La Justicia Especial de Paz (JEP) entregó a las familias de tres víctimas de desaparición forzada los restos recuperados en San José de Apartadó, en Antioquia, más de 25 años después de los hechos, en un avance del Caso 04 que también elevó a 28 los cuerpos restituidos por esa jurisdicción en la región de Urabá.
De acuerdo con la entidad, las entregas se realizaron el 12 de junio y completan diez restituciones dignas dentro de ese expediente en Urabá. Si se suman las practicadas en el Caso Conjunto 03-04 por los hallazgos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, la cifra regional llega a 28 víctimas, de acuerdo con la jurisdicción.
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Las personas identificadas fueron Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera víctima cuya identidad permanece en reserva por decisión judicial. Los tres habían desaparecido entre 2000 y 2001, durante el conflicto armado.
La localización de los restos fue posible gracias a datos entregados por antiguos integrantes de las extintas Farc en versiones voluntarias y diligencias judiciales del Caso 04, que investiga crímenes cometidos en la subregión de Urabá, a partir del reporte de la JEP.
La recuperación fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación. La identificación se estableció mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares.
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El primer hallazgo ocurrió el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, en San José de Apartadó. Allí se adelantaba una diligencia para establecer el paradero de otra persona desaparecida, pero los estudios permitieron determinar que las estructuras óseas correspondían a Humberto Palacios Palacios.
Palacios Palacios era un trabajador del campo dedicado al aserrío de madera. Había desaparecido el 19 de octubre de 2000 mientras trabajaba en una finca de San Pedro de Urabá, según informaron sus familiares.
Su hijo Juan Carlos Palacios Zúñiga lo recordó en declaraciones recogidas por El País de Cali: “Todo lo que hacía era por sus hijos. Haber encontrado a mi papá significa, en parte, un alivio. Uno no sana del todo porque queda mucho por averiguar, pero sí da ese fresquito de tener dónde ir a llevarle una rosa”.
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El segundo cuerpo fue recuperado el 1 de mayo de 2024 en el sector de Río Mariano, también en área rural de San José de Apartadó. Pese al avanzado deterioro de los restos, los análisis científicos confirmaron que pertenecían a Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001.
La tercera recuperación se realizó el 9 de julio de 2024 en la vereda La Linda, donde fue exhumado el cuerpo de una persona desaparecida forzosamente el 5 de septiembre de 2000, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
La Jurisdicción Especial para la Paz sostuvo que estas entregas representan un avance en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en Urabá. La entidad señaló además que el resultado refleja la importancia de los aportes de verdad hechos por excombatientes sometidos a ese tribunal para ubicar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
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JEP remitió a la justicia internacional el caso contra siete exmiembros del secretariado de las Farc por secuestro
La entidad, en cabeza del magistrado Eduardo Cifuentes, señaló que la decisión que afecta a los siete últimos excomandantes del Secretariado de las Farc acogidos al Acuerdo de Paz de 2016 ya fue comunicada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
La JEP presentó esta sentencia con el propósito de dejar constancia de las obligaciones del Estado colombiano de enjuiciar, sancionar y buscar la ejecución de fallos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La comunicación también incluyó otra sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa.
Los fallos ratificados el 1 de julio fueron remitidos a esas instancias para su conocimiento.Cifuentes afirmó que, cuando la JEP emite sanciones definitivas, el Estado queda obligado a garantizar su cumplimiento.
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