Estas serían las razones para tumbar la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, según el petrismo: “Es incompatible”

Aunque el Tribunal Superior de Bogotá negó cualquier iniciativa para negarle al presidente electo Abelardo de la Espriella llegar a la Casa de Nariño, en la mañana del lunes 6 de julio se conoció que el Consejo de Estado tendrá que resolver una nueva acción legal.

El abogado y exmagistrado Luis Guillermo Pérez confirmó al medio radial Blu Radio que la demanda fue radicada en la mañana del lunes con el objetivo de impedir la posesión prevista para el 7 de agosto y abrir la puerta a nuevas elecciones.

La demanda se fundamenta en cuatro cargos principales, que según su promotor, comprometen la legalidad y transparencia del proceso electoral. Entre ellos, la supuesta doble nacionalidad del presidente electo, la presunta injerencia extranjera en la campaña, el uso de un discurso estigmatizador y denuncias de irregularidades en el conteo de votos en el exterior.

El primer argumento es la doble nacionalidad de De La Espriella. De acuerdo con Pérez, el presidente electo mantiene la ciudadanía estadounidense, lo que según su interpretación constitucional, crea una incompatibilidad para ejercer la Jefatura del Estado colombiano.

“Resulta incompatible que un ciudadano estadounidense pretenda ejercer como jefe de Estado en Colombia”, sostuvo el exmagistrado en la entrevista radial.

El segundo cargo apunta a la supuesta intervención de actores extranjeros en la campaña. Pérez citó declaraciones del expresidente Donald Trump, quien habría asegurado haber facilitado la victoria de De La Espriella con su apoyo.

Además, el jurista recordó que el mandatario electo reconoció públicamente su cercanía con el Partido Republicano, lo que, en su opinión, debe ser examinado por el alto tribunal.

En cuanto a la financiación, mencionó versiones sobre la llegada de 10 millones de dólares para iglesias evangélicas durante la campaña, aunque admitió que hasta el momento tal afirmación carece de prueba y debe ser debidamente investigada.

Denuncias sobre el discurso y presuntas irregularidades electorales

El tercer argumento de la demanda se refiere al lenguaje de campaña. Pérez afirmó que en julio de 2025 interpuso una denuncia penal por amenazas, hostigamiento, instigación a delinquir y apología del genocidio, señalando expresiones como “el tigre y su manada” y referencias al “Arca de Noé” como símbolos de intimidación y violencia política.

El cuarto punto se enfoca en presuntas inconsistencias detectadas durante el escrutinio de los votos, con énfasis en las mesas instaladas en el exterior. Según Pérez, existen más de 100 mesas bajo revisión por cifras irregulares y cuestionó la falta de acceso a documentos electorales clave, como los formularios E-14 y E-11 durante la revisión de los votos fuera del país.

La demanda solicita que, como medida cautelar, se suspenda la posesión presidencial del 7 de agosto hasta que el Consejo de Estado resuelva los cuestionamientos de fondo. El exmagistrado advirtió que, aunque el candidato derrotado Iván Cepeda aceptó públicamente los resultados, cualquier ciudadano puede acudir a la justicia electoral si considera que hay irregularidades graves.

De este modo, la acción plantea que la presunta doble nacionalidad, la posible injerencia extranjera, el uso de discursos considerados intimidatorios y las dudas sobre el escrutinio constituyen motivos suficientes para que el máximo tribunal anule la elección y convoque una nueva jornada electoral.

La controversia sobre la elección de De La Espriella ha generado un debate nacional acerca de la transparencia de los procesos electorales y los límites de la participación ciudadana en la defensa del voto.

Los próximos días serán decisivos para conocer la postura del Consejo de Estado frente a una demanda que ya suma un amplio respaldo ciudadano y mantiene en vilo la agenda política del país.

Entretanto, el presidente electo continúa con su plan de empalme para tomar posesión del cargo a partir del 7 de agosto de 2026 mientras las autoridades no se pronuncien de fondo sobre las acciones en su contra.