende, la denuncia sería relevante porque en 2026, meses después de asumir el cargo, el alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó la administración de cerca de 3 billones de pesos correspondientes a pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep) al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar, a través del Contrato de Fiducia Mercantil N°291.
Al respecto, Schiavenato plantea que la coincidencia temporal entre los aportes empresariales a la campaña y la asignación de semejante contrato sería, según su postulación, motivo suficiente para una evaluación institucional preventiva.
Según la queja, esto “amerita análisis institucional, particularmente frente a la finalidad preventiva y anticorrupción que inspira el régimen de inhabilidades derivadas de financiación de campañas políticas”.
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De hecho, en 2025, Davivienda anunció su fusión societaria con Colpatria, que, según Schiavenato , refuerza la presunta relación entre los aportes de campaña y la asignación de contratos públicos.
Por esta razón, el concejal Schiavenato valoró que el CNE haya remitido el expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.
Lo que pide el CNE para llevar a cabo su investigación
Entre las medidas inmediatas, el CNE solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, el detalle completo de los ingresos y gastos reportados por Carlos Fernando Galán, y una certificación de los aportes realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.
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También solicitó al Partido Nuevo Liberalismo el aporte de todos los informes de financiación privada y pública de la campaña.
Al alcalde Carlos Fernando Galán le exigirán la presentación de su defensa y la remisión de pruebas relativas a los gastos de campaña, dentro de los próximos dos días hábiles desde la notificación. De la misma manera, a la Cámara de Comercio de Bogotá, la acreditación empresarial y legal de las sociedades involucradas, incluyendo la verificación de posibles fusiones.
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