Álvaro Uribe se despachó contra la Fiscalía por indagatoria por presuntos nexos con paramilitares y volvió a denunciar persecución

Con un nuevo y duro pronunciamiento en sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció la “persecución política” de la que, según él, es víctima por la citación a indagatoria que fijó la Fiscalía General de la Nación para el próximo 24 de julio, día en el que deberá comparecer para que entregue su versión frente a la presunta comisión de delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con el exmandatario, que se pronunció en su perfil de X, el ente acusador le impidió interponer un recurso de reposición contra la decisión que, según dijo, lo deja en condición de imputado por los mencionados punibles. Lo anterior, como parte del expediente que examina hechos ocurridos cuando Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, relacionado con presuntos nexos con los paramilitares.

“La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas", expresó el exmandatario, líder político del partido Centro Democrático, en un mensaje publicado en su perfil.

De acuerdo con Uribe Vélez, “esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”. De esta forma, el expresidente -que inicialmente había pedido un aplazamiento de la diligencia judicial- hizo pública esa queja después de que el ente acusador radicó la fecha de esta audiencia, que se tramitará bajo la Ley 600 de 2000.

En un mensaje anterior, publicado en la mañana del 6 de julio, Uribe agradeció el respaldo recibido por este caso. “Agradezco de corazón los mensajes de tantas personas, sus oraciones. Estoy muy conmovido. Perdónenme, por favor, la falta de respuesta de mensajes, confieso que no he alcanzado en los últimos meses. No ha sido pereza ni indiferencia”, afirmó el ex jefe de Estado, que ha recibido el apoyo de su colectividad.

La indagatoria que podría cambiar el rumbo judicial del expresidente Álvaro Uribe

La citación a indagatoria obliga al expresidente a responder por las presuntas violaciones graves a los derechos humanos en el norte de Antioquia; más específicamente en el municipio de Ituango. La Fiscalía investiga en concreto sucesos como las masacres de La Granja, en 1996, y de El Aro, en 1997, ambas en esta población; y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998.

A esto se suman las denuncias por la aparente conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, en San Roque, predio que pertenecía a la familia Uribe Vélez, denominado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese sentido, Uribe habló para rechazar el alcance penal de esa citación y para cuestionar el trámite que la rodeó, al hacer una serie de advertencias frente a este caso.

En efecto, para el exmandatario la citada indagatoria, convocada por Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, busca, de manera anticipada, declararlo como imputado de la comisión de los anteriores delitos; pues en el sistema penal colombiano, y en la jurisprudencia del alto tribunal, la diligencia de indagatoria (Ley 600) se equipara a la formulación de imputación (Ley 906 de 2005).

La investigación formal avanzó, según la información conocida del caso, a partir de pruebas y testimonios, entre ellos los rendidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que apuntan a una posible omisión o complicidad en crímenes considerados de lesa humanidad. Frente a esto, la defensa del ex jefe de Estado controvirtió los argumentos e insistió en que las acusaciones son falsas.