El congelamiento del gasto público desde el 7 de agosto de 2026 y la continuidad de los subsidios a poblaciones vulnerables marcarán la primera línea de acción de Miguel Gómez Martínez, recién designado ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella.
El economista indicó que revisará beneficiarios irregulares, partidas cuya ejecución no ha empezado y contratos de prestación de servicios, en medio de un diagnóstico de desequilibrio entre gastos e ingresos del Estado.
“La primera medida que vamos a tomar el 7 de agosto, a través de un decreto, es la del congelamiento del gasto”, expuso en entrevista con Semana, al describir unas finanzas públicas que, a su juicio, están fuera de control.
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El futuro ministro explicó que la decisión está ligada al desfase que han observado en las cuentas del Estado: “Entre enero y abril, el Estado está gastando 40 billones de pesos al mes, más de un billón de pesos al día. En contraste, está recibiendo alrededor de 28 billones de pesos”.
En esa misma respuesta explicó cómo se cubre la brecha y qué efecto ve en el mediano plazo. “La diferencia se cubre con deuda, lo cual nos lleva a la segunda crisis, y es la del crecimiento acelerado del endeudamiento. Comparativamente, implica que un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos”, agregó.
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Los gastos públicos que buscará congelar el Ministerio de Hacienda entrante
Cuando le preguntaron por el argumento de que el 93% del gasto es inflexible, Gómez Martínez reconoció esa restricción en términos generales, pero sostuvo que sí existe margen de maniobra. “Lo que sí puede hacer el Ministerio de Hacienda es tomar decisiones sobre todo aquello en lo que no haya comenzado la ejecución, de manera que ese gasto se pueda modular o inclusive congelar mientras se ordenan un poco las finanzas”.
Luego precisó el frente de revisión que plantea para las próximas semanas: “Estamos revisando los presupuestos de cada uno de los grandes sectores del Estado para identificar en dónde estamos a tiempo de hacer recortes. Eso es inevitable”.
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Subsidios intactos y revisión de contratos
Sobre el gasto social, el designado ministro trazó una línea que dijo que no piensa cruzar. “En eso sí debo ser claro: los subsidios no se van a tocar. Lo que sí queremos es revisar si hay colados”, expresó.
En ese mismo bloque, amplió su crítica a la contratación por prestación de servicios y citó cifras de la Contraloría General de la Nación. “La Contraloría General dijo que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos. Es una cifra impresionante, con un costo de 33 billones de pesos”, indicó al medio citado.
A partir de ese dato, Gómez Martínez planteó dudas sobre la destinación de esos contratos y anunció una revisión por carteras: “¿Cuántos de esos contratos son favores políticos? No sabemos porque hay absoluta opacidad. Cada ministro deberá revisar esas órdenes”.
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El diagnóstico fiscal que sustenta las medidas
El próximo titular de Hacienda enmarcó estas decisiones en un panorama más amplio del empalme y de la situación del Estado. “Lo que evidencian las estadísticas es que puede haber dificultades muchísimo más graves e, incluso, temas de corrupción muy complejos”, señaló.
Dadas las circunstancias, explicó por qué, a su juicio, el empalme requiere una estructura amplia y apoyo técnico especializado. Dijo que esa tarea abarca 34 entidades adscritas o vinculadas, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Grupo Bicentenario.
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Sobre los recursos ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gómez Martínez afirmó que “no es una deuda”. Según el entrevistado, ese apoyo busca facilitar el proceso de empalme y el trabajo técnico en las entidades del sector.
Al describir el momento fiscal, Gómez Martínez dijo que aceptó el cargo por la gravedad de lo que ve en las cifras. Hacia el cierre del diálogo, insistió en que la ayuda a los hogares vulnerables seguirá, aunque el nuevo gobierno revisará padrones o bases de datos oficiales y compromisos de gasto que considere irregulares.
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