Histórico reconocimiento de responsabilidad de un mayor general (r) por ‘falsos positivos’ ante la JEP: “Yo soy el máximo responsable”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo en Barranquilla, los días 30 de junio y 1 de julio, una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la que un mayor general (r), un brigadier general (r) y otros ocho militares retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en la región Caribe.

El momento central de la diligencia estuvo marcado por las palabras del mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, quien se convirtió en el oficial de más alto rango en reconocer responsabilidad ante la JEP por estos hechos. “Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?’. Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así”, expresó frente a las víctimas, los magistrados y el país.

Giraldo Restrepo comandó la Décima Brigada Blindada entre diciembre de 2004 y junio de 2006, periodo en el que, según la investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, se consolidó una de las etapas de mayor expansión del patrón criminal investigado dentro del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03.

Un reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas

Durante los dos días de audiencia comparecieron diez antiguos integrantes del Ejército Nacional ante más de 30 víctimas para aceptar su participación en un patrón criminal mediante el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre entre enero de 2002 y diciembre de 2008.

La investigación de la JEP determinó que entre las víctimas había 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

De acuerdo con los hallazgos de la Sala de Reconocimiento, durante la comandancia de Giraldo Restrepo, el 100% de las bajas reportadas por la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured), el 82% de las registradas por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Rondón y el 55% de las atribuidas al Batallón de Artillería No. 2 La Popa correspondieron a civiles asesinados y posteriormente presentados como combatientes muertos en operaciones militares.

Durante su intervención, el mayor general retirado también reconoció que permitió que las investigaciones disciplinarias adelantadas en ese momento no produjeran resultados efectivos. “Era como estar frente al juicio de Dios. Escuchar cada relato de cada uno de ustedes (las víctimas), causa demasiado impacto en el alma y en el espíritu. El dolor le llega al fondo del alma”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el proceso adelantado ante la JEP transformó su visión sobre los hechos. “Soy una persona diferente. A veces me dicen, ¿usted a quién le debe que sea diferente?, y les digo: a la JEP, que me aterrizó en la realidad, que me puso a tener demasiadas noches de insomnio y de autocrítica y auto percibirme qué fue lo que hice y qué dejé de hacer”, afirmó.

La JEP documentó una estructura criminal organizada

Según la investigación presentada por la Sala de Reconocimiento, los hechos no correspondieron a casos aislados, sino al funcionamiento de una macroestructura criminal organizada que operó en la región Caribe mediante presiones por resultados operacionales, incentivos institucionales y mecanismos de encubrimiento.

La investigación estableció que integrantes de 19 unidades militares recurrieron al señalamiento de civiles como integrantes de grupos armados ilegales, al engaño mediante falsas ofertas de empleo y a la captación de personas en condición de vulnerabilidad para asesinarlas y posteriormente reportarlas como bajas en combate.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó el alcance de la investigación. “Muy pocas investigaciones judiciales logran explicar un fenómeno criminal desde su génesis hasta su desarticulación. Este subcaso Costa Caribe lo consiguió. Y ese es uno de los principales aportes que hoy la JEP entrega a las víctimas, a la justicia y al país”, afirmó.

Durante la audiencia también reconoció responsabilidad el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez. “Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa’”, manifestó.

Posteriormente, agregó: “Estoy aquí para asumir mi responsabilidad, para llamar estos hechos por su nombre, para honrar la memoria de las víctimas, para contribuir a restablecer su dignidad y su buen nombre, y para pedirles perdón mirándoles a los ojos”.

Con estos reconocimientos, la JEP informó que ya son siete los generales retirados del Ejército Nacional que han reconocido públicamente responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes regiones del país.

Las víctimas reclamaron verdad y los comparecientes relataron cómo operó el patrón criminal

Las víctimas ocuparon un lugar central durante la audiencia, donde recordaron a sus familiares, describieron las afectaciones ocasionadas por los crímenes y solicitaron a los comparecientes un reconocimiento pleno de responsabilidad.

Yoleides Johanna Montaño Otero afirmó: “Hoy levantamos nuestra voz, como víctimas, ante los comparecientes del Batallón ‘La Popa’. No para pedir lástima, sino para exigir verdad, responsabilidad y dignidad”.

Por su parte, Nubia Rosalía Lozano de la Rosa sostuvo que “la verdad debe alcanzar a todas las víctimas, sin excepción”, mientras que Gilma Patricia Meza Sierra señaló que “el perdón es un acto de valentía y de grandeza humana”, antes de acercarse al mayor general Giraldo Restrepo para darle un abrazo como gesto simbólico.

Danna Carol Lobo Rivas aseguró que “esos generales, mayores y coroneles, máximos responsables, incitaron a los que hoy están aquí sentados mediante un lenguaje violento, en el que exigieron ‘ríos de sangre’”, mientras que Elizabeth Paola Posada Rodríguez expresó ante los comparecientes: “Hoy lo decimos aquí, en esta sala: los perdonamos”, luego de recordar quiénes eran sus familiares antes de ser asesinados.

Los militares también reconstruyeron el funcionamiento de la estructura criminal. Uno de los testimonios más detallados fue el del teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, quien aceptó haber participado en diez operaciones ficticias.

“Las transporté en vehículos, a veces incluso del mismo Ejército. Las llevé a lugares apartados y allí, en la mayoría de los casos, fui yo quien accionó el fusil contra ellas. No hubo combate, ni resistencia, mucho menos una situación de legítimo enfrentamiento”, declaró.

A su turno, el mayor (r) Julio César Parga Rivas manifestó: “Esto era una culturización de la muerte”, mientras que el coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que existía una presión constante por mostrar resultados operacionales y que la mayoría de las operaciones desarrolladas durante su mando terminaron siendo falsos positivos.

Como acto simbólico de reparación, tres de los comparecientes entregaron a la JEP medallas y condecoraciones obtenidas durante el periodo en que ocurrieron los crímenes, al considerar que esos reconocimientos estuvieron relacionados con los hechos por los cuales hoy aceptan responsabilidad.

La JEP informó que la audiencia de reconocimiento continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde comparecerán los diez militares que ya reconocieron responsabilidad en Barranquilla junto con otros quince oficiales y suboficiales retirados, entre ellos el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth.

La Sala de Reconocimiento evaluará la integralidad, suficiencia y utilidad de los aportes realizados por los comparecientes para determinar si cumplen las condiciones para ser remitidos al tribunal para la paz, instancia encargada de imponer las sanciones propias previstas en el Sistema Integral para la Paz.