“Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”: Miguel Uribe Londoño lanzó grave acusación tras preacuerdo de la Fiscalía con ‘Chipi’

La controversia crece en Colombia luego de que Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial asesinado en 2025, afirmara que el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de que su hijo Miguel Uribe Turbay sería víctima de un atentado.

El señalamiento, realizado por Uribe Londoño a través de su cuenta de X, se produjo tras conocerse el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi, uno de los principales coordinadores del magnicidio.

Para la familia Uribe, la decisión judicial representa un golpe a la justicia y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la impunidad en crímenes políticos de alto impacto en el país.

El señalamiento directo contra Gustavo Petro

El domingo 5 de julio, Miguel Uribe Londoño utilizó sus redes sociales para lanzar una de las acusaciones más graves desde el asesinato de su hijo: “No me queda duda de que Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”.

Uribe Londoño también exigió al ente acusador que priorice la identificación de los autores intelectuales del crimen. “La tarea de la Fiscalía debe centrarse en quién dio la orden para matar a mi hijo”, escribió en su publicación.

De acuerdo con el padre del joven político, la reciente rebaja de condena a alias Chipi representa un mensaje de impunidad que afecta a todas las familias de víctimas de la violencia política en Colombia.

“La reducción de la condena de alias ‘Chipi’ es un premio a la impunidad que alienta a los asesinos. Exigimos justicia para todas las víctimas”, manifestó en X.

El preacuerdo judicial y la reacción de la familia

Según la investigación, Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o “El Costeño”, coordinó el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, donde el senador resultó gravemente herido durante un evento de campaña.

El acuerdo, aprobado por una jueza penal de la capital, estableció para “Chipi” una condena de 26 años y tres meses de prisión, cifra significativamente menor a la pena máxima de 60 años que habría enfrentado en un juicio ordinario. Además, el preacuerdo incluyó una condena de 21 años y nueve meses para William Fernando González Cruz, alias El Hermano, señalado como cómplice y participante clave en la planeación del asesinato.

La Fiscalía imputó a ambos condenados delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores para la comisión de delitos. Es preciso recordar que, el autor material del asesinato fue un joven de 15 años, actualmente privado de la libertad.

“Es inaceptable”: la indignación de Uribe Londoño

La familia de Miguel Uribe Turbay ya había expresado su indignación por lo que consideran un trato injusto a los responsables del magnicidio. Miguel Uribe Londoño sostuvo que la rebaja de condena se concedió sin que alias Chipi haya brindado colaboración efectiva a la justicia:

“La Fiscalía había hecho un gran trabajo en la investigación y así lo he reconocido, pero en este punto se equivocó. No debieron aceptar ese acuerdo porque no colaboró con la justicia”, expresó el exaspirante presidencial.

Para el padre del dirigente asesinado, la investigación debe avanzar hasta establecer la cadena de mando completa y determinar quiénes ordenaron la ejecución del crimen. “Fue quien organizó este crimen y reclutó al menor que ejecutó el asesinato”, añadió.

Una investigación abierta y una familia inconforme

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sacudió a la sociedad colombiana y fue catalogado como un crimen imprescriptible. Las autoridades sostienen que el ataque fue orquestado por miembros de la estructura criminal conocida como Segunda Marquetalia, involucrando a varios actores armados.

Aunque la Fiscalía ha avanzado en la judicialización de coordinadores y autores materiales, la familia insiste en que aún falta esclarecer quién dio la orden de asesinar al exsenador.

Las indagaciones oficiales se mantienen activas para establecer si existieron móviles políticos adicionales o la participación de más cabecillas dentro de la organización criminal. Mientras tanto, la familia Uribe insiste en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede tratarse como un crimen común, sino como un hecho que atenta contra la democracia y la vida política de Colombia.