Defensa del general (r) Eduardo Zapateiro pidió frenar la imputación por presunto acoso sexual: presentó nuevas pruebas

La defensa del general en retiro del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda solicitó a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia suspender el avance del proceso penal en su contra, incorporar 14 pruebas sobrevinientes y realizar una nueva valoración integral del expediente, al considerar que esos elementos desvirtúan la hipótesis con la que el ente acusador le imputó cargos por presunto acoso sexual contra una funcionaria jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares.

La solicitud fue presentada mediante un memorial de 29 páginas radicado por el abogado Jhonny Mercado González. En el documento, además de pedir la preclusión de la investigación, la defensa sostiene que el caso dio un nuevo giro tras la aparición de elementos probatorios que, a su juicio, obligan a revisar si aún existe la posibilidad de sustentar una eventual sentencia condenatoria.

Asimismo, el escrito denuncia la existencia de una presunta “empresa criminal” que, según la defensa, estaría encabezada por un brigadier general del Ejército y tendría vínculos con alias Gilberto, señalado integrante del ELN.

La defensa afirma que el panorama probatorio cambió

El proceso contra el excomandante del Ejército avanzó a finales de abril de 2026, cuando se conoció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá, corporación que ejercerá funciones de control de garantías para escuchar los cargos formulados contra el alto oficial retirado, quien dirigió el Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

No obstante, la defensa sostiene que el escenario probatorio actual es diferente al que existía cuando se tomó la decisión de solicitar la imputación. En ese sentido, argumenta que la Fiscalía debe revisar nuevamente el expediente antes de avanzar hacia una eventual acusación.

En el memorial, el abogado Mercado reconoce que “la imputación constituye un acto procesal válidamente realizado”, pero asegura que la etapa procesal actual exige un análisis distinto debido a que la decisión de presentar una acusación requiere un estándar probatorio más exigente y una valoración actualizada de todas las pruebas incorporadas durante la investigación.

Como parte de esa solicitud, la defensa sostiene que durante la actuación penal se incorporó prueba sobreviniente que, según afirma, debilita aspectos relevantes de la teoría del caso presentada inicialmente por la Fiscalía.

Uno de los documentos aportados corresponde a una certificación expedida por la Escuela Superior de Guerra. De acuerdo con el memorial, dicho documento señala que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia”, realizada el 16 de julio de 2021, actividad que, según la defensa, había sido incluida dentro de la reconstrucción de los hechos efectuada por la Fiscalía.

Testimonios y evidencia digital hacen parte de la solicitud

El escrito también incorpora declaraciones juramentadas de oficiales activos y en retiro, quienes, según la defensa, manifestaron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes.

Para el abogado Mercado, estos testimonios respaldan la tesis de que no existió un uso indebido de la autoridad por parte del oficial retirado para ejercer presiones o influir en la situación laboral de las presuntas víctimas.

Otro de los aspectos planteados en el memorial corresponde a la evidencia digital incorporada al expediente. La defensa sostiene que no existen estudios de informática forense que permitan establecer con certeza la autenticidad, integridad y autoría de los mensajes de WhatsApp que hacen parte de la investigación.

En consecuencia, se afirma que la Fiscalía aún no ha acreditado técnicamente que las comunicaciones atribuidas al general (r) Zapateiro hayan sido enviadas directamente por él, por lo que considera necesario realizar una evaluación más amplia antes de adoptar una decisión definitiva dentro del proceso.

El memorial también hace referencia a un auto inhibitorio emitido en una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes. Aunque la defensa reconoce que las actuaciones disciplinarias y penales son independientes entre sí, sostiene que ese antecedente debe ser considerado como parte del contexto probatorio que actualmente obra dentro del expediente.

Solicitan una nueva valoración integral antes de decidir sobre la acusación

En el documento presentado ante la Fiscalía, la defensa insiste en que el principio constitucional de objetividad obliga al ente investigador a valorar tanto los elementos que sustentan la hipótesis de cargo como aquellos que favorecen al investigado.

Según la defensa, esa revisión resulta necesaria porque la valoración probatoria realizada al momento de solicitar la audiencia de imputación ya no reflejaría el estado actual del expediente, debido a la incorporación de nuevos elementos de convicción durante la investigación.

Con base en esos argumentos, el abogado pidió la preclusión de la actuación penal y una reevaluación integral del caso, al considerar que las nuevas pruebas modifican el panorama procesal y deben ser examinadas antes de que continúe el trámite judicial en el Tribunal Superior de Bogotá, donde permanece pendiente la audiencia de imputación solicitada por la Fiscalía.