Impuesto del 4x1.000 sería eliminado para algunas personas: Gobierno De la Espriella dejó claro que “no es un compromiso”

El impuesto del 4x1.000, conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros, es un tributo del Gobierno de Colombia en el que por cada $1.000 que se retiren, transfiera o pague desde el banco, se deben pagar $4. Los bancos recaudan este dinero y lo entregan al Estado.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia comenzar a eliminarlo para personas naturales dentro de una reforma tributaria estructural, pero el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, aclaró que esa posibilidad todavía no constituye un compromiso. Hasta ahora no hay cronograma, etapas ni porcentajes definidos para un eventual desmonte, y cualquier paso dependerá de los análisis fiscales del Ejecutivo.

Gómez Martínez confirmó a El Tiempo que el Ministerio de Hacienda analiza cambios al tributo en los próximos meses. “Estamos estudiando la viabilidad de comenzar a eliminarlo para las personas naturales, pero no es un compromiso”, dijo en esa entrevista.

La cautela del funcionario responde al peso que conserva ese gravamen dentro de las cuentas públicas. Las dificultades fiscales han frenado en otros gobiernos los intentos de reducirlo o desmontarlo de forma gradual.

Qué es el 4x1.000 y por qué sigue siendo clave para el Estado

El 4x1.000, o GMF, grava varias operaciones del sistema financiero. En términos prácticos, por cada $1.000 movilizados en transacciones gravadas, el usuario paga cuatro pesos al Estado. El cobro aplica, entre otras operaciones, a retiros de cuentas de ahorro y corrientes, a la emisión de cheques de gerencia y a otros movimientos previstos en la legislación tributaria. Aunque la ley contempla exenciones, el gravamen sigue entre las principales fuentes de recaudo del país.

El impuesto nació en 1998 durante la crisis financiera como 2x1.000. Más tarde subió a 3x1.000 y después a 4x1.000, pese a que en un inicio se presentó como una medida transitoria.

Las reformas tributarias sucesivas extendieron la vigencia hasta volverlo permanente. Solo en 2025 el recaudo por GMF superó los $15 billones, algo que ayuda a explicar por qué la eliminación no ha prosperado.

Exención cambió en la ley pero sigue trabada en la práctica

La discusión sobre el impuesto no se limita a su eventual eliminación. También sigue abierto el debate por la exención para múltiples cuentas, depósitos electrónicos y otros productos financieros, una modificación aprobada por la Ley 2277 de 2022. La norma estableció que los usuarios podrían tener exentos todos sus movimientos financieros siempre que el total mensual no supere 350 unidades de valor tributario (UVT). Para 2026, ese tope equivale a cerca de $18.300.000.

Dicho esquema contrasta con la práctica tradicional, en la que cada persona debía escoger una sola cuenta marcada como exenta para evitar el cobro del gravamen. En la práctica, los usuarios siguen sujetos a ese modelo, pese a que la medida debía entrar en funcionamiento desde diciembre de 2022 y acumula más de 500 días de retraso.

Desde diciembre de 2024 dejó de ser obligatorio marcar una única cuenta como exenta. Esa tensión entre lo dispuesto por la norma y lo que todavía ocurre en la operación diaria reactivó el debate financiero.

La discusión tomó fuerza otra vez después de que Nu Colombia decidió asumir el valor equivalente al 4x1.000 sobre ciertas inversiones en los certificados de depósito a término (CDT) y cuestionó de manera pública el retraso en la implementación del nuevo esquema. A partir de ahí, varias entidades empezaron a fijar posición sobre el estado del proyecto y sus obstáculos.

Debate técnico entre bancos, autoridades y gremios

En ese frente, el presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, compartió una columna del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en la que se planteó la necesidad de un debate técnico y responsable sobre la medida. “Este debate debe darse con responsabilidad y pensando en los beneficios que puede traer para millones de colombianos”, señaló Pardo.

Precisó que la Ley 2277 no eliminó el beneficio existente ni creó una nueva exención. “Antes, cada persona debía escoger una sola cuenta exenta del 4x1.000. Con la nueva ley, el beneficio podrá aplicarse sobre el total de movimientos de todas las cuentas de un mismo titular, siempre que no superen el tope mensual definido”, explicó.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sostiene que el cuello de botella está en la inexistencia de un sistema unificado para consolidar la información de todas las entidades. “El artículo 881-1 del ET exige un sistema que consolide toda la información necesaria para aplicar la exención prevista en el numeral 1 del artículo 879 del E.T. sin necesidad de la marcación de cuentas”, indicó la entidad.

Añadió la misma que la aplicación del nuevo modelo depende de que participen todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria. “Una vez el 100% de las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito hayan adoptado el sistema de información, consecuentemente se dará aplicación y cumplimiento al artículo 881-1 del E.T.”, afirmó la Dian.

Al respecto, el presidente de Fecolfin, Fredy Castro, dijo que “el asunto es que las entidades con producto de depósito no escogieron a un único proveedor del sistema de información. El artículo de la ley habla de ‘un sistema’ y hoy no existe ese único sistema privado que recogería la transaccionalidad de casi todos los colombianos”.

Castro agregó que para marzo de 2025 había 546 entidades involucradas, entre bancos, cooperativas y fondos de empleados. “Ese grupo de 546 organizaciones buscó a tres proveedores distintos para cumplir la norma. Dichos proveedores no constituyen un único sistema. Esta es la razón por la que individualmente todas las organizaciones están listas, pero en el agregado no”, afirmó.

Mario Pardo aseguró que BBVA Colombia ya hizo inversiones para prepararse. “En BBVA en Colombia hemos invertido para avanzar en la implementación y desarrollar las capacidades tecnológicas y operativas necesarias para ofrecerles a los clientes una experiencia simple, transparente y alineada”, sostuvo. Insistió en que la medida solo puede funcionar si todo el sistema opera de forma coordinada. “Se requiere la participación del 100% de las entidades para funcionar correctamente”, dijo.