Corte Suprema abrió proceso penal contra el congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias en contrato de La Guajira

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación formal contra el congresista del partido Colombia Renaciente Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público.

Como parte de las actuaciones procesales, el alto tribunal dispuso citar al legislador a rendir indagatoria, diligencia en la que será informado de los hechos materia de investigación y podrá ejercer su derecho de defensa.

El proceso judicial está relacionado con la presunta injerencia que habría ejercido Cerchiaro Figueroa para influir en la adjudicación de un contrato de la Gobernación de La Guajira. Según la Corte Suprema de Justicia, la investigación busca establecer si el congresista intervino de manera irregular para favorecer a una persona que, presuntamente, le habría prestado dinero con el fin de financiar la campaña política de una familiar del parlamentario.

La fecha exacta de la diligencia será definida por la Sala Especial de Instrucción en los próximos días, como parte del desarrollo de la investigación.

Durante el desarrollo de esta etapa, la defensa del congresista también podrá solicitar la práctica de pruebas y presentar los argumentos que considere pertinentes para controvertir los elementos recopilados por la investigación. De igual forma, la Sala Especial de Instrucción analizará integralmente el expediente para establecer si el acervo probatorio permite sustentar una eventual acusación.

Si el proceso avanza a la etapa de juicio, corresponderá a la Sala Especial de Primera Instancia adelantar el juzgamiento y determinar, con fundamento en las pruebas debatidas durante esa fase, si existe responsabilidad penal o si procede una decisión absolutoria. Hasta que exista una decisión judicial en firme, el congresista mantiene la presunción de inocencia consagrada en la Constitución y la ley.

Esta no es la primera actuación judicial que enfrenta Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa ante la Corte Suprema de Justicia. El 19 de marzo de 2024, la Sala Especial de Primera Instancia lo llamó a juicio como presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en una investigación relacionada con su gestión como alcalde del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira.

Ese proceso surgió por la tramitación y celebración de un contrato de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público del municipio, así como por el contrato de interventoría correspondiente.

Los acuerdos fueron suscritos en 2018 entre el municipio de Barrancas y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S. A. S. e Interventoría Alumbrado Público de Barrancas, con fundamento en las facultades especiales que el Concejo Municipal había otorgado al entonces alcalde Cerchiaro Figueroa.

Según la Corte Suprema, el entonces mandatario municipal habría adelantado el proceso contractual sin cumplir los requisitos legales exigidos para ese tipo de contratación pública. De acuerdo con el expediente citado por el alto tribunal, Cerchiaro conocía desde el inicio de su administración que los recursos obtenidos por concepto del impuesto de alumbrado público eran insuficientes para cubrir los costos de operación del sistema y el suministro de energía.

La Corte también señaló que el entonces alcalde conocía las dificultades financieras que habían provocado la terminación del contrato con el operador anterior del servicio. No obstante, de acuerdo con la investigación, el nuevo proceso de contratación presuntamente no fue sustentado con los estudios técnicos exigidos por la legislación vigente.

Como consecuencia de esa actuación, según la Corte Suprema, se implementó un modelo económico deficitario para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio.

Cabe recordar que durante su paso por el Legislativo, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa ha estado vinculado a escenarios como las comisiones de seguimiento a los procesos electorales, el estudio de la lista de elegibles para la elección del Contralor General y el monitoreo de proyectos estratégicos de inversión para la región Caribe.