Fiscalía presentó preacuerdo con implicado en el asesinato de Miguel Uribe: pactaron una pena en prisión de más de 11 años

En una audiencia llevada a cabo el 3 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo al que llegó con Cristian Camilo González Ardila, uno de los implicados en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en Bogotá.

El procesado habría tenido una tarea específica en el entramado: garantizar el escape del adolescente que disparó en contra del congresista del Centro Democrático. La víctima recibió tres disparos, de los cuales, al menos uno fue dirigido a su cabeza. Falleció el 11 de agosto de 2025, tras más de dos meses de hospitalización.

“El material de prueba recopilado y la información entregada en interrogatorios adelantados al procesado, establecieron que el rol de González Ardila tenía como propósito acudir al lugar de los hechos utilizando un medio motorizado, para que, una vez cometido el atentado, se garantizara la huida de la persona que habría sido contratada para cometer la acción contra el senador Uribe”, detalló la Fiscalía en un comunicado emitido en julio de 2025, cuando el investigado fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

González Ardila fue acusado formalmente en diciembre de 2025 por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

El preacuerdo con Cristian Camilo González

Durante la audiencia del 3 de julio de 2026, el ente acusador sustentó el preacuerdo al que llegó con el investigado, en el que se establece una pena pactada de 139 meses de prisión (más de 11 años) por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte de armas agravado, los cuales aceptó.

De acuerdo con la fiscal delegada, el preacuerdo en cuestión no altera “el núcleo fáctico” de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en su momento, cuando se dio inicio al proceso penal en su contra.

“Se reitera, sería condenado efectivamente por los hechos que le fueron imputados, excepto el agravante que por principio de legalidad la Fiscalía ha establecido que se eliminará y la denominación jurídica solo se acoge para efectos de extremos punitivos y para cumplir con los fines que el legislador estableció para este tipo de preacuerdos”, detalló la fiscal delegada.

Representante de víctimas pidió que se revise el preacuerdo

El representante de víctimas David Rincón, que integra la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, rechazó el preacuerdo expuesto por el ente acusador. Aseguró que la Fiscalía “partió del mínimo” para establecer la pena privativa de la libertad que debería cumplir González Ardila. A su juicio, la pena aumentó “muy poco”, hasta llegar a 134 meses de prisión, a los que se suman otros cinco meses por el delito de porte ilegal de armas.

El jurista solicitó que se analice la proporcionalidad del preacuerdo, teniendo en cuenta que hay dos agravantes que aplican en el caso.

“Esto está dentro del marco de la legalidad. No obstante, es mi deber, de forma muy respetuosa, solicitarle a usted que analice la proporcionalidad de esta pena. Estamos en el marco de un homicidio agravado, un homicidio agravado que, si bien se eliminó el conocimiento de que fue un servidor público, tiene dos agravantes propiamente”, detalló.

Los agravantes a los que se refirió son:

1. La existencia de una promesa remuneratoria por cumplir con el rol que le fue asignado: garantizar el escape del menor de edad que asesinó al congresista.
2. La condición de indefensión en la que se encontraba Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado, que fue perpetrado en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

De acuerdo con la revista Semana, la audiencia en la que se determinará si el preacuerdo es aceptado o no se llevará a cabo el 6 de agosto.