Una grabación muestra cómo sujetos armados interceptaron el vehículo de tres miembros de la Dijín sobre la vía Cúcuta-Ocaña y los obligaron a subir a otras camionetas bajo amenazas - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados el lunes 17 de agosto de 2026 en el departamento de Norte de Santander.
Aunque el vehículo en el que se movilizaban fue pintado con grafitis que hacían alusión a las disidencias de las Farc, la inteligencia militar y de la Policía concluyó que una estructura del ELN sería la responsable del crimen, descartando la participación de las disidencias.
La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes aporten información que permita ubicar a los uniformados.
Secuestro en un corredor estratégico
El hecho ocurrió cerca de las 12:30 p. m., en la zona rural conocida como La Curva, jurisdicción del municipio de Bucarasica, sobre la vía que conecta Ocaña con Cúcuta.
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El mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, forman parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y estaban desplegados en la región, presuntamente, para investigar actividades de grupos armados ilegales.
Los uniformados transitaban en un Chevrolet Spark rojo, vestidos de civil, cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas. Según las autoridades, los agresores realizaron disparos de advertencia y obligaron a los policías a descender del vehículo. Posteriormente, los trasladaron en una de las camionetas, rumbo desconocido.
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El automóvil fue hallado abandonado con el vidrio trasero roto y grafitis que hacían referencia a las Farc-EP, hecho que orientó inicialmente la investigación hacia esa organización. Sin embargo, tras el análisis de inteligencia, la hipótesis principal se dirige hacia la estructura Camilo Torres del ELN, específicamente bajo el mando de alias Firulais y su jefe conocido como “Zorrito”.
Operativos de búsqueda y contexto regional
Tras el secuestro, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegaron unidades especializadas de inteligencia y análisis forense en la zona. Se busca establecer las rutas utilizadas por los secuestradores y verificar la autenticidad de las evidencias halladas, incluyendo un video clave que muestra el momento en el que los uniformados son interceptados por los captores.
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Es preciso mencionar que en el área operan tanto el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN como el frente 33 de las disidencias de las Farc, aunque ninguna organización ha reivindicado oficialmente el secuestro.
Las autoridades consideran que los grafitis en el vehículo podrían haber sido pintados como una maniobra de distracción para desviar las sospechas hacia las disidencias y proteger la identidad de los verdaderos responsables.
Reacciones oficiales y medidas
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el secuestro y ordenó el despliegue de todas las capacidades estatales para ubicar a los tres uniformados. A través de la red social X, el mandatario afirmó: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.
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De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, el secuestro tendría relación con la ofensiva reciente de la fuerza pública contra estructuras criminales en la región del Catatumbo y en Norte de Santander.
Es preciso recordar que la noche del 10 de agosto se realizó el primer bombardeo bajo el gobierno de De la Espriella contra posiciones del ELN en la frontera entre los municipios de Tibú y San Calixto. Ese ataque dejó dos presuntos insurgentes muertos y tres civiles heridos, según la Defensoría del Pueblo.
En un comunicado oficial, la entidad expresó: “Este hecho sería una retaliación por los golpes contra los grupos armados en el Catatumbo”. El jefe de la cartera, Jorge Eduardo Mora, reiteró: “No descansaremos hasta encontrarlos. Que les quede absolutamente claro: el Estado no se intimida, no se arrodilla y no retrocede.
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Por su parte, Luis Fernando Niño, alto consejero de paz de Norte de Santander, informó a Noticias Caracol que la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar a los responsables y lograr la liberación de los secuestrados.
El Ministerio de Defensa subrayó que el secuestro de funcionarios constituye una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y reiteró el llamado a la liberación inmediata de los cautivos.
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